Pensé que no volvería a escribir estando en situación de encierro porque fui amenazado por penitenciarios si lo hacía, pero la gran impunidad con la que opera el Servicio PenitenciarloBonaerense es eterna, cruel y perversa. Hoy siento la responsabilidad de no callarme. Cabe recordar que el día 4 de enero del corriente año fui trasladado y torturado por parte del Director de la Unidad N°48 Andrés Almirón y los subdirectores Pirali y Urraco, todo ello con el aval y complicidad del Director provincial de casos contenciosos del Ministerio de Seguridad y Justicia. Por lo cual queda al descubierto que son todos unos mafiosos, unos corruptos, porque responden a una denuncia de torturas y tormentos con más torturas y más violencia. A pesar de que la señora Juez que tiene mi tutela, Dra. María del Carmen Rodríguez Melluso, ordenó en forma clara y precisa que NO debían trasladarme. Me pregunto qué mal les hice a las autoridades provinciales para que quieran silenciarme, sí lo único que hice fue limpiar sus delicados trajes cuando los acusaban de asesinos y narcotraficantes. Hay veces que es necesario recordar el pasado para que no se olviden de las buenas acciones de un preso ya siempre juzgan las malas acciones. Entre la noche buena y la navidad del año 2005 hallaban a Ángel Marcos y Nancy Nolasco muertos con bolsas de supermercado en sus cabezas, en un chalet de la Ciudad de Del Viso, Partido de Pilar. La mujer víctima era docente y Marcos dirigente de la Unión de Docentes de la provincia de BS AS y asesor del entonces Senador del “Frente para la Victoria” José Manuel Molina, actual Ministro de medio ambiente, y hacia una semana había asumido como secretario ad honorem en el Senado provincial. Las fuentes no dudaron en calificar el doble crimen como un procedimiento mafioso. Díaz, el entonces Secretario de la Unión de docentes que Marcos conducía, realizó una marcha y pidió que el entonces Gobernador Felipe Solá se involucre en el esclarecimiento del doble crimen para que no quede impune y pidió que el caso pase a Institucionales. Los familiares y allegados de las victimas realizaban marchas y pedían Justicia por los medios televisivos, en todo momento estos acusaban al Gobierno de la provincia, más precisamente al Senador Molina,Las fuentes y los medios hicieron alusión al narcotráfico internacional, no obstante, el oligárquico diario “Clarín” aprovechaba para ensuciar al máximo al Kárchnerismo. Todo esto produjo un descalabro institucional, sobre todo en la provincia de BS AS y por ende el entonces vicepresidente de la Nación, Daniel Scíoli, tuvo que salir por los medios televisivos diciendo: “Por favor paren, dejen de hacer acusaciones al Gobierno y si hay algún testigo que hable, nada le va a suceder, yo me comprometo a protegerlo, y los familiares por favor paren de hacer acusaciones al Senador Molina, conozco al Senador y él es incapaz de mandar a matar a alguien.” De hecho, quien suscribe fue ante el Fiscal del caso Gonzalo Acosta y declaró: que el ex oficial de la Policía Bonaerense Hernán Ricardo Arguello Pomar junto al ex suboficial Marcelo Arriola Monzón fueron los autores materiales del doble crimen. Marcelo resultó muerto en persecución y Hernán fue condenado a prisión perpetua en octubre del año 2010 a raíz del testimonio de quien suscribe. Luego de todo esto las fuentes pudieron dar cuenta y comunicar a los medios, que el móvil del doble crimen fue un robo, por ende muchos pudieron limpiar sus trajes que habían sido salpicados. Sin embargo el Servicio Penitenciario Bonaerense me ha torturado brutalmente repetidas veces por esta causa en particular y por otras, pero hoy nadie me ayuda, nadie investiga, nadie hace nada, los penitenciarios hacen lo que quieren. Es terrible que unos pocos empilchados hagan lo que están haciendo y no paguen por sus delitos, esto demuestra una gran corrupción institucional en la provincia de BS AS. (Todo lo hasta aquí expuesto quedó plasmado en resoluciones judiciales provinciales y consta en periódicos de la época, para que todos lo puedan corroborar). Hemos tenido en el Complejo San Martín la visita del Vicegobernador Gabriel Marioto y del Presidente del CELS Horacio Verbítsky quienes comprobaron una gran precariedad institucional Sin embargo, al día siguiente nos mataron a un compañero en la Unidad N°48, y comenzaron los famosos traslados “capeos”, procedimiento por el cual las fuerzas de seguridad desintegraban grupos y secuestraban personas en la última Dictadura Cívica y Militar. Es de vital importancia evocar que muchos de los que son trasladados luego son asesinados en los penales que llegan: es decir, los penitenciarios juegan ajedrez y las piezas son las personan en situación de cárcel. De hecho, la Jefatura del SPB sabe que interno tiene problemas de convivencia y con quien, entonces los inundan juntos para que estos se maten entre ellos. Los penitenciarios griten: “la cárcel es nuestra, los Jueces NO mandan, acá mandamos nosotros”. De este modo es como los penitenciarios implantan el terror en las personas para que no denuncien el constante abuso de poder que sufren. Por todo ello, hoy les pido junto con mis compañeros del Centro de Estudiantes Universitarios “Azucena Villaflor” que las compañeras y compañeros de los Derechos Humanos, los compañeros del Centro de Universitario de la Cárcel de Villa Devoto, todos los Centros de Estudiantes, Federaciones Estudiantiles, Agrupaciones gremiales docentes y trabajadores, Poderes Políticos y Judiciales, y la opinión pública en general: se pronuncien ante este acto de Terrorismo de Estado que estamos sufriendo los estudiantes universitarios y la población carcelaria toda. Es de vital importancia destacar que semanas atrás el Director de la Unidad Andrés Almirón con un grupo de penitenciarios irrumpieron en la Sede CUSAM, a punta de escopeta y a los golpes al grito de: “Acá mandamos nosotros y van a parar de hacer denuncias”. Le sacaron las llaves de laa los compañeros estudiantes que están a cargo de las mismas, y la profesora a cargo de la administración de la Sede cuando llegó reclamó las llaves a los milicos.Los muchachos sufrieron golpes y vejámenes, entre otras. Acá existe un delito muy grave, ya que la Ley de Educación Superior N° 24. 521, en su art 31 refiere: “La fuerza pública no puede ingresar en las Instituciones universitarias nacionales si no mediar orden escrita, previa y fundada de Juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. Todo ese procedimiento legal no se completó según lo rige el art 20 del Código Civil. Por todo ello, pedimos al Vicegobernador Gabriel Marioto y al Presidente del CELS Horacio Verbitsky que intervengan ante esta situación y si quieren pruebas fehacientes, concretas, y datos corroborantes sobre todo lo aquí expuesto: que entrevisten a quien suscribe a la brevedad posible. No obstante, aprovecho la presente para agradecer a todos los compañeros que me brindaron ayuda y hoy se las pido de nuevo. Al compañero Víctor Hugo Morales con quien tuve dos entrevistas que fueron de vital importancia para poder hacer escuchar mi voz y mi reclamo. Los compañeros del matutino Tiempo Argentino que siempre me acompañan. Las compañeras y compañeros de la Izquierda Peronista Descamisados. La Agencia Rodolfo Walsh. El colectivo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Al Colectivo Todo Piola, La Diputada Nacional del FPV, Adriana Puiggrós. Junto con mis compañeros del Centro de Estudiantes Universitario “Azucena Villaflor” repudiamos el gran olvido social que representan las cárceles.
Jesús Cabral