Buenos Aires, 18 de febrero de 2009 (Agencia Aratiri) La Doctora Talavera nos informa que el “Juzgado de Garantía Nº 6 a cargo de Pedro Mayor Martínez, aún no fijo audiencia preliminar debido que no obra en su poder todos los expedientes del caso, tampoco las carpetas fiscales y mucho menos las evidencias”. Continua diciendo la defensora de los 6 campesinos extraditados en diciembre de 2008 por el gobierno de Kirchner que los expedientes no están porque fueron pedidos por dos Tribunales de Sentencia con el objeto de utilizarlos de los dos juicios orales realizados con anterioridad por el mismo caso. “ Desde que los compañeros fueron extraditados estuvimos en la búsqueda de estos expedientes, diseminados en recurso de Casación, la Corte Suprema de Justicia, Jueces de Ejecución de Sentencia. “ A la vez, la doctora nos explica que la responsabilidad de esta demora recae en la querella y el Ministerio Publico quienes deberían preocuparse por impulsar la acusación. Nuestra organización no olvida que el representante de la fiscalía es el doctor Rogelio Ortúzar cuyos procedimientos soportan contundentes cuestionamientos en materia de DDHH, en especial los asesinatos y torturas que sufrieron 6 humildes vendedores ambulantes en Minga Guazú a quienes se pretendía acusar de secuestro de personas. En cuanto a la fiscala Sandra Quiñones es célebre por la impiedad que muestra en los desalojos en tierras recuperadas al latifundio por parte de las organizaciones campesinas. La abogada de DDHH, la doctora Talavera, frente a esta situación presentó un “ escrito solicitando al Juez fije la fecha de audiencia y que con lo que obre en su poder se debe realizar la audiencia preliminar y que no es competencia del Juzgado y menos el de esta representación estar en la búsqueda de expedientes o evidencias. “ Este requerimiento está en trámite hace dos semanas y debe ser atendido dado que, como nos informa la Doctora Talavera, el “Código Procesal Penal le obliga al Juzgado, luego de levantarse la rebeldía, a proseguir con los trámites y el tramite es la audiencia preliminar. Si no tienen las evidencias y todas las carpetas fiscales y expedientes” los 6 campesinos deben ser “sobreseídos y puestos en libertad inmediatamente.“La situación en la cárcel es grave, dado que “en el pabellón donde están los 6 presos políticos apenas caben todos. Se encuentran con otras 16 personas más y por seguridad ni salen al patio. Como se sabe en la penitenciaria de Tacumbú se asesina a un recluso por mes como mínimo,” advierte. Uno de los seis campesinos, Don Aristides Vera, “se encuentra enfermo y la médica forense dispuso se realice ecografía de los riñones y electrocardiograma. Hace dos semanas y media obra el pedido y aun no se proveyó su diligenciamiento.“Los 6 presos políticos reciben el apoyo del MNV. A fines de enero “recibieron el acompañamiento de algunos luchadores por los DDHH como el profesor Martín Almada y responsables de organizaciones campesinas como Luis Aguayo de la MCNOC, Tomas Zayas de ASAGRAPA y Jorge Galeano. Permanentemente son asistidos por los dirigentes de base del Movimiento Agrario y el CICR – cruz roja- esta asistiendo con un mínimo de dinero para solventar las visitas una vez por mes de dos familiares por lo menos con pasaje ida y vuelta. “La Doctorasostiene que esta situación de los 6 presos políticos es en el contexto de una situación politica de “militares torturando a campesinos, la corrupción tal cual, ejecuciones y desapariciones, los privilegios de los nuevos amigos del entorno del poder sinvergüenza reclamando cupos y cargos… desesperanza que se va tornando en sentimiento de ira en masa que no se cuando va a estallar. Lugo habia prometido en San Pedro frente a Hugo Chavez y en acto publico el 16 de agosto del 2008 que “NUNCA MAS LOS MILITARES SERIAN USADOS PARA PERSEGUIR A CAMPESINOS.” Las palabras se los lleva el viento…y ahora la doctrina de seguridad nacional brilla nuevamente como en el apogeo del stronismo.“LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS !Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos AiresMovimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista ( M.N.V.) – Secretaría Internacional —————Documento completoBasta de muertes, torturas y violaciones a los derechos humanos de los presos y presas en la Argentina Bajo la gestión del civil Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal, paradójicamente dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuyo titular es Aníbal Fernández, se retrocedió gravemente en la vigencia de tales derechos que poseen indudablemente las personas detenidas. Así, docentes de distintas carreras y facultades, en particular la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que asisten a las prisiones, organismos como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y hasta la misma Procuración Penitenciaria, entre otros, denunciaron las dificultades para ingresar a los penales que dependen del SPF, cuando no el impedimento liso y llano de trasponer los portones tras los cuales se mata y tortura impunemente a hombres y mujeres privados de su libertad.En este sentido las cifras son contundentes: 59 seres humanos fueron ultimados en 2008 y, seis en la primer semana de 2009. Todos se hallaban bajo la guarda del Estado, mas aún no hay responsables de estos crímenes. Con relación a la Carrera de SociologíaEn el marco del Programa UBA XXII, 2008 quizá haya sido el año más difícil en cuanto a los embates de violencia institucional por parte del Servicio Penitenciario-Ministerio de Justicia. En el Centro Universitario Devoto se vivieron durísimas acometidas, sufridas en noviembre, con el traslado de más de nueve presos estudiantes de distintas carreras al Complejo de Marcos Paz, con armado de causas, ejerciendo feroz violencia sobre los mismos, violando el convenio con la UBA y sin brindar explicación alguna a una institución que lleva 24 años de asistencia regular garantizando el acceso al derecho al estudio universitario a las personas presas en cárceles federalesA esto debe sumarse lo sucedido en Ezeiza, en mayo del mismo año, con el allanamiento y requisa del Centro Universitario (CUE), sin fundamento y una vez más, sin explicaciones institucionales, como así también las duras exigencias burocráticas a partir del mes de octubre para el ingreso y propuesta de actividades que se realizan desde hace 24 años. A saber: ingreso a los Centros de Estudios de profesores extranjeros, de personalidades de la cultura, periodistas, de la política, etcétera, en el marco de propuestas extracurriculares universitarias, limitando así el acceso de nuestros estudiantes detenidos/as a actividades que profundicen y amplíen su formación académica curricular. Por ello, los Coordinadores de las Carreras de Sociología, de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Carrera de Letras y del Ciclo Básico Común solicitaron la urgente intervención del Rectorado y conjuntamente con el Director del Programa se propuso iniciar, por primera vez en la historia en 24 años del programa, acciones judiciales; que “Amparen al programa; a nuestros alumnos/as presos/as y a nuestros docentes”, contra las violencias y arbitrariedades del SPF. Así fue que, en diciembre pasado, la Universidad de Buenos Aires presentó el AMPARO contra el Servicio Penitenciario Federal en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3 Secretaria 2. Organismos de Derechos HumanosPor su parte, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre es una institución dedicada a la defensa, promoción y educación para los derechos humanos. Es la más antigua del país y de América y, desde fines de la dictadura militar, realiza semanales visitas que se vieron cortadas de cuajo en noviembre pasado, ante la exigencia de presentar una “lista de militantes” (esto le fue exigido a casi todos los organismos). La medida es tan improcedente, como impracticable. La Liga de hecho presenta una lista de los militantes que cada semana visitan a determinados presas o presos, más no puede ni debe presentar una lista que abarque, por caso, las visitas de las próximas tres décadas. En primer lugar el pedido del SPF no procede dado que es uno de los ámbitos de sistemática degradación y exterminio de la entidad humana de hombres y mujeres. Para qué pretenden una “lista completa” de militantes humanitarios. Y, a la vez, es impracticable, por cuanto a través de esta institución acceden a visitar a los detenidos luchadores de distintas latitudes, cuestión que éstos no prevén con años, meses o semanas de anticipación. Y, por otra parte, en ocasiones llegan personalidades, como fue el caso de Rigoberta Menchú, Premio Nóbel de la Paz, que no es militante de la Liga, solo que puede acceder por medio de la Liga a las visitas. Pero estas razones que fueron válidas desde 1983, son desechadas por el dúo Marambio/Fernández.De este modo, los presos pierden vínculos muy valiosos moral, intelectual, política y materialmente. Así, se intensifica la política de degradación, humillación, con el mismo estilo de la dictadura militar.Asimismo, tres jueces de ejecución de sentencia intentaron ingresar a las cárceles acompañados de dirigentes de Derechos Humanos y les fue prohibido taxativamente, mediante un texto de escasas cinco líneas, por la corporación Ministerio de Justicia/SPF. Ni en el Macondo de García Márquez hubiese podido ocurrir una actitud tan fascista de unos, ni otra tan pusilánime como la de los magistrados. En el medio, los presos y presas, más encerrados, aislados, segregados y “ocultados” que nunca. La ProcuraciónPor definición, la Procuración Penitenciaria es el organismo estatal defensor de los derechos de los presos y presas. Es decir actúa como contralor del SPF, sin embargo, también en 2008 el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, denunció ante la Corte Suprema de Justicia que el gobierno le impide realizar auditorias en las cárceles federales para dar a conocer las “gravísimas torturas y violaciones de los derechos humanos que están sufriendo los presos” en la Argentina. Entre las arbitrariedades del SPF, encontramos: La mayoría de los 40 auxiliares que trabajan en la Procuración Penitenciaria, entre los que se encuentran psicólogos, médicos y abogados, tuvieron problemas para ingresar en las cárceles para auditar la situación de vida de los presos. Se impidió el ingreso de cámaras fotográficas a los médicos para documentar hechos de violencia. Las autoridades del Servicio Penitenciario de diferentes unidades obligaron al personal de la Procuración a realizar audiencias abiertas con los detenidos a pesar de los pedidos de que esas reuniones fueran reservadas para proteger a los denunciantes, tal como lo establece la ley de creación de la Procuración Penitenciaria. Se prohibieron comunicaciones telefónicas del personal de la Procuración con detenidos. Se impidió el acceso a médicos de la Procuración en algunas cárceles federales al alegar que “ya había finalizado el horario de visita”. Se reiteraron casos de demoras en la contestación de pedidos de informes sobre la situación de determinados reclusos. Resulta hasta un episodio del realismo fantástico, sino estuviésemos en la Argentina, que el organismo controlado le organice una visita guiada al organismo controlador y le ordene cuándo, cómo y dónde realizar las auditorias.A pesar de esta actitud, la Procuración produjo, a mitad de 2008, un concluyente Informe sobre Tortura y Malos Tratos conducido por los sociólogos Alcira Daroqui y Carlos Motto, donde se da cuenta de la férrea paloterapia destinada a quienes habitan el otro lado de las rejas. ¿Qué juez se hizo presente en los lugares concretos? ¿Qué penitenciario fue citado? ¿Qué funcionario tomó cartas en el asunto? Omitimos, por obvias, las respuestas. El gobiernoEl Estado argentino ratificó, en 2004, el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con rango constitucional. El mismo obliga a los Estados a crear mecanismos de visita a todos los sitios de encierro. Las visitas deben ser periódicas y no anunciadas, y las deben realizar personas con trayectoria en la defensa de los derechos humanos de seres privados de su libertad. Lejos de cumplir con lo pactado y con la defensa de derechos avasallados, funcionarios del gobierno impulsan, apoyan y sostienen en sus cargos a siniestros personajes y la política de pena corporal, muertes, humillación y prohibición de ingresar a quienes defienden la vida y las garantías que no cesan con la privación de libertad. ExigimosEs por todo lo expuesto que exigimos: basta de muerte, torturas y violaciones a los derechos humanos de las presas y presos en la Argentina. Reclamamos el cumplimiento de lo firmado por el gobierno argentino que nos habilita a ingresar a las cárceles de forma imprevista y a cualquier sitio dentro de ellas. Reestablecimiento inmediato y sin restricciones de las visitas a los organismos de Derechos Humanos. Continuidad sin limitaciones de la actividad docente en todas sus instancias.