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Para La Libertad

Periodismo de Intervención social

NUESTRO DIARIO DEL JUICIO – PRIMERO Y SEGUNDO DÍAS

Ocho policías exponentes de un modelo represivo en Río Negro

(Por Multisectorial contra la represión Bariloche) Los ocho efectivos de la policía de Río Negro que están acusados por los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas, así como por trece heridos durante la represión masiva del 17 de junio de 2010 en Bariloche, empezaron a ser enjuiciados sin haber pasado un minuto por cárcel común en todos estos años. “Mírenme, mírenme. Ustedes mataron a mi esposo”, les exigió Karina Riquelme, compañera de Sergio, desde su asiento en la querella poco antes que se abriera la primera jornada del juicio oral y público en la sede de la III Circunscripción Judicial. “Quiero verlos, quiero conocer la cara de los que mataron a mi yerno, a los que dejaron a dos nenes sin padre”, dijo a su vez la madre de Karina abriéndose un lugar entre los compañeros de prensa para ponerle identidad a los responsables del dolor sin fin.

La cúpula de la policía rionegrina del último período de gobierno de Miguel Saiz (radical “K”) finalmente es juzgada a dos meses de la condena a siete policías por la desaparición forzada seguida de muerte de Daniel Solano en Choele Choel.
Victor Angel Cufré, secretario de Seguridad y Justicia de la Provincia hasta el final del mandato constitucional de Saiz, comisario general; Jorge José Villanova, jefe de la Policía provincial, comisario general; y Argentino Hermosa, jefe de la Regional III con asiento en Bariloche, comisario mayor, afrontan los cargos de abuso de sus funciones y de haber incumplido voluntariamente con los deberes de funcionarios públicos que causaron la muerte de los dos jóvenes y las lesiones, de distinta gravedad, de trece víctimas, entre numerosos heridos por balas de plomo, munición de posta de goma y gases lacrimógenos.

Junto a estos policías retirados, por los dos homicidios culposos son juzgados Fidel Veroíza, ex segundo jefe de la Unidad Regional Tercera, y Jorge Carrizo, ex comisario de la comisaría 28 desde donde se desató la cacería humana la madrugada del 17 de junio. Y Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñan y Víctor Hugo Sobarzo son juzgados por el delito de homicidio en riña de Cárdenas.
Los casos de heridos que se atribuyen a los policías durante la represión son los de Lucas Eduardo Carrasco, Héctor Gastón Riquelme, Jorge Marillán, Patricia Ester Santos, Jhonatan Ooses, Yamila Evelyn Muena, Franco Emanuel Saldivia, Felipe Fusiman, Ruth Maliqueo, Sandro Bonefoi, Rubén José Mesa, Ramón Sebastián Fernandez y Matías Ariel Iberra, aunque fueron muchos más los vecinos de los barrios de El Alto que fueron atendidos en el Hospital Zonal Bariloche y no están incluídas en la causa.

Jornada 1
El primer día de audiencia estuvo cargado de mensajes políticos, fuera y dentro de la sala, que exceden lo estrictamente judicial. Después de mucho tiempo, volvió a estar vallado el ingreso al edificio del poder judicial ubicado frente a la costanera del lago Nahuel Huapi y estrictamente controlado el ingreso al edificio.
La jornada comenzó alrededor de las 9.20 y durante dos horas se se trataron planteos preliminares hechas por las defensas de los policías acusados que están a cargo del defensor oficial Marcos Ciciarelo y Sebastián Arredondo, defensa particular que continuó el trabajo de Mario Altuna, abogado de la Jefatura, cuando éste fue designado jefe civil de la institución después de fracasar en el intento por acceder a un cargo vacante en la Fiscalía.
Primero Arrondo pidió que el tribunal tramite la ubicación de numerosos testigos policías cuyos domicilios no pudo identificar en tantos años de trámite judicial; luego que no se incorporen declaraciones por lectura sino que todo sea volcado en el plenario para poder garantizar la posibilidad de la pregunta. El fiscal Martín Lozada planteó que de un listado propuesto por el ministerio público de 200 testigos a pedido del tribunal redujo la lista a 60 considerando que muchos pueden se agregados de las declaraciones en la etapa de instrucción; caso contrario, él pediría que todos brinden testimonio aún cuando se extendieran los días de debate necesario.
Marina Schifrin, por la querella de la familia de Nino, planteó que el tribunal localice a varios policías para que testifiquen, entre ellos a Rodolfo Patricio Aballay, el efectivo que retiró munición de plomo “en préstamo” en la sucursal local de la empresa trasnacional Prosegur y luego distribuyó durante la represión. A la vez, pidió que en caso de hacer lugar al pedido de Arrondo para que todos los testimonios sean presenciales en la sala, que se deje salvada el caso de una persona fallecida.
El tribunal rechazó el pedido de Arrondo. Es arriesgado conjeturar sobre las intenciones de esa defensa, aunque la experiencia indica que así se hubiera vuelto a exponer a las personas que sufrieron y siguieron sufriendo persecución policial, ya que imposible saber cuánto de poder real conservan los acusados aún cuando dejaron el poder formal. Sin contar, además, con la violencia moral y simbólica que implica testificar contra los agresores en muchos casos.
Luego, Arrondo y Ciciareto solicitaron el apartamiento de Lozada, sosteniendo que actuó como juez de instrucción en turno en el lugar y las horas de los hechos que se juzgan, reeditando así un capítulo de la puja sorda entre vertientes del poder judicial que muchos creíamos extinta con el alejamiento de Altuna y su fallecimiento posterior. Si bien el tribunal rechazó el planteo, insumió mucho tiempo y, sobre todo, logró caldear el clima entre los familiares de las víctimas. De todos modos, notable el esfuerzo del defensor oficial que en tiempo récord tuvo que hacerse cargo de un expediente voluminoso, que todavía no pudo conocer en profundidad, según él mismo reiteró.
En definitiva, aún desconociendo los alcances jurídicos de las reservas hechas, cierto es que todas las partes coinciden –de hecho- en que esta sala es una arena de compulsa de política institucional, sobre aquella cúpula en particular, y en términos más generales sobre el accionar corporativo y violento de la policía de Río Negro.

Nuestro diario del juicio – segundo día

Policías entrenados con armas de fuego aseguraron que jamás mataron ni mandaron a matar

Todos los integrantes de la cúpula policial imputados brindaron su versión del papel que ocuparon en la represión masiva del 17 de junio de 2010, en tanto que los tres efectivos acusados de provocar la muerte de Sergio Cárdenas (27 años) se limitaron a asegurar que no usaron balas de plomo. Por su parte, Víctor Cufré, ex secretario de Seguridad dependiente del ministerio de Gobierno, se describió a si mismo casi como un perseguido político para explicar por qué acumuló doce causas penales en ejercicio de sus funciones.

En la segunda jornada del juicio oral y público que se realiza en la III Circunscripción judicial por los homicidios de Cárdenas y Carrasco y trece heridos de distinta gravedad, prestaron declaración indagatoria los ocho policías imputados (la versión completa puede verse en la transmisión realizada cuyo link permanece en esta página). Ayer, en la primera audiencia, el defensor particular Sebastián Arrondo anticipó que darán su versión ampliada ante de los alegatos finales,
En esta crónica expondremos algunos de los núcleos centrales de sus versiones, para luego analizarlos en forma separada.
Jorge Raúl Carrizo, ex jefe de la comisaría 28 epicentro de los graves sucesos desde la madrugada, fue el primero en declarar. Aseguró que “por mi formación religiosa” (…) “nunca maté ni di directivas de matar a nadie”. Agregó que está en trámite su retiro luego de 30 años de servicio. En respuesta a los cargos que se les imputa dijo que “nunca me aparté de los reglamentos” durante el día 17 que estuvo “atendiendo a la familia Bonefoi desde las 5 de la mañana a las 2 de la madrugada del día siguiente”.

“Ese día era un caos (…) corría riesgo la vida de todas las personas”, sostuvo. Palabras más, palabras menos, los otros 7 imputados argumentaron lo mismo. “Querían quemar la comisaría con nosotros adentro. Fuimos superados por el número y la situación. Era un desorden; no se podía (diseñar) una estrategia”. Cerró diciendo que se siente “orgulloso” de haber sido el jefe de la 28.

Por su parte, Víctor Pil informó que es oficial en actividad con domicilio en Cinco Saltos. “Cumplí con mi función. No maté a nadie. No utilicé posta de plomo”, se limitó a enumerar uno de los integrantes del pelotón que las pericias indican como autores de los disparos con escopetas que hirieron a Gastón Riquelme primero e inmediatamente hirieron de muerte de un solo impacto a Sergio, cuñado de Gastón.
Marcos Epuñán, nacido en Bariloche, es sargento en actividad e integrante del mismo grupo que actuó junto a Pil. “No maté a nadie. Cumplía con mis funciones como policía. La situación se había desbordado. Corría riesgo la vida de mis compañeros”.
Luego declaró Víctor Hugo Sobarzo, el tercer policía identificado del pelotón de más hombres que pasadas las 17 del día 17 disparó hiriendo de muerte a Sergio. El también es de Bariloche, sargento en actividad. Fue preciso es afirmar “no usé posta de plomo. cumplía mis funciones como policía. Corría riesgo mi propia vida, la de mis compañeros y la de las demás personas”.

Fidel Veroíza era el segundo jefe de la Unidad Regional III de Bariloche, con oficinas en el Centro Cívico, vecina a la comisaría 2 y a metros del Concejo Deliberante local y al despacho del intendente municipal. Está retirado como comisario inspector. Aseguró que no estaba en Bariloche, escenario de los hechos por lo que está siendo juzgado, sino que regresó al mediodía del viernes 18, sin precisar dónde se encontraba y por qué razones. “Estoy acá por presiones sociales y políticas. Estoy mal procesado”.

A su turno, Argentino Hermosa, ahora abogado con estudio en Viedma, es comisario mayor con retiro obligatorio. Era el jefe de la Regional III durante el crimen de Diego Bonefoi y la represión a la protesta popular posterior. Recordó que la mañana del 17 participó de una reunión de la que participaron el ministro de Gobierno Larreguy, el secretario Cufré, el jefe de la policía provincial Villanova, el intendente Gascón, conejales y el consejo de seguridad local. Agregó que alrededor de las 13.45, tal como lo tenían pautado con anterioridad, viajó con la comitiva por “un hecho grave ocurrido en El Bolsón, el homicidio del médico de la policía ()Neumann”. En una suerte de obediencia debida, dijo que “la superioridad entendió que allá (en Bolsón) debían estar”. Al regresar, a la noche, Veroíza estaba a cargo de la situación a quien encontró en la comisaría 28. Argumentó que él y la institución tienen una “formación humanista”, que excluye “matar personas y destruir bienes”. Hacia el final se refirió a que recibió instrucción del Martín Lozada, fiscal en este juicio y por entonces juez de instrucción en turno. Las llamadas teléfonicas están agregadas a la causa, precisó.

La ronda de declaraciones indagatorias continuó con Victor Cufré (64 años), ex secretario de Seguridad al momento de la represión masiva, policía retirado desde mayo de 2010. Las preguntas de rigor formal de cualquier declaración permitió saber que ha tenido doce (12) causas penales con distintos cargos, siendo esta la única que permanece abierta. Calificó de “políticas” todas esas causas por distintos cargos, las que atribuyó a “problemas personales” con Ana Piccinini, ex defensora del Pueblo, dirigente de la UCR, y a Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y hermana de la anterior.

“No escapamos de Bariloche”, sino que en una reunión en General Roca con el ministro de Gobierno resolvieron ir a El Bolsón a “descomprimir” la crisis social desatada por el homicidio del doctor Neumann, “muerto en presencia de los hijos y su esposa”.
“A mi criterio se estaba desempeñando bien” el operativo policial en Bariloche contra el descontento popular desatado poco antes del mediodía del jueves 17, al saberse de la muerte de Diego Bonefoi a manos del cabo Colombil. “Jamás ordené que hirieran, jamás ordené que matarán. Jamás en mi vida”.
Al final de su declaración dijo que a partir del 2008, cuando asumió la conducción de la policía provincial, empezó a ser denunciado penalmente.
Con la versión del comisario general retirado Jorge José Villanova culminó la serie de indagatorias en este juicio. “Reconozco la gravedad de los hechos, que causaron mucho dolor a toda la sociedad”. (Al momento del despliegue armado y los disparos mortales) “estábamos en El Bolsón. Recibíamos novedades telefónicas del comisario Carrizo. En un momento (éste) le pasa el teléfono al doctor Lozada, quien me dice que consiga la presencia de Gendarmería en el lugar, que no se calmaría mientras actuara la policía provincial. Llamo por teléfono al jefe del escuadrón de Gendarmería (de Bariloche se deduce), que me dice que consiguiera una orden del Consejo de Seguridad (de Nación). Larreguy (con él en la reunión en Bolsón) llamó por teléfono”.
En menos de una hora, familiares de las víctimas fatales y la sociedad en general pudo tener por primera vez la oportunidad de percibir en forma directa cómo sostienen su rol en la tragedia ocho años después.

Última modificación: 9 de octubre de 2018 a las 15:28