Desmontando el montaje:

El Ministerio Público inició sus alegatos el 15 de junio, el mismo día en que se cumplían los 4 años de la masacre de Curuguaty. Los fiscales cambiaron la versión de los hechos sobre la cual basaron su acusación y solicitaron penas de entre 5 y 40 años de prisión para los campesinos acusados, todos ellos sobrevivientes de la masacre. El único punto claro de los alegatos fue el pedido del fiscal Nelson Ruiz al Tribunal de que aplique una condena ejemplificadora, “persuasiva para otros grupos de campesinos que en el futuro pretendan ejercer derechos usando esta vía (de la ocupación de tierras)”.

Las condenas solicitadas fueron:

Rubén Villalba: 30 años de prisión y 10 años de “medidas de seguridad”.

Luis Olmedo: 25 años de prisión.

Néstor Castro y Arnaldo Quintana: 20 años de prisión.

Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López: 8 años de prisión.

Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería: 5 años de prisión.

Una vez terminados los alegatos de la Fiscalía, les tocó el turno a los defensores de los campesinos acusados.

Siete abogados alegaron durante sucesivas jornadas, desmontando paso a paso la versión Fiscal.

Demostraron que el Ministerio Público no investigó la masacre, sino que ocultó pruebas y elaboró una hipótesis de lo que sucedió en Curuguaty en la que solamente buscó criminalizar la lucha campesina y encubrir a los responsables de lo sucedido en junio de 2012.

Sintéticamente, los tres puntos de la acusación, invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio tentado han sido rebatidos.

El primero de ellos: la Fiscalía sostuvo que los campesinos invadieron tierras de la empresa Campos Morombí S.A., pero el lote es un terreno fiscal que fue usurpado por esa empresa con el aval del Juzgado de Curuguaty (que se encuentra a cargo de esta causa).

En segundo lugar, la Fiscalía intenta demostrar la existencia de una asociación criminal en base a la documentación legal que los campesinos presentaron al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, por la cual conformaron la Asociación Vecinal de Naranjaty con el fin de solicitar la asignación de las tierras en las que luego ocurriría la masacre.

Homicidio tentado: la fiscalía cambió en los alegatos esta acusación, sobre la que se llevó adelante la causa. En todos estos años la Fiscalía sostuvo que no puede saberse quién mató a quien, pero acusó a los campesinos por la muerte de seis policías. No ordenó la realización de autopsias sobre los cuerpos por lo que no se pudo determinar los calibres de las
balas con las que fueron asesinados, ni la trayectoria de los mismos. A su vez, la fiscalía ocultó pruebas como vainas servidas y filmaciones realizadas en el lugar y hora de los hechos. No hay acusación por la muerte de once campesinos.

Mujeres encadenadas:

Cinco mujeres iniciaron una vigilia en las afueras del Palacio de justicia de Asunción en espera del veredicto. Se encadenaron para exigir justicia y absolución para todos los acusados. Ellas son: Carmen Paredes (madre de Arnaldo Quintana), Élida Benítez (madre de Néstor y Adalberto Castro­ presos­ y de Adolfo Castro asesinado en la masacre), Angelina Paniagua (madre de Alcídez Ramírez), la historiadora Margarita Durán y la ex presa política Guillermina Kanonnikoff.

Este acto ha sumado la solidaridad de numerosas personalidades y organizaciones que sostienen el campamento fuera del palacio judicial.