-¿Este “descuento solidario” con los echados de la fuerza era compulsivo?
-Prácticamente sí, porque aquél que no quería que se le descuente tenía que ir por Administración a solicitar que no prestaba conformidad.
-Suponiendo que no aceptaba quedaba escrachado ante sus superiores, es decir “entrás por las buenas o entrás por las malas”.
-Absolutamente. Quedaba escrachado quién era el que no quería colaborar con la Fuerza. La verdad es que nos parece un acto vergonzoso porque hay una investigación judicial donde hay un montón de penitenciarios imputados. Y que esas personas acusadas en causas penales estén siendo apañadas por las actuales fuerzas de seguridad es un acto oprobioso que además la justicia debería investigar a otro ritmo.
-Fue claramente una decisión de las más altas autoridades de la Fuerza, ¿no?
-Entendemos que sí. Porque no creemos que sea algo exclusivo del Servicio Penitenciario del Complejo I, o del Jefe de Administración del mismo. De hecho, los altos funcionarios del SPF se han enterado de esto y no tomaron cartas en el asunto. Si no tomaron cartas en el asunto es porque hay una expresa autorización para esto.
-Este hecho me recuerda a cuando León Arslanian, uno de los jueces que participó del juicio a las Juntas, descabezó varias cúpulas de la Policía Bonaerense bajo el gobierno de Solá, en los ‘90. Y pasó algo similar: se formaron los “sin gorra”, tenían un descuento por planilla y finalmente éstos hacían el trabajo, aún más sucio que los que estaban en actividad. Entonces, ¿qué solución visualizan ustedes frente a lo que se grita en las calles “no es un policía es toda la institución?
-Los cambios se hacen con una decisión política de verdad. Si no, seguimos haciendo fulbito para la tribuna. Si realmente tenemos una intención de modificaciones estructurales en una política penitenciaria, no se pueden tomar medidas espasmódicas para una gestión y después cambiarlas en la siguiente. Si uno tiene una intención de cambio real, tiene que ser muy firme con aquellos funcionarios corruptos o que torturan, hay sacarlos de una vez por todas de la fuerza de seguridad. El hecho de que la gestión anterior haya por ejemplo quitado la defensa a los penitenciarios que han participado de causas por apremios ilegales o torturas es valorable, pero hay que tener en cuenta también de que no se les cubra esa defensa mediante un estudio jurídico. Así que habría que estar muy atentos a que esta medida continúe en el tiempo y no vuelvan a implementarse vieja prácticas.
-¿Vos creés que los reclamos de distintos sectores de desmilitarizar esta fuerza, de abrir estos cotos cerrados a la sociedad, son posibles de implementar inmediatamente? Porque estas situaciones suceden también porque la cárcel es un coto cerrado. Por darte un ejemplo, la compañera Gladys Rodríguez, de Zainuco, murió sin poder entrar a la Unidad 9 de Neuquén.
-Es una vergüenza que a Gladys, una luchadora de tantos años en los derechos humanos, no se le haya permitido su ingreso a esa cárcel con varios gobiernos democráticos en la provincia de Neuquén. Por supuesto que medidas como la desmilitarización del Servicio Penitenciario, como el estudio de los sumarios administrativos fuera de la órbita del Servicio Penitenciario son medidas que civilizan a las fuerzas de seguridad y son medidas que habría que tomar con carácter de urgente. Hay proyectos legislativos en este sentido, que evidencian lo que te hablaba anteriormente: la falta de intención política. Porque estos proyectos nunca fueron tratados, ni siquiera en Comisión. Y fueron estudiados por un amplio sector de varios partidos, varias organizaciones de DDHH se estuvieron reuniendo durante casi un año para presentar ese proyecto de desmilitarización del Servicio Penitenciario. Si las organizaciones de DDHH pudieran ingresar a las cárceles a auditar, no digo que no habría torturas, pero sí se puede prevenir actos de tortura y también se puede visibilizar aún más la cárcel. Cuando mayores organismos de control ingresen a la prisión va a dejar de ser un lugar de impunidad.
-En el proyecto que referís, participaron muchachos del Centro Universitario Devoto, ¿no?
-Sí, participaron estudiantes y ex estudiantes del Centro Universitario Devoto y familiares de detenidos. Además, y esto es muy importante, aportaron organizaciones civiles que venían trabajando durante mucho tiempo en establecimientos penitenciarios, fueron también escuchados por la comisión que estaba trabajando en este proyecto. Bueno, este proyecto nunca fue tenido en cuenta para su debate en comisión y mucho menos en recinto. Te habla claramente de una falta de intención política.
Diversas investigaciones –no sólo de la Agencia Walsh o Correpi, dan cuenta de que la dictadura nunca se fue de las cárceles, ni de los barrio más pobres. De que es el ámbito donde muere más gente –y donde no debería morir nadie-, donde hay torturas medievales, donde, una semana matan a Matías Cejas y la siguiente a Mario Ortiz porque fue testigo o sabía algo del crimen anterior, donde el padre de La China Cuellar fue apaleado y secuestrado tras el asesinato de su hija…
Hay un ejemplo que es muy gráfico: El Servicio Penitenciario es la única de todas las fuerzas de seguridad que no hizo una purga ni autocrítica en democracia, una purga de la cantidad de penitenciarios que participaron en todos los años de dictadura. Esto, obviamente, acompaña toda una política de represión, de una cultura del golpe y de la impunidad. Uno de los lugares más impunes que hay son las cárceles, lugares donde el autoritarismo reina y donde nunca, ningún gobierno democrático, ha tenido una intención fuerte –salvo casos esporádicos- de civilizar esta fuerza de seguridad. Y no sólo civilizar a partir de un Director civil, sino de directores civiles en todas las cárceles y que áreas como Educación y Salud estén a cargo de civiles. El contacto permanente con los privados de libertad tiene que ser de civiles.
-Existe un reclamo de que los juzgados de Ejecución, que están lejos del lugar a donde se tortura a las personas, funcionen dentro de las cárceles. ¿Cuál es tu visión?
-En mi opinión, no sería bueno que haya juzgados o funcionarios judiciales dentro de las cárceles porque se podrían llegar a mimetizar con algunas costumbres de las fuerzas de seguridad. Tiene que ser gente con mucha experiencia y con mucha militancia, si se quiere, en Derechos Humanos, de modo que no sea permeable a esta mimetización. Sí, debería haber muchísimos más funcionarios judiciales que puedan visitar e ingresar a las unidades carcelarias. No puede ser que un juez de Ejecución tenga que llevar la ejecución de la pena, desde la Capital, a personas que están en La Pampa, en Rawson, en el Chaco, etcétera. Eso es inadmisible. Con lo cual debería haber Secretarios que sí estén en cada una de las provincias cerca de las Unidades, pero yo considero que no dentro de la cárcel sino en los poderes judiciales dentro de cada jurisdicción.
-Las cifras de muertes en las cárceles son espeluznantes, nuestra investigación nos da una muerte cada 37 horas
-Nosotros nunca habíamos visto en más de doce años de gestión tantas muertes, tantos “suicidios” en prisión como en los últimos cinco años. Y lo que es aún peor, tantos “suicidios” en las cárceles de mujeres y lo digo como entre comillas, porque suicidio es como están caratuladas estas muertes, después se investiga, pero siempre hay una responsabilidad estatal, haya o no haya sido un suicidio. Es muy raro que en los últimos años haya habido una tasa tan alta de suicidios por ejemplo en el Complejo Federal 4 (Ex Unidad 3 de mujeres) y la cantidad de droga que se está ingresando en la cárcel no es producto del ingreso de los familiares. La cantidad de droga que ingresa en las cárceles es también producto de la connivencia penitenciaria.
-¿Se cumple la ley o disposición que establece que el SPF tiene que informar sobre cada muerte?
-Sí, por ahora se sigue cumpliendo. También hay una Comisión de seguimiento carcelario que está integrada por varios organismos y que coordina el presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, que ha realizado una recomendación a todos los jueces, que deben investigar todas las causas de fallecimiento, las violentas y también las no violentas, que son las que hasta ahora no se investigan. Y también le recomendó al Director del Servicio Penitenciario que debe notificar inmediatamente, dentro de las primeras 24 horas, a todas las partes de cada fallecimiento.
-Las leyes, aún las que se lograron con esfuerzo popular, jamás se cumplen sino se pelea por ellas. Están en la letra pero no se cumplen. Me pregunto ¿si en las cárceles remotas del interior, podemos tener certeza de la cantidad de muertos que existen? No sólo en los penales federales, sino también en estas unidades lejanas que son verdaderos agujeros negros
-No, por supuesto que no podemos tener esta certeza. Gracias a los esfuerzos de algunos organismos de Derechos Humanos podemos tener mayor conocimiento de algunas muertes. Deberíamos generar más organismos de control. La verdad es que hay una cifra negra que se desconoce, por eso fue muy importante la investigación de la Agencia Walsh y de la Correpi. Como así también el estudio de Abel Córdoba. No había hasta el momento una cifra tan clara de la cantidad de muertes por hora en los sistemas carcelarios. Se impone la tarea de visibilizar e impedir más sacrificios humanos. Hablo de tomar medidas urgentes porque por más abolicionista que seas no podés sentarte a esperar la desaparición de las cárceles. Hay vidas en juego todos los días.
Oscar Castelnovo