Más de 800 referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios gubernamentales, actores de la justicia, familiares víctimas de violencia institucional y público en general estuvieron en la presentación del Informe Anual 2017. El sistema de la crueldad XI. Entre las personas que acompañaron el acto realizado en el anexo del Senado estuvieron el procurador general de la provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, el director general de protección de DDHH de la Procuración Penitenciaria Nacional Ariel Cejas, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo Walter Martello; Cristina Gramajo y Silvia Rostito, dos de las 7 madres cuyos hijos fueron asesinados en la Comisaría 1° de Pergamino, entre muchos otros.

El masivo y plural acompañamiento es un nuevo reconocimiento a la labor de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como organismo de monitoreo y control de los lugares de encierro y políticas de seguridad. Labor que la CPM viene realizando desde hace más de 15 años con total compromiso e independencia de los gobiernos de turno.

Como sucede cada año, los datos expuestos en este informe deben interpelar directamente a las autoridades políticas y judiciales, que tienen la responsabilidad institucional de revertir la crítica situación del sistema penal. A más de 40 años del retorno de la democracia, la lucha contra la tortura, la violencia policial y la impunidad es una prioridad de la agenda de políticas públicas. En la actual coyuntura, este desafío debe transformarse en uno de los principales de nuestra sociedad porque la desaparición forzada de Santiago Maldonado, como todas aquellas acontecidas en la democracia, es su más dramática pero clara consecuencia.

“La Comisión viene trabajando desde hace años con las víctimas de la violencia institucional, porque el dolor que ellos sufren, los crímenes que ellos viven no pueden seguir sucediendo”, remarcó el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. Y agregó: “En particular, tenemos que pensar dos cuestiones fundamentales del encierro y las políticas de seguridad: por un lado, las condiciones de detención, la superpoblación y el hacinamiento y, por otro lado, la formación de las fuerzas de seguridad: ningún agente puede cumplir órdenes injustas ni debe convertirse en un agente de la represión contra su pueblo del cual forma parte”.

La emergencia en seguridad dictada por la nueva gestión tras su asunción confirmó una tendencia que se ha sostenido: el punitivismo y la mano dura como recetas para combatir el delito. Como la CPM expresó hasta el cansancio, estas recetas ya demostraron su fracaso.

La violencia institucional que se despliega de estas políticas criminales no se investiga y cuando hay juicios resultan en fallos absolutorios, a pesar de que existan pruebas contundentes. Es en la justicia donde este sistema se convalida. En ese sentido, el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil indicó que “es necesario avanzar en la policía judicial, en las fiscalías especializadas y la autonomía de la defensa; todas leyes que están en vigencia pero no se implementan. Y también es fundamental que se designe a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura; hay un proyecto de ley, aprobado por unanimidad en la comisión de derechos humanos del Senado provincial, que reconoce el trabajo de la Comisión como órgano de monitoreo y control de los lugares de encierro. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de 10 años”.

Frente a estas violaciones a los derechos humanos, las víctimas se organizan para transformar el dolor en lucha, para denunciar, para quebrar la impunidad, para intervenir en las discusiones públicas en materia de seguridad. Una muestra de esa capacidad de organización es la presencia en el acto de las organizaciones de la red de familiares de la CPM junto a organismos y colectivos que trabajan en derechos humanos en Mar del Plata, Partido de La Costa, Tigre, Pergamino, Ramallo, Tandil, Azul, Olavarría, Bahía Blanca, San Martín, Morón, Malvinas Argentinas, CABA, Magdalena, Lincoln, Ramallo, Punta Indio, La Matanza, Marcos Paz, Lomas de Zamora, General Rodríguez, San Nicolás, Moreno y Quilmes.

Además estuvieron presentes una gran cantidad de organismos de derechos humanos de toda la provincia: el colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, la mesa de la memoria de San Nicolás, la casa de la memoria de Ramallo, la comisión de memoria y justicia de Chacabuco, Linqueños por los derechos humanos, las secretarías de derechos humanos de Merlo, Morón, Mercedes, la comisión del sitio ex Pozo de Banfield, entre otros. También acompañaron el CELS, Gespydh, Innocent Project, el Foro provincial por la niñez, los mecanismos locales de Punta Indio Y Ramallo, y otras organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y sociales.

“Nos gustaría presentar un informe donde digamos que no se cometen más torturas en Argentina pero, lamentablemente, la situación es cada año más grave. Y tenemos que seguir acá luchando por otro Nunca Más”, expresó Nora Cortiñas, integrante de la CPM y Madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora. “No queremos la baja de la edad de imputabilidad y queremos que el Estado responda por la desaparición de Santiago Maldonado”, cerró Nora.

El sistema de la crueldad, cada vez más

La mesa que presentó los datos del XI Sistema de la crueldad estuvo integrada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, su secretario coordinador de la mesa ejecutiva Roberto Cipriano García, la integrante del organismo y madre de Plaza de Mayo—Línea Fundadora Nora Cortiñas, y Cristina Gramajo y Silvia Rosito, madres de dos de los siete jóvenes muertos el 2 de marzo pasado en la Masacre de Magdalena. La mesa fue coordinada por la directora general de la CPM Sandra Raggio. El vicepresidente Mauricio Tenembaum y los miembros Susana Méndez, Yamila Zavala Rodríguez, Víctor De Gennaro y Ernesto Alonso también acompañaron la presentación desde el escenario.

“Hace 15 años, la CPM creó el Comité contra la tortura porque entendimos que la memoria tenía que vincularse con la defensa de los derechos humanos hoy. Cada informe tiene ese compromiso y está construido con el trabajo en el territorio y con la voz y la verdad de las víctimas de este sistema penal”, mencionó Sandra Raggio al abrir la mesa de presentación.

A diciembre de 2016 había 38.681 personas encarceladas en la Provincia; siete meses después, ese número asciende a 41.729. La tasa de prisionización de 245 detenidos cada 100.000 personas, es la más alta de los últimos 20 años y supera la tasa nacional de 169 cada 100.000 y la tasa mundial de 144 detenidos cada 100.000 personas. En las unidades penitenciarias, la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015.

A su vez, el sobre-encarcelamiento alcanzó su máxima expresión en las comisarías. En las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 3.010 detenidos, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. La expresión más grave de este deterioro institucional tuvo lugar el pasado 2 de marzo cuando siete jóvenes murieron asfixiados y quemados en la Comisaría 1ª de Pergamino.

“El testimonio de los sobrevivientes desmintieron desde el primer momento la versión de la Masacre de Pergamino que quiso imponer la Policía. “Los seis agentes policiales desoyeron los llamados de auxilio. Pudieron evitar o apagar el fuego pero no lo hicieron”, señaló Cristina Gramajo. “La comisaría 1ª de Pergamino tiene historia: allí operó un CCD durante la última dictadura militar; esta historia de 41 años atrás siguió ocurriendo en silencio. En la masacre del 2 de marzo, el Estado volvió a actuar de manera brutal”, agregó Silvia Rosito.

En esa línea, el secretario de la CPM Roberto Cipriano García señaló: “El Estado repite viejos crímenes y violaciones a los derechos humanos sin ninguna repercusión para la gestión. Hoy se está juzgando, 12 años después, un hecho de similares características ocurrido en 2005 en la unidad 28 de Magdalena donde murieron 33 pibes sin consecuencias para los funcionarios políticos. La justicia no puede convalidar estas violaciones a los derechos humanos no sólo porque estos hechos no deben quedar impunes sino porque, mientras no existan condenas, estos hechos seguirán ocurriendo”.

Durante el 2016, la CPM registró 16.403 hechos de tortura y/o malos tratos, padecidos por 3.054 víctimas, es decir un promedio de cinco por víctimas. “El superpoblación, hacinamiento y la práctica sistemática de la tortura se administran como una forma de gobierno del Servicio Penitenciario Bonaerense en las cárceles; en ese sentido, la anunciada reforma penitenciaria no dice cómo va a revertir el sobre-encarcelamiento ni cómo prevenir la tortura”, concluyó Cipriano García.

En este último año también se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del estado o víctimas del uso letal de la fuerza pública: 156 de esas muertes fueron en cárceles; es decir, más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; 1 en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad y el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes.

El Informe XI del sistema de la crueldad muestra una vez más lo que pasa en las opacidades de un sistema penal que oculta la muerte, la tortura y el abandono de miles de personas y sus familias. Y es, fundamentalmente, un aporte para la necesaria transformación del sistema penal y la democratización de las fuerzas de seguridad y penitenciarias.

“A pesar del reconocimiento que se hizo de esta crítica situación por parte de la nueva gestión, la primera respuesta fue la consolidación de las políticas represivas: las emergencias en seguridad sólo sirven para profundizar la crisis que dice atacar y para que las fuerzas policiales actúen sin la intervención de la justicia”, concluyó Roberto Cipriano García.

En ese marco, la CPM vuelve a reiterar la necesidad de avanzar en reformas estructurales claves para comenzar a desmontar este sistema penal que viola los derechos humanos: la policía judicial (ley 14.424, pendiente desde el 2012), las fiscalías especializadas para la investigación de la violencia institucional (ley 14.687, pendiente desde el 2014), la autonomía de la defensa pública (ley 14.442, pendiente desde el 2012) y, finalmente, la implementación legal y reconocimiento de la CPM como mecanismo provincial de prevención de la tortura, que implica avanzar en el proyecto de ley que ya fue aprobado por unanimidad por todos los bloques de la comisión de Derechos Humanos del Senado provincial.