El CPF II de Marcos Paz está ubicado a unos cuarenta kilómetros de la CABA, y los visitantes, en su gran mayoría madres, esposas e hijos de los allí detenidos, suelen viajar unas tres horas para llegar allí, provenientes de barrios de Capital Federal.
Desde 10 de Julio, las familias y amigos de los detenidos allí, son compelidos a pasar por el túnel de la muerte. El Servicio Penitenciario Federal repite el mecanismo que intentó implementar en su momento en Devoto: La visita es compelida a pasar por el Scanner cancerígeno firmando, por supuesto, una responsabilidad sobre los daños a los que se expone. La alternativa ofrecida es ver a su familiar a través de un vidrio y un teléfono sin el mínimo contacto. O bien es invitada a retirarse.Es más que evidente la extorsión a la que son sometidas las visitas: poner en riesgo su salud o ver a su ser querido sin poder abrazarlo. O retirarse luego de haber viajado tres o más horas en la madrugada para llegar a la Guantánamo argentina.
Los compañeros de los Módulos 1 y 2 de dicho Complejo se han declarado en Huelga de Hambre desde el lunes 16 de Julio, hace ya cinco días, en protesta por este nuevo atropello a la vida y la dignidad de sus familiares.A la vez, presentarán acciones de Hábeas Corpus y de Amparo para ellos y sus familias ante la justicia federal.Se trata de seiscientos detenidos allí alojados, que reclaman la atención de la sociedad civil sobre esta aberración.
Está ampliamente demostrado el efecto nocivo de la exposición a la radiación en el cuerpo humano. Alemania, Italia y otros países de la Comunidad Europea han retirado de sus aeropuertos esa tecnología debido a las protestas que generaron en la comunidad científica y las organizaciones de defensa de derechos de Europa. Estados Unidos es actualmente escenario de una colosal batalla jurídica por el mismo tema.Grandes son los intereses económicos que se mueven detrás de estas medidas. El Estado argentino realizó compras millonarias en dólares para aplicar a sus ciudadanas y ciudadanos la tecnología cancerígena descartada por Europa, y a través del Servicio Penitenciario Federal intenta imponerla, bajo el pretexto de la seguridad, a los sectores más vulnerables de la población: las clases humildes judicializadas.
La experiencia de Junio de este año en la cárcel de Devoto demostró que la movilización de presos y familiares más el apoyo solidario de organizaciones, agrupaciones, organismos y particulares, logró hacer retroceder la medida asesina. Batucadas durante varias noches, campaña de concientización entre los compañeros y las visitas, decenas de pronunciamientos solidarios y la difusión en medios periodísticos fueron las herramientas de lucha.El caso de Marcos Paz es mucho más preocupante: Las personas detenidas allí, procesadas la gran mayoría, no tienen los mismos recursos. Presos en una cárcel ubicada literalmente en medio del campo, sólo pueden apelar a la Huelga de Hambre.Es por ello que apelan a la solidaridad de los organismos de Derechos Humanos, las instituciones comprometidas con la lucha popular, las agrupaciones políticas, gremiales y estudiantiles, para frenar esta medida.
Rodolfo Rodríguez.Más Información: 4228-2271 Sra. Lorena.