Son los hippies rubios de El Bolsón. Santiago, “Brujo” o “Lechu” como lo llaman, se juntó el domingo 30 de julio con su amigo Ariel y le anticipó que pensaba ir de visita a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, de Cushamen. Su estado de salud no mostraba indicio alguno de haber sido apuñalado. Cinco días más tarde Ariel preocupado por la ausencia de su amigo lo llamó al celular, alguien atendió sin responder durante 22 segundos y la comunicación se interrumpió. Así lo declaró este joven ante el juez federal Guido Otranto en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Los mapuches a los que iba a ver lo conocían y por eso reconocieron que era a él a quien agarraron los gendarmes la mañana del 1 de agosto durante el operativo represivo en esa comunidad, lo golpearon y lo metieron en una camioneta Unimog. Santiago había hablado con su mamá, Stella Peloso, el jueves 27 y si hubiera estado lastimado ella lo habría sabido. Mientras usinas oficiales alimentan el foco mediático con una versión que exculpa a la Gendarmería, la principal hipótesis respecto a la responsabilidad de esa fuerza sigue siendo, tal como sucede sistemáticamente en las investigaciones por desapariciones de personas en democracia, la más descuidada por parte de la justicia. De hecho, la fiscalía federal aún no se pronunció sobre el pedido de la abogada de la familia para cambiar la carátula de NN, averiguación de paradero por la de desaparición forzada de persona. Los nombres de los 130 gendarmes que entraron a la comunidad disparando balas de goma ingresaron al expediente que instruye la justicia federal recién hace dos días, pero el abogado de esa fuerza de seguridad ya tiene copias para ir armando la defensa porque, inexplicablemente, el juez federal Guido Otranto los aceptó como parte en la causa.

“Santiago es vegetariano, un pibe pacífico, en la feria de El Bolsón lo conocen todos, tirar esto de un posible apuñalado es muy bajo pero ya podemos esperar que digan cualquier cosa”, define su hermano Sergio, con un tono que ya denota más cansancio que indignación.

A tres semanas desde la última vez que fue visto Santiago Maldonado, una a una fueron cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen la pesquisa, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había hostigado y detenido a tres mujeres de la comunidad, que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero con testimonios y la denuncia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) de Esquel.

No funcionaron el video trucho de Entre Ríos y los barrios enteros donde todos usaban barba y rastas. Ahora fueron por el desvío, que, paradójicamente, podría llevar a la punta del ovillo de un armado previo: el incendio de un puesto en Epuyén supuestamente por parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el cual Maldonado podría haber sido herido con un puñal. ¿Basado en qué? Nadie se atendió en los hospitales de la zona y una de las líneas celulares de Santiago se habría activado ese día en Epuyen. ¿Santiago se desangró en el desierto?

En este punto una parte de los investigadores se pregunta: ¿La familia, los amigos y las constancias del expediente son acaso menos creíbles que las conjeturas oficiales respecto a que Maldonado habría sido víctima de un puestero de la zona que se defendió cuando un grupo pro-mapuche lo atacó? Esa “hipótesis” lanzada por la secretaría de Seguridad ningunea el relato de la familia y los amigos de Santiago, como si no hubiera una larga historia de víctimas silenciadas.

PáginaI12 tuvo acceso a partes de los expedientes judiciales y reconstruyó los hechos a partir de fuentes judiciales, peritos, las querellas y la familia. Los investigadores coincidieron en que la justicia hizo medidas básicas, pero destacaron que “luego de siete días todo se hace tarde y mal”. Y agregaron que “esta demora es lo habitual en los casos de violencia institucional por lo cual es inevitable trazar similitudes con anteriores desapariciones en democracia. Es un mismo patrón, demorar las medidas preliminares lo cual concede una ventana de tiempo a la fuerza sospechada, y luego lanzar versiones distractivas, como fue el hallazgo de un cadáver NN en Punta Lara a pocos días de la desaparición del testigo Jorge Julio López”.

Miente, miente que algo quedará
Ariel había presentado un habeas corpus preventivo porque desde enero la policía de El Bolsón lo sometía a un permanente hostigamiento. Había sido detenido junto a uno de los hermanos de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad Pu Lof Resistencia Cushamen preso en Bariloche y en huelga de hambre, luego de la feroz represión a los mapuches que reclaman su derecho a una parte de las tierras de la estancia del empresario Luciano Benetton. Cuando esta semana escuchó por televisión a la ministra Patricia Bullrich decir su nombre completo y su dirección durante la audiencia en el Senado llamó preocupado a su abogada. Se suponía que sería protegido dado que es uno de los testigos de identidad reservada del caso Maldonado.

El buzo. “Ni de casualidad estuvo Santiago en ese hecho de Epuyén, Ariel es su amigo, habló con él ese fin de semana y estaba perfecto de salud. Son amigos, los hippies del pueblo pero a Ariel lo persiguen como a los mapuches porque los apoya. Es él quien aporta el buzo de Santiago para que los perros busquen rastros, no es de otra persona como dicen por ahí”, dijo Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, a PáginaI12. “Dicen por ahí” que esa prenda la habría proporcionado la comunidad mapuche para “sembrar evidencia falsa”. El rastro de Maldonado lo siguen los canes en base al olor de una gorra y un cuello polar encontrados donde fue golpeado, según los testigos que así lo declararon ante el juez.

Celulares. “Tenía tres, y como uno es de Chile fue suficiente para generar la suspicacia de sus nexos internacionales. Es todo un delirio. Hay actividad de llamadas hasta el 21 en uno de los aparatos y hasta el 27 en otro, pero además en el que está registrado en Chile se recibe la llamada de su amigo Ariel el día 4 de agosto”, agregó la letrada en diálogo con este diario desde Esquel. “Hay un teléfono que tenía un chip de Chile porque había estado ahí, y después había otro con otro número que no se si sería de él o no, pero lo usaba para sus tareas de tatuajes y figura en los folletos que repartía”, describió Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

¿Plomo?. En la causa están siendo sometidas a pericias las municiones de goma que aparecieron en la escena. Pero según dos fuentes los gendarmes también tiraron con balas de plomo, lo cual consta en una causa diferente contra Gendarmería por “hostigamiento”, iniciada por las dos mujeres de la comunidad que fueron detenidas en el operativo represivo.

Gendarmes. Según el expediente hubo dos gendarmes mujeres heridas. Aún resulta incomprobable para las fuentes saber a qué se deben las amenazas que estaría recibiendo el jefe del escuadrón de Esquel Fabián Méndez.

Es falso que la Gendarmería actuó “de oficio” por la flagrancia del delito de arrojar piedras con “hondas boleadoras”. Esta es la línea de tiempo de los hechos:

31 de julio

–13.00: Seis gendarmes informan que hay siete vehículos detenidos por el corte de la ruta nacional 40.

–19.20: En presencia del comandante Fabián Méndez “se hacen fotografías y filmaciones por ser zona despoblada sin testigos”.

1 de agosto

–3.30: Personal del escuadrón 35 El Bolsón apoyado por personal del 36 Esquel aprovechando (sic) que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta procedieron a desarmar cuatro barricadas compuestas por palos, árboles cortados, piedras y chatarras distribuidas estratégicamente.

–5.00: Labran el acta ante la ausencia de manifestantes no hubo enfrentamientos con personal uniformado. Una vez despejada la ruta en cumplimiento de la orden judicial se informó lo actuado al magistrado interviniente telefónicamente.

–9.00: El 1er alferez Daniel Gómez observa un vehículo gris que ingresa por un camino ubicado al margen de la ruta a la construcción ubicada a 400 metros.

–10.30: Observan egresar al vehículo y ordena a un vehículo oficial realizar un seguimiento controlado. Lo detienen e identifican a sus ocupantes, entre ellos la testigo Soraya. Luego los liberan pero sujetos a la causa 3144/2017 NN s/entorpecimiento de servicios públicos”. Se hacen tomas fotográficas y videos de rigor.

–11.15: En cumplimiento del oficio 972/2017 se procedió al despeje del corredor antes mencionado. Entre 8 y 10 personas se encontraban obstruyendo la normal circulación encapuchadas ostentando piedras que lanzan al personal de Gendarmería.

–13.30: Escuadrón 35 ingresan a través de la tranquera a fin de proceder a la aprehensión de los agresores.

Esta cronología da cuenta de que la comunicación con el juez Otranto no se produce luego de la pedrada con que los mapuches intentaron resistir el desalojo de la ruta, como sostuvo la ministra Bullricj, sino varias horas antes de la misma. Y omite detalle alguno sobre Santiago Maldonado. Su nombre recién aparece a fojas 1, en la denuncia de Julio Saquero, de la Apdh de Esquel, y en la declaración de una testigo de la comunidad ante el defensor oficial Fernando Machado.

A diferencia del escueto relato de los uniformados, la mujer describió que ingresaron al territorio en medio de disparos, empujando a sus hijos y quemando las carpas y pertenencias de los mapuches. “Búsquenlos”, era el grito que repetían. “Uno de los integrantes del Lof vio cuando se llevaban detenido al compa Santiago Peloso (apellido materno del desaparecido)”, dijo la testigo. Su mayor preocupación era evitar los efectos traumáticos de lo que habían vivido esa mañana en sus hijos, porque afirmó que “episodios de violencia son frecuentes”. Y aportó tres vainas servidas antimotín de 70 milímetros, y una sin percutar. Por su parte, Saquero ante el defensor Machado declaró que el ciudadano Santiago Peloso estaba presente durante el procedimiento de la Gendarmería para desalojar la ruta 40, “de quien no se tienen más datos ni contacto alguno”, y que luego de verificar que no estuviera detenido en ninguna comisaría dejaba constancia de que se encontraba desaparecido. Una semana más tarde, a fojas 44 la fiscal federal subrogante Avalos pide a Gendarmería el detalle del personal y vehículos que intervinieron en la represión, así como solicita al juez el audio de una entrevista al subsecretario de Seguridad Pablo Nocetti.

Según figura en el listado de medidas adoptadas en la causa hasta el 14 de agosto, el juez solicitó a la División Rastros de la Policía Federal que determine si las huellas encontradas en el allanamiento de la vivienda donde paraba Santiago en El Bolsón pertenecen a él. A dos semanas del hecho, Otranto volvió a pedir el listado de quienes participaron del procedimiento represivo y la lista de vehículos utilizados “en el término improrrogable de 24 horas”. Gendarmería se tomó 72 horas para entregar, finalmente, los 130 nombres. El juez toma nota de las pruebas que le aporta el defensor oficial sobre el lavado de las camionetas y la rotura de una de las fajas de seguridad, pero lo único que hace al respecto es “requerir los datos de la persona que hizo entrega de los mismos”.

Encubrir desde el minuto cero: episodio Epuyén.
“Gendarmería le responde a la fiscal que participaron del operativo sólo ocho gendarmes, de los cuales cuatro son mujeres, y a partir de ese momento comprendí que esa fuerza es la responsable acá, ocultaron desde el minuto cero”, se indigna Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. PáginaI12 le había preguntado sobre cuál de todas las pruebas recogidas hasta ahora es la más contundente sobre el destino que pudo haber tenido el joven artista. Sin abrir especulaciones sobre los resultados de los peritajes de las muestras de sangre y cabellos halladas en los sucesivos allanamientos en el lugar y en el escuadrón 35 de Esquel, la letrada sí ponderó los testimonios. “Son contundentes y precisos, un testigo ve que Santiago no cruza el río, que lo agarran los gendarmes y lo golpean y una testigo observa cómo lo suben primero al Unimog, y luego lo pasan a una camioneta”, resume.

En el mismo escrito donde la abogada Heredia le pidió a la fiscal el cambio de calificación –tal como corresponde en estos casos según lo que había dispuesto la Procuradora General Alejandra Gils Carbó en el caso de la desaparición de Sergio Ávalos– consta una “oposición” que dio la primera señal de alerta. La letrada tuvo sospechas de que la muestra de sangre de Sergio Maldonado iba a ser cotejada en otro expediente penal y manifestó que como representante de la familia se oponía a que esa prueba fuera utilizada en otra investigación que no fuera la vinculada a la desaparición de Santiago.

Pocos días después, casualmente, estalla la versión del puestero –o más bien capataz del puesto de Benetton en Epuyén– apuñalando a uno de sus atacantes, quien según el gobierno podría ser el joven desaparecido. El círculo podría cerrarse con otra medida ad hoc: la solicitud del contenido de la historia clínica de Maldonado que fue requerido al hospital local. Si bien el incendio del puesto de Epuyén existió, como así su derivada causa penal, y tuvo mucho impacto en los pobladores de la zona, algunas voces dudan que haya sido obra de la RAM. En una entrevista de La Izquierda Diario, la madre de Facundo Jones Huala, el lonko de la comunidad mapuche de Cushamen detenido y en huelga de hambre, dijo que “muchos pueden tener miedo a quedar pegados porque se comieron el cuento de la RAM. Hoy leía una noticia sobre gente de Cholila que quedó sin trabajo y salió a hacer un corte de ruta y ya salieron a decir que era la RAM la que cortaba. Van quedando claras algunas cosas. ¿Quién es la RAM, los mapuches o los milicos?”.

A confesión de parte
El juez federal Guido Otranto declaró a una radio local que él “no afirma ni niega” que la Gendarmería sea la principal responsable de la desaparición de Santiago Maldonado. Sin embargo, según consta en su pedido a Interpol del 9 de agosto para requerir el “paradero internacional” del joven, el magistrado le dijo al jefe de esa fuerza que “el señor Maldonado fue visto por última vez en el Lof en Resistencia de Cushamen en instancias en que integraba un grupo de personas que eran perseguidas por personal de la Gendarmería Nacional luego de ser sorprendidos intentando cortar la circulación en la ruta nacional 40”. Perseguir como sinónimo de reprimir, dice el juez, en una cabal admisión de los hechos que se contradice con la parsimonia con que actúa respecto de esa fuerza de seguridad, al punto que autorizó que la misma tenga acceso al expediente, y siendo que la parte que investiga la fiscalía respecto de la desaparición forzada de Maldonado se encuentra bajo secreto de sumario. “Ya sucedió otras veces, el secreto es para la parte que representamos a la víctima”, se quejó la abogada Verónica Heredia.

Derechos ancestrales
“El criterio soy yo”, respondió el juez Otranto a los mapuches y a los militantes de derechos humanos que le pedían tiempo para consensuar los términos del ingreso al territorio, tal como establecen las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, incorporadas a la Constitución Nacional en 1994. Es el mismo magistrado que cincuenta y tres días antes de la desaparición de Maldonado informaba a la prensa que había archivado una denuncia contra Ricardo Parisi, el concejal de Cambiemos en Esquel quien, el miércoles 12 de abril de 2017 en una sesión del Concejo Deliberante local había proferido brutales insultos racistas y discriminatorios contra los mapuches. El concejal Parisi había afirmado a los gritos: “ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche”. Semejante afirmación iba dirigida a un grupo de mujeres del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEME) de Esquel y del Consejo Municipal de la Mujer.

Como si hubiera dicho “el Estado soy yo”, Otranto y los gendarmes no respetaron lo acordado en cuanto a no pisar los sitios que los mapuches consideran intocables. Dijo esta semana Julio Saquero a Página12: “Así es acá, donde viven estos mismos funcionarios y lo saben, pero parece que el poder judicial no está a la altura de lo que establecen las leyes internacionales por eso en lugar de darles protección han sido históricamente la herramienta para atacarlos”. Todo indica el Legislativo tampoco estuvo a la altura porque a la ministra Bullrich nadie le mencionó las normas que protegen el territorio mapuche cuando insistió en que “no colaboran” con la investigacióm.

Epílogo
Las autoridades judiciales y políticas ignoran, descalifican o tergiversan los dichos de la familia y los amigos del “hippie” Maldonado, del mismo modo que cuando desapareció Jorge Julio López insistían con que podía ser “un viejito perdido que se fue a tomar el té a la casa de su tía”. Una vez más, ¿quién da verosimilitud a los hechos que van apareciendo, las interpretaciones del gobierno y algunos medios o quienes los recogen, abogados, fiscales, defensores, familiares y organismos ddhh?

El conjunto de operaciones sobre el expediente y en los medios, además de las afirmaciones públicas de los funcionarios macristas no podrían definirse de otra manera que como una gran farsa orientada a poner un velo sobre un nuevo episodio trágico que se suma a las 200 desapariciones sucedidas bajo gobiernos democráticos, según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sin embargo, Maldonado es el primero en ser desaparecido en circunstancias de la represión a una protesta social.

¿Cómo desarticular una farsa? La causa está desdoblada, el juez Otranto se quedó con el trámite de los tres habeas corpus iniciales, y en sus manos no hay nada sobre el episodio de Epuyén. La investigación por el delito de desaparición forzada está delegada en la fiscalía de Alejandra Avalos, quien decretó el secreto de sumario. Entonces, las “versiones” sólo pueden surgir de fuentes oficiales o de la propia fiscalía que rompe su medida.

Como quien ajusta la lente de una cámara fotográfica, para tomar dimensión de los niveles a los que puede alcanzar el encubrimiento y la impunidad en Chubut, cabe recordar que durante el caso por la desaparición de Iván Torres, por el cual fue condenado el Estado argentino por parte del Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, murieron siete personas, entre testigos y amigos de la víctima.

Germán Maldonado dijo frente al Congreso que Santiago, egresado de Bellas Artes, era artista y músico, que escribía y amaba viajar. Pero Maldonado es llamado “tatuador”, “artesano” o directamente “activista de la RAM” de rastas largas, que vivía en comunidad y leía bibliografía “revolucionaria” a favor de la causa mapuche, por quienes no escuchan a la familia sino al gobierno. “Bullrich no nos pidió disculpas por no haberlo ubicado con vida”, dijo Sergio Maldonado a Página12 desde Bariloche. “Lo del puestero es una payasada lo que dicen del puestero para desviar todo, el último día que habló con mi vieja fue el 27, y está en el listado de llamadas del teléfono con el que hablaba con ella y mi abuela”, enfatizó. Y agregó: “Lo único que falta es que saquen un cuchillo ensangrentado, que lo hayan tenido guardado desde el día 21, sería totalmente ridículo pero ya no sé lo que pueden inventar. Se lo vió después de esa fecha, no tuvo nada que ver ni participó en lo que pasó en ese lugar, sigue desviando la atención”. Para este comerciante de 48 años cuya vida se dió vuelta hace tres semanas, “es tan simple, alcanza con que vayan a preguntar a la biblioteca de El Bolsón, adonde iba siempre a tomar mate y a charlar por largos ratos”. Sergio lo quiere de vuelta, para volver a abrazarlo (como en la foto que acompaña esta nota), y confiesa que es algo “chocante” ver el rostro de su hermano por todas partes cuando en verdad a él no lo gustaba ser fotografiado.

Así, una a una van cayendo las mentiras oficiales: que los mapuches y la familia obstruyen, que la Gendarmería repelió la agresión de piedras de ocho mapuches cuando en realidad antes había detenido a tres mujeres de la comunidad (el video difundido por C5N que sería parte de la causa evidencia que la ruta ya estaba despejada cuando los uniformados se lanzaron a la cacería de los mapuches), que hay un “bando” que insiste en la desaparición siendo que en el expediente consta la denuncia por este delito desde la foja cero, como publicó este diario hace cuatro días.

“El énfasis del gobierno en desviar y tergiversar pone aún más en evidencia que propicia el encubrimiento directo de una desaparición de persona ocurrida durante un operativo represivo en medio de la Patagonia”, opinó una alta fuente del caso. La dinámica vertiginosa que se va desplegando como capítulos de una serie de terror propicia el olvido de momentos significativos, como la respuesta del juez Otranto cuando le exigieron que ordenara a la Gendarmería retirarse del lugar de los hechos, donde sigue apostada hasta hoy. “No puedo, está por orden del gobierno nacional”.

Santiago en presente está desaparecido, la multitud que exigió en Plaza de Mayo su aparición con vida pretende que no integre esa lista que con el paso del tiempo obliga a mencionarlos en pasado. La desaparición forzada de personas en democracia es la historia que se repite.