Conferencia de prensa de “Justicia x los 7” y Adolfo Pérez Esquivel.

El 2 de marzo de 2017 se produjo un incendio en la celda 1 de lo que en ese momento era la Comisaría 1° de Pergamino. Allí fueron asesinadas 7 personas por el deliberado accionar criminal de la policía. Comenzado el incendio los policías tardaron 40 minutos en llamar a los bomberos, cerraron las llaves de agua de los calabozos, no utilizaron los matafuegos y “perdieron” la llave de una de las puertas que podría haber salvado la vida de esos chicos, entre otras cosas.

Los acusados en este juicio son los 6 ex policías asesinos que estaban de turno ese día: Alexis Eva, Brian Carrizo, Carolina Guevara, Matías Giulietti, Sergio Rodas y Alberto Donza (que estuvo prófugo durante 400 días).

Es importantísima la presencia y el acompañamiento de toda la sociedad en general durante este proceso judicial para sentar un precedente en nuestra ciudad y ponerle un freno a la represión estatal.

Alan Córdoba, Federico Perrotta, Fernando Latorre, Franco Pizarro, John Claros, Juan José Cabrera y Sergio Filiberto PRESENTES!

Johana Monzón y las cárceles de mala muerte

Johana necesitaba y pedía hacer actividades recreativas, cursos, pedía salir del pabellón para ocupar su tiempo y no pensar y el departamento tratamental resocializador que esa es la función que debe ocupar, no la escuchó, la trató como una drogadicta depresiva, “Joha” fue excluida de toda actividad. Ella una más, “víctima de este encierro torturador, de este S.P.B a cargo del cuidado, custodia y tratamiento al interno, una vez más deja a un ser humano desprotegido de derecho inalienable como es la “salud”, pagando su delito como manda la ley; ahora bien la ley no cumplió con Johana Monzón.

Johana no está más, es una más, víctima del estado, ella esperó el momento de silencio a las 5 am del día domingo para finalizar con su vida. Pedimos en consecuencia que los controladores del S.P.B., llamado “Ministerio de Justicia”, a cargo de funcionarios preparados, entrenados para cuidar a personas y no objetos como somos tratados por el sistema (que nos encierra); Poder Judicial ( que nos condena); Estado ( el que debe velar por nuestras vidas, garantizar derechos). Desde adentro repudiamos el ensañamiento del estado, desde adentro que se investigue por Johana y por el resto de las víctimas del lado oscuro “cárcel”, desde adentro pedimos libertad.

«Política de Estado»

En nuestra región, sede de la jefatura política de la Policía Bonaerense, se han sucedido más de 600 casos de muertes a manos de las fuerzas represivas en el gobierno de Daniel Scioli, y más de 220 en la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, cuyo punto culmine son las masacre de Pergamino, San Miguel del Monte y Esteban Echeverría. Llamamos a los familiares de las víctimas a organizarse para seguir reclamando justicia y denunciar la responsabilidad política de los gobernantes en estos crímenes de Estado. En La Plata marcharemos para decir: Basta de gatillo fácil/Ni unx pibx menos. Ni una bala más. El estado es responsable/Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de detención/Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas./ Trabajar no es delito. Basta de represión a manterxs, vendedores ambulantxs y artesanxs. Fuera la policía de nuestras plazas./ Libertad a lxs presxs por luchar./ No a la reforma del código penal y la implantación de la “doctrina Chocobar”.

La crisis y las víctimas del sistema penal que nadie quiere ver

En diciembre de 2018, había 48.615 personas detenidas en cárceles, alcaldías, comisarías y monitoreo electrónico. En julio de 2019, 50.500. Este es un nuevo récord y la tasa de prisionización también es la más alta de la historia. El correlato directo de esta política criminal es el sobre-encarcelamiento: la sobrepoblación en cárceles es del 113%, en comisarías del 310%; es decir, personas que duermen en el suelo o se turnan para dormir.

A su vez, la sobrepoblación y el agravamiento de las condiciones de detención generan condiciones de posibilidad para las violaciones a los derechos humanos en el encierro. Los malos tratos y las torturas se registran de manera regular bajo el amparo de la impunidad judicial y el silencio político. En 2018, a partir de las entrevistas que se realizan durante las inspecciones a los lugares de encierro o las denuncias recibidas por familiares de personas detenidas, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó 12.421 hechos de tortura.
Estas políticas de mano dura que, supuestamente, solucionarían los problemas de seguridad pública siguen demostrando su fracaso año tras año. El único resultado que dejan es la consolidación del sistema de la crueldad: una forma de gobierno de las poblaciones más vulnerable — pues la mayoría de las víctimas son pobres, acusados de delitos menores e, incluso, falsamente acusados—que naturaliza la violencia estatal y la muerte.
Las masacres ocurridas en estos últimos años son los ejemplos más dramáticos de esos resultados que se pretenden mostrar: primero fue Pergamino, después Esteban Echeverría y hace pocos meses, Monte. Pero estos no son hechos aislados: son la consecuencia de una política que asume la muerte como resultado esperable. Sólo durante 2018, 339 personas murieron bajo custodia del Estado: 140 en cárceles, 180 en neuropsiquiátricos, 17 en comisarías y una en un centro cerrado para jóvenes.

Otras 120 personas murieron por uso letal de la fuerza; el 74 % tenía 30 años o menos y en el 68% de los casos los agentes de seguridad actuaron fuera de su horario de servicio. La letalidad del Estado también tiene su expresión de género: de estas 120 muertes, ocho son mujeres asesinadas por policías en el ámbito privado; de esos ocho casos, cinco fueron caratulados por la justicia como femicidio.

En el contexto de esta crisis estructural del sistema penal, y como ocurre cada año desde el 2004, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presenta su Informe anual. El sistema de la crueldad XIII sobre lugares de encierro y políticas de seguridad, niñez y salud mental en la provincia de Buenos Aires.
La presentación será este miércoles 21 de agosto a las 10 horas en el Anexo de la Cámara de Senadores, avenida 7 esquina 49, La Plata. El acto público ocurrirá, a su vez, en el marco de una jornada con mesas de trabajo y reflexión de la que participaran educadores bonaerenses, integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales de la CPM, y trabajadores y trabajadores de organismos que gestionan acervos documentales sobre el pasado reciente.
Entre las actividades programadas, a las 14 horas en el auditorio de la CPM (calle 54 Nº 487), Mariana Franco presenta su libro El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos. A esa misma hora, en la sala Hugo Cañón de la CPM, se realiza la mesa de trabajo “Archivos y justicia. Preservación de la memoria”.

Al mismo tiempo, en el Salón de los espejos de la Facultad de Derecho de la UNLP, se desarrollará el “Espacio de formación: monitoreo territorial de la violencia policial” con la participación de integrantes de la Red familiares de la CPM. Y en el edificio Karakachoff de la UNLP las mesas de trabajo sobre “Escuela: juventudes, género y exclusión”, “Trabajo, economía y sociedad” y “Derecho a un ambiente digno” con la participación de coordinadores que participan del programa Jóvenes y Memoria.

Por último, a partir de las 17:30 horas, los participantes podrán recorrer en el museo de la CPM (calle 9 Nº 984) la muestra multimedia Encierro, una exposición que, desde distintas miradas y registro, pretende formar un relato sobre las cárceles y las personas que las habitan. La muestra está integrada por el registro de las inspecciones de la CPM, la obra de destacados fotógrafos y fotógrafas, y poemas, imágenes y objetos de personas que estuvieron detenidas o de sus familiares.

La presentación del décimo tercer informe se realiza, además, en el marco de los 20 años de la CPM. Desde el 2002, el organismo despliega tareas de control y monitoreo de los lugares de encierro, y de las políticas de seguridad, niñez y salud mental. En todos estos años, la CPM realizó más de 1.500 inspecciones a cárceles, alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y neuropsiquiátricos, y presentó 45 mil expedientes judiciales por torturas y otros tratos inhumanos o degradantes.

Ese trabajo sistemático realizado durante estos años convirtió, de hecho, a la CPM en el mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos degradantes. La autonomía del organismo respecto de los poderes políticos de turno ha constituido un rasgo fundamental para el desarrollo y la consolidación de este trabajo.

Marcha contra el Gatillo Fácil y la represión en La Plata

En nuestra región, sede de la jefatura política de la Policía Bonaerense, se han sucedido más de 600 casos de muertes a manos de las fuerzas represivas en el gobierno de Daniel Scioli, y otros centenares más en la gestión de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo, cuyo punto culmine son las masacres de San Miguel del Monte, Pergamino y Esteban Echeverría. En La Plata la gestión del intendente Julio Garro ha militarizado la Plaza San Martín para impedir que la gente se la rebusque con un trabajo vendiendo ropa o comida para tratar de zafar de la crisis económica que viene desplegando Cambiemos.

Digamos basta a esta avanzada de hambre y represión. Llamamos a los familiares de las víctimas a organizarse

Juicio por la Masacre de Pergamino

Hace 2 años y medio que marchamos por las calles de Pergamino, que nos organizamos como colectivo, que nos abrazamos con otras luchas, que organizamos jornadas, que gritamos justicia. En este camino, logramos destrabar la versión oficial y de algunos medios y tuvimos que tomarnos el trabajo de humanizar a las víctimas y defender la memoria de los pibes, que fue muy pisoteada. En medio de todo esto, la justicia caratuló la causa como abandono de persona seguido de muerte, imputó y exoneró a los 6 policías. El camino fue largo, pero todavía no termina.
En el juicio, la defensa de los policías va a decir que ellos son víctimas, pero nosotros sabemos muy bien que esto no hubiese sucedido si no facilitaban las cosas, porque tuvieron la capacidad humana para decidir con libertad y decidieron: no abrieron el candado, no habilitaron el agua de la celda, cerraron las puertas que deberían estar abiertas, no usaron los matafuegos, no llamaron a los bomberos de inmediato, ocultaron las llaves, impidieron el trabajo de los bombero. Hubo una clara intencionalidad, tuvieron la voluntad y disfrutaron verlos morir. No fue un accidente, ni un hecho inesperado. En años anteriores a 2017 hubo tres incendios similares en la Comisaría Primera por condiciones de detención que nunca fueron modificadas: hacinamiento y sobrepoblación, falta de agua, falta de ventilación, falta de colchones ignífugos. Por todo eso, aunque ellos digan que son víctimas, nosotros decimos que Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giullietti, Carolina Guevara, Alexis Eva y Sebastián Donza son culpables.
El 2 de septiembre le pediremos justicia a una justicia injusta, porque nuestros pibes no van a volver, la angustia y el dolor de las familias no cesan y los casos de represión estatal siguen sucediendo. El vacío no lo vamos a llenar con una justicia ejemplar. Esperamos que la justicia siente un precedente pero, más que nada, que otros jóvenes no estén en peligro.
Es importante que nos acompañen porque no podemos dejar que se naturalice la represión estatal. La mayoría de los policías esperan su juicio en la comodidad de la prisión domiciliaria. Esto demuestra que las fuerzas de “in“seguridad son privilegiadas a la hora de dar cuenta de sus actos criminales, cuando no públicamente premiadas.

Entendemos que la represión contra lxs pibxs humildes es una política de Estado, y que solo podemos pararla teniendo presencia en las calles y en los tribunales. Por eso un juicio de esta índole es sumamente importante para defender la vida de nuestrxs jóvenes.
Necesitamos que estés, por los 7 y por la vida de todxs.

Exigimos: juicio y castigo para los asesinos. Jus7icia para Federico Perrotta, Alan Córdoba, Sergio Filiberto, Juan José Cabrera, Jhon Mario Claros, Fernando Latorre y Franco Pizarro.