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Periodismo de Intervención social

DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y MESA DE TRABAJO

Investigan atención a mujeres embarazadas privadas de su libertad

A partir de un caso de violencia obstétrica hacia una detenida en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y, considerando la tarea que la Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo viene desarrollando junto a otros organismos sobre la temática de violencia obstétrica, se impulsó la formación de una mesa de trabajo específica en la temática de VO en cárceles, integrada por representantes del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La representante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la PPN informó que, de acuerdo a la experiencia recogida en las unidades carcelarias (a las cuales concurren semanalmente), las mujeres detenidas no están empoderadas con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y, además, desconocen qué se entiende por violencia obstétrica.

El Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, CPN Carlos Haquim, inició una actuación de oficio para investigar la existencia – por parte del Servicio Penitenciario Federal- de lineamientos o protocolos de atención dirigidos a la mujer embarazada privada de su libertad, durante el proceso del preparto, parto y post-parto.
La misma tiene como fin determinar si las mujeres gozan efectivamente de los derechos que establece la Ley Nº 25.929, de Parto Humanizado (por ejemplo, estar acompañadas por un familiar en el momento del parto) o si, por el contrario, son vulnerables a padecer situaciones vinculadas con violencia obstétrica (V.O.); “violencia institucional” particularmente mencionada por la Ley Nº 26.485 (de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres).
A partir de un caso de violencia obstétrica hacia una detenida en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y, considerando la tarea que la Oficina de Género de la Defensoría del Pueblo viene desarrollando junto a otros organismos sobre la temática de violencia obstétrica, se impulsó la formación de una mesa de trabajo específica en la temática de VO en cárceles, integrada por representantes del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Como primera medida, y en base a lo consensuado en la citada mesa de trabajo, se solicitó información a la Secretaría de Justicia de la Nación, de donde depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Esta respondió que “se encuentra vigente el ‘Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2012-2015’ en donde se establecen las pautas de prevención, diagnóstico, asistencia y tratamiento de las mujeres embarazadas”, agregando que “en ningún caso los partos son efectuados en el ámbito carcelario sino en un servicio de maternidad. Desde el trabajo de parto o internación programada, parto y postparto hasta el momento del egreso hospitalario, la madre y su niño permanecerán a cargo del equipo de salud de la Institución Pública o Privada a la que fuera derivada siendo sus profesionales los encargados de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley”.

Por otra parte, en el informe se da cuenta de dos unidades penitenciarias del SPF que tienen una estructura para alojar a mujeres embarazadas – el Centro Federal de Detención de Mujeres de Ezeiza (Unidad 31) y el Complejo Penitenciario Central lll NOA (en la provincia de SALTA) y, además, a qué hospitales derivan en cada jurisdicción en el momento del parto.

Por último, expresaron que no han recibido denuncias sobre casos de violencia obstétrica.
Por su parte, la representante del Equipo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciaria de la Nación informó que, de acuerdo a la experiencia recogida en las unidades carcelarias (a las cuales concurren semanalmente), las mujeres detenidas no están empoderadas con respecto a sus derechos sexuales y reproductivos y, además, desconocen qué se entiende por violencia obstétrica.

Por ello, se decidió cursar requisitorias a los hospitales adonde son derivadas las mujeres detenidas en el Complejo Penitenciario Central lll NOA, esto es: al Hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Güemes, al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta (ambos en la provincia de Salta) y a los hospitales a los cuales deriva la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza, Hospital de Ezeiza y Maternidad Sardá.
También se pidieron informes a la Procuración Penitenciaria Nacional, a los efectos de que detallen situaciones detectadas que podrían encuadrarse como violencia obstétrica, más allá de que no se visualicen en denuncias concretas.

Fuente: Prensa Defensor del Pueblo

Última modificación: 23 de agosto de 2015 a las 22:34