25 personas recibieron el título de la “Diplomatura en Economía Popular” de la Universidad Nacional del Nordeste

La provincia de Corrientes es un ejemplo de la alta tasa de hacinamiento que se observa en cárceles a nivel nacional. A esto se suma el deterioro de las instalaciones, la permanente violencia institucional y la falta de recursos que hace que cumplir la condena resulte inhumano. Pensar nuevas maneras de relacionar conocimiento con transmisión de herramientas como en ese caso no sólo plantea acercar conocimientos teóricos sino más bien proveer de recursos a sectores que se ven desfavorecidos por las condiciones socio económicas desde antes de ingresar al penal, las cuales se acentúan cuando recuperan la libertad.

Macarena Díaz Roig, licenciada en Comunicación social e investigadora, fue una de las coordinadoras de la Diplomatura: “La economía informal representa un tercio de la población del país, es una cifra muy grande. La parte del penal es lo más excluido que hay y más complicado porque están en un contexto en el que pierden el derecho a estar libres”, explicó al comenzar la charla con Cara Tapada.
“La educación es una variable de transformación, devuelve dignidad, derechos y oportunidades. En este caso se hace una inversión transformadora”

“Hay delitos -dice Macarena – en todas las clases sociales, pero él o la que llega al penal es quien no tiene recursos para poder defenderse. La población mayoritaria (que es alrededor del 80 por ciento o más) son personas de clases bajas. A eso le sumamos que las estadísticas demuestran que muchos no poseen formación académica, ni siquiera primaria en algunos casos. Hay que ver cómo el Estado devuelve esos derechos, que son herramientas para no volver a caer en la cárcel. Tener otro tipo de vida, otra alternativa”. Según las cifras que se recolectaron durante estos años de trabajo, la persona que estudia una carrera no vuelve a reincidir. De diez, nueve no reinciden. “La educación es una variable de transformación, devuelve dignidad, derechos y oportunidades. En este caso se hace una inversión transformadora”, detalló.

Fueron más de 200 horas reloj entre las clases y el tiempo que les llevaba realizar las tareas extracurriculares, nos comentó Macarena. Desde la Red agregaron que hubo muy buen rendimiento: se inscribieron 33 personas y se recibieron 25; fue muy poco el índice de deserción. En la mayoría de los casos, quienes abandonaron fue por motivos como el traslado, libertades o arrestos domiciliarios, no por decisión voluntaria.

“Presentamos el proyecto junto con el Centro de Estudios Sociales (CES), el Centro Cultural Universitario y la Red de Derechos Humanos y ganamos la convocatoria. Esto permitió esta planificación. Nos pareció que era un desafío importante. Lo que todavía no hay es trayectoria, no hay una política clara, más allá de un grupo con buenas intenciones”, aclaró Macarena.

La Diplomatura se desarrolló en el Penal N°1 porque es el que más población posee. Hay más de 600 hombres presos allí con condena firme. Para la Red de Derechos Humanos significó “un desafío romper la lógica de priorizar la seguridad por sobre la educación”. Asimismo, generar este dispositivo de traslados, así como integrar mujeres con hombres y personas de distintas unidades penales (cosas que no son lo habitual dentro del sistema penitenciario) significó para todes una victoria.

“Esta era la posibilidad de encontrarnos con lxs que están produciendo para conocer su realidad, y con eso perfeccionar la propuesta, aunque está dirigida en específico a lxs que están adentro, porque el único derecho que se pierde es la libertad, los otros deberían ser respetados”, dice Macarena.

En Ni una Menos: No están todas faltan las presas decíamos que “las mujeres y disidencias que se encuentran en situaciones de encierro muchas veces son invisibilizadas en las luchas por los derechos”. “Muchas de ellas son el sostén de sus familias”, agrega Macarena. “Los muchachos y las chicas destacaron la oportunidad que se les dio y el profundo interés porque se generen instancias de formación, capacitación y de acceso a la educación, porque hace tres años atrás no había más que alfabetización, escuela primaria, secundaria y alguna capacitación en oficios”, señalaron desde la Red.

En módulos teóricos se dictaron clases y talleres sobre Economía Popular, Trabajo, Filosofía y Comunicación. También hubo talleres vinculados a marketing, diseño de mercado, narrativa, gestión cultural y dibujo. Por otro lado se organizaron en torno a esta experiencia ferias en la Extensión Universitaria con la presencia de alumnxs que llevaron la producción de sus emprendimientos y en el curso de esas ferias hubieron otras capacitaciones: “Uno de los muchachos que hace encuadernación dictó un taller con muy buena participación de alumnos de una escuela secundaria. También una de las chicas del Pelletier dictó un taller sobre tejido de bolsas con materiales reciclados”, destacaron desde la Red.
ESTIGMATIZACIÓN LEGAL

“La idea es que la experiencia que cada unx transite genere nuevas formas de aportar desde su lugar y así que la educación universitaria vaya llegando a los lugares donde no llegó todavía”, dijo Edgar Billordo, estudiante de Relaciones Laborales y miembro de un grupo de investigación sobre Economía Popular, quien participó como docente. “La ley de cooperativas te limita en algunas cosas, por ejemplo, las personas que tengan antecedentes penales no pueden formar parte del consejo directivo como por diez años. A partir de eso intentamos dar un debate para demostrar cómo una vez que recuperan la libertad se les sigue privando derechos a través de la estigmatización legal”, señaló.

El aula en donde se desarrollaron las clases es un espacio que recuperó Yahá Porá. Nos contaron que ahí hacen el Plan Fines, capacitaciones, talleres y en este caso la Diplomatura: “El día que dimos la primera clase dijo Edgar no estaba une de les alumnes inscriptes en la Diplomatura porque le habían dado la libertad. Entonces la ausencia fue buena noticia porque representaba que salió una persona. No me interesa saber qué había hecho. Pensar que te vas a encontrar con toda clase de gente. Mi imaginario de la cárcel era lo que vi en Tumberos y en el Marginal. En cambio, estas eran personas que venían a educarse”.

Hace poco el reconocido escritor y realizador audiovisual, César González, expresó su opinión sobre las ficciones que cuentan historias sobre la marginalidad o los contextos de encierro. El cumplió una condena de cinco años en prisión, fue allí donde centró su atención en la literatura y ese fue un puntapié para desarrollar una carrera vinculada al arte sin perder el pensamiento crítico.

“Ojalá algún día -dijo César – dejen de pretender de los espectadores sólo una onomatopeya que diga ¡Guauuu! A mi entender, la marginalidad no es ningún espectáculo circense, la cotidianidad carcelaria es de una tristeza que asfixia, hay millones de seres humanos allí dentro sometidos a las torturas más inimaginables y oscuras, que ya habían nacido en una clase prisionera de todas las ausencias y que la cárcel sólo continúa una pena ya dispuesta previamente al nacimiento”.

25 personas recibieron el título de la “Diplomatura en Economía Popular” de la Universidad Nacional del Nordeste

La provincia de Corrientes es un ejemplo de la alta tasa de hacinamiento que se observa en cárceles a nivel nacional. A esto se suma el deterioro de las instalaciones, la permanente violencia institucional y la falta de recursos que hace que cumplir la condena resulte inhumano. Pensar nuevas maneras de relacionar conocimiento con transmisión de herramientas como en ese caso no sólo plantea acercar conocimientos teóricos sino más bien proveer de recursos a sectores que se ven desfavorecidos por las condiciones socio económicas desde antes de ingresar al penal, las cuales se acentúan cuando recuperan la libertad.

Macarena Díaz Roig, licenciada en Comunicación social e investigadora, fue una de las coordinadoras de la Diplomatura: “La economía informal representa un tercio de la población del país, es una cifra muy grande. La parte del penal es lo más excluido que hay y más complicado porque están en un contexto en el que pierden el derecho a estar libres”, explicó al comenzar la charla con Cara Tapada.
“La educación es una variable de transformación, devuelve dignidad, derechos y oportunidades. En este caso se hace una inversión transformadora”

“Hay delitos -dice Macarena – en todas las clases sociales, pero él o la que llega al penal es quien no tiene recursos para poder defenderse. La población mayoritaria (que es alrededor del 80 por ciento o más) son personas de clases bajas. A eso le sumamos que las estadísticas demuestran que muchos no poseen formación académica, ni siquiera primaria en algunos casos. Hay que ver cómo el Estado devuelve esos derechos, que son herramientas para no volver a caer en la cárcel. Tener otro tipo de vida, otra alternativa”. Según las cifras que se recolectaron durante estos años de trabajo, la persona que estudia una carrera no vuelve a reincidir. De diez, nueve no reinciden. “La educación es una variable de transformación, devuelve dignidad, derechos y oportunidades. En este caso se hace una inversión transformadora”, detalló.

Fueron más de 200 horas reloj entre las clases y el tiempo que les llevaba realizar las tareas extracurriculares, nos comentó Macarena. Desde la Red agregaron que hubo muy buen rendimiento: se inscribieron 33 personas y se recibieron 25; fue muy poco el índice de deserción. En la mayoría de los casos, quienes abandonaron fue por motivos como el traslado, libertades o arrestos domiciliarios, no por decisión voluntaria.

“Presentamos el proyecto junto con el Centro de Estudios Sociales (CES), el Centro Cultural Universitario y la Red de Derechos Humanos y ganamos la convocatoria. Esto permitió esta planificación. Nos pareció que era un desafío importante. Lo que todavía no hay es trayectoria, no hay una política clara, más allá de un grupo con buenas intenciones”, aclaró Macarena.

La Diplomatura se desarrolló en el Penal N°1 porque es el que más población posee. Hay más de 600 hombres presos allí con condena firme. Para la Red de Derechos Humanos significó “un desafío romper la lógica de priorizar la seguridad por sobre la educación”. Asimismo, generar este dispositivo de traslados, así como integrar mujeres con hombres y personas de distintas unidades penales (cosas que no son lo habitual dentro del sistema penitenciario) significó para todes una victoria.

“Esta era la posibilidad de encontrarnos con lxs que están produciendo para conocer su realidad, y con eso perfeccionar la propuesta, aunque está dirigida en específico a lxs que están adentro, porque el único derecho que se pierde es la libertad, los otros deberían ser respetados”, dice Macarena.

En Ni una Menos: No están todas faltan las presas decíamos que “las mujeres y disidencias que se encuentran en situaciones de encierro muchas veces son invisibilizadas en las luchas por los derechos”. “Muchas de ellas son el sostén de sus familias”, agrega Macarena. “Los muchachos y las chicas destacaron la oportunidad que se les dio y el profundo interés porque se generen instancias de formación, capacitación y de acceso a la educación, porque hace tres años atrás no había más que alfabetización, escuela primaria, secundaria y alguna capacitación en oficios”, señalaron desde la Red.

En módulos teóricos se dictaron clases y talleres sobre Economía Popular, Trabajo, Filosofía y Comunicación. También hubo talleres vinculados a marketing, diseño de mercado, narrativa, gestión cultural y dibujo. Por otro lado se organizaron en torno a esta experiencia ferias en la Extensión Universitaria con la presencia de alumnxs que llevaron la producción de sus emprendimientos y en el curso de esas ferias hubieron otras capacitaciones: “Uno de los muchachos que hace encuadernación dictó un taller con muy buena participación de alumnos de una escuela secundaria. También una de las chicas del Pelletier dictó un taller sobre tejido de bolsas con materiales reciclados”, destacaron desde la Red.
ESTIGMATIZACIÓN LEGAL

“La idea es que la experiencia que cada unx transite genere nuevas formas de aportar desde su lugar y así que la educación universitaria vaya llegando a los lugares donde no llegó todavía”, dijo Edgar Billordo, estudiante de Relaciones Laborales y miembro de un grupo de investigación sobre Economía Popular, quien participó como docente. “La ley de cooperativas te limita en algunas cosas, por ejemplo, las personas que tengan antecedentes penales no pueden formar parte del consejo directivo como por diez años. A partir de eso intentamos dar un debate para demostrar cómo una vez que recuperan la libertad se les sigue privando derechos a través de la estigmatización legal”, señaló.

El aula en donde se desarrollaron las clases es un espacio que recuperó Yahá Porá. Nos contaron que ahí hacen el Plan Fines, capacitaciones, talleres y en este caso la Diplomatura: “El día que dimos la primera clase dijo Edgar no estaba une de les alumnes inscriptes en la Diplomatura porque le habían dado la libertad. Entonces la ausencia fue buena noticia porque representaba que salió una persona. No me interesa saber qué había hecho. Pensar que te vas a encontrar con toda clase de gente. Mi imaginario de la cárcel era lo que vi en Tumberos y en el Marginal. En cambio, estas eran personas que venían a educarse”.

Hace poco el reconocido escritor y realizador audiovisual, César González, expresó su opinión sobre las ficciones que cuentan historias sobre la marginalidad o los contextos de encierro. El cumplió una condena de cinco años en prisión, fue allí donde centró su atención en la literatura y ese fue un puntapié para desarrollar una carrera vinculada al arte sin perder el pensamiento crítico.

“Ojalá algún día -dijo César – dejen de pretender de los espectadores sólo una onomatopeya que diga ¡Guauuu! A mi entender, la marginalidad no es ningún espectáculo circense, la cotidianidad carcelaria es de una tristeza que asfixia, hay millones de seres humanos allí dentro sometidos a las torturas más inimaginables y oscuras, que ya habían nacido en una clase prisionera de todas las ausencias y que la cárcel sólo continúa una pena ya dispuesta previamente al nacimiento”.

A 20 años del Puentazo que hizo historia, algunos apuntes para hacer memoria

Durante esos dos días (27 y 28) vivimos situaciones inéditas. El pueblo autoconvocado arriba del puente, más allá de las presiones políticas y sindicales, reafirmó mantener el corte hasta que hubieran respuestas. Las asambleas proclamaron, cada hora, con vivas y aplausos el sostenimiento de la justa lucha. Se rechazaban así los “acuerdos” de cúpula realizados entre las autoridades nacionales ( Carlos Menem) y provinciales, (gobierno de coalición, legislativo) y operadores locales. Fue un puente bien auto convocado, con todas las singularidades del movimiento, que quería que se escuchara su propia voz y no la de sus “representantes”, que planteaba que la solución no sólo está en el cambio de ‘personajes’, en el cambio de políticos, sino en el cambiar la manera de hacer y ejercer la política, que buscaba salidas colectivas y no individuales, que tuvo a las mujeres en el primer plano de la lucha, que ejercía formas de control popular y democracia directa, con horizontalidad, con vigilancia y rotación constante del mandato de sus delegados.- Fue en ese corte que lo vimos pasar al histórico caudillo de la política provincial, Pocho Romero Feris, caminando con su maletín y bolso, ciudadano de a pie como todos los que tenían que cruzar al chaco, pese a que había exigido privilegios a las mujeres (en su mayoría docentes) que controlaban los retenes de acceso… “Voy a Bs As a gestionar para uds, señoras”, diría el legislador… “Camine, Pocho…. Camine. Como todos”

Y la noche del 27 al 28, la pasamos arriba del puente. Frío, mate cocido, mazamorra caliente… banderas argentinas. A las 12 de la noche, antes que avanzara el 28, día de la gendarmería nacional un grupo de docentes autoconvocados, esos que ingenuamente creían que la gendarmería de veras custodiaba fronteras, y que de veras velaba por nuestra seguridad, les cantaron el feliz cumpleaños,a los gendarmes que estaban al límite del retén superior del puente, sin prever que estos gendarmes, estaban allí como fuerza represora de las desesperadas demandas sociales de los oprimidos, custodia de los intereses de los grupos de poder. Fue esta fuerza quién reprimió al pueblo de Corrientes tanto el 28 de Julio y luego en la masacre del 17 de Diciembre. Esa misma Gendarmería que hoy la Ministra Bullrich elige para educar en valores “cívicos” a nuestro jóvenes más vulnerables.

A la siesta del 28 de Julio, ya con casi 30 hs de corte ininterrumpido los gendarmes, por orden del Juez Federal Subrogante, Costaguta subieron a acordar un descenso pacifico, para evitar, decían, el desalojo compulsivo. Se acordó un impasse y la promesa autoconvocada de levantar el corte una vez tratada la ayuda federal en el Congreso. Pero arteramente, 120 efectivos de Gendarmería Nacional, los escuadrones 51 de Resistencia, 14 de Las Palmas (Chaco) y 3 de Corrientes, reprimieron a los manifestantes. Con gases lacrimógenos y balas de goma intentaron dispersar a los manifestantes, principalmente docentes autoconvocados, familias, mujeres y niños, que repelieron la agresión con palos y piedras. La batalla fue campal.

Los gendarmes tiraban contra la gente indefensa que corría en busca de protección y la solidaridad de los barrios aledaños (Arazaty, San Benito, Ferre) no se hizo esperar. En instantes fueron miles de correntinos, impulsados por la más profunda indignación, que reaccionaron defendiéndose, una verdadera lluvia de cascotes espantó a los gendarmes haciéndolos retroceder. Recularon en chancletas, dejando en el camino escudos y cascos, que fueron tomados como trofeo pòr los manifestantes. Eran enarbolados, en señal de triunfo, mientras están vez, con bronca y furia se le cantaba nuevamente el Cumpleaños feliz” a la gendarmería, señalando con sorna el papelón militar.-

Como resultado de la represión hubo una víctima grave: Juan Alberto Pereyra, trabajador estatal y estudiante de comunicación social, que sufrió hundimiento de rostro con pérdida de dientes, por el estallido en plena cara de una granada de gas (al intentar cubrir a unos niños que se encontraban en la empalizada de acceso al puente). Trabajadores municipales, empleados estatales, docentes y desocupados recibieron atención médica a consecuencia de los balazos de goma y la acción tóxica de los gases. Algunos gendarmes terminaron con heridas contusas por las pedradas que los obligaron a replegarse. Juan Pereyra falleció hace ya seis años comprometido luchador social siempre con su dignidad intacta, pero sus lesiones impunes de toda justicia, social, o política.

Luego llegaron autoridades y funcionarios, anunciando la gestión realizada ante la Nación, que no sería más que la tristemente famosa “Ingeniería Financiera” con nuevos ajustes para el pueblo correntino.- En este escenario de piedras, humo, gases, vimos a las compañeras, indignadas, furiosas, arremeter contra los “caretones” de la represión, algunos recibieron escupitajos en pleno rostro, y a otros, las mujeres les recriminaban su cobardía, agarrándolos de los testículos “si total, no tenés huevos”, decían.

Estas son las imágenes y las enseñanzas del 27/28 de Julio del 1999. Aprendimos, con nuestro cuero, que la solidaridad como pueblo, aparece cuando es agredido en su Dignidad, como así comprobamos, que para “conmover” al poder ante las necesidades extremas de un pueblo son necesarias medidas extremas, como lo son los cortes de puentes, rutas y calles. En la represión del ‘ 99, esta de julio y luego en Diciembre, se reprimió para escarmentar y de paso desmovilizar y evitar una resistencia activa de la población a las medidas que después se anunciarían. A veinte años afirmamos que aunque pasan los gobiernos, la represión siempre queda. Ayer y hoy las fuerzas represivas apuntando a acallar a sangre y fuego los reclamos por salarios, justicia y dignidad. Quedan historias como esta, imágenes, enseñanzas y mucho camino por recorrer.

El registro de este “Puentazo” el 28 de Julio de 1999, es también un homenaje al fotógrafo, Miguel Fleitas, fallecido unos años después.

Se abre una nueva instancia en la causa Las Marías

Las detenciones y secuestros de dirigentes sindicales, desde abril de 1976 hasta los hechos de julio de 1977, donde más trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos, constituyen delitos de lesa humanidad, en los cuales existen fuertes y variadas evidencias de responsabilidad por parte de la empresa y, particularmente, de Adolfo Navajas Artaza, quien era en ese entonces su presidente.

Por medio de la instrucción realizada en la causa Expte. N° 2526/1976, se materializan las detenciones de los dirigentes gremiales la intervención de las instituciones sindicales, la información necesaria para profundizar las tareas de inteligencia secuestrando la nómina de afiliados, y toda la información que obtiene por medio de las testimoniales de la causa, donde se interroga sobre‖ “Si los imputados (Acuña/Franco y Aguirre), hicieron reuniones con el personal del Establecimiento las Marías.

La persecución y detenciones quedo también plasmado en las planillas de personal aportados por la empresa Las Marías agregados a autos, donde puede advertirse que de una planta de personal de 1233 para el año 1975 disminuye a 1150 para el año 1976.

Lo más relevante de esas declaraciones juradas lo constituyen las marcas sobre cada uno de los nombres del personal de Las Marías de los años en análisis, los que se corresponden con las de los obreros que fueron víctimas de ilegítimas detenciones, desapariciones y despidos, corroborando la existencia de un aporte especifico de información, que necesariamente tuvo que proporcionar el cuerpo directivo de la empresa, ya que por sí misma las fuerzas represivas no pudieron haberla obtenido.

Otro elemento a valorar es el que aporta una de las víctimas, el Sr. Juan Gómez al revelar la presencia de las fuerzas de seguridad en el interior del establecimiento una vez desarticuladas las organizaciones gremiales, y la orden impartida por el presidente del establecimiento en presencia del Capitán Sacco, de que se terminaban los sindicatos, evidenciando el aporte de la estructura organizacional de la empresa a las fuerzas represivas para la realización de los secuestros.

En el presente caso, la responsabilidad de la empresa y particularmente de su presidente, Adolfo Navajas Artaza, en crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus trabajadores, se desprende como ya se ha dicho de los testimonios respecto de los hechos, de las causas armadas contra los detenidos a modo de legalización de los procedimientos ilegales de secuestro, de la provisión de información, recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos, la presencia de personal policial participante de esos hechos dentro de la empresa de manera permanente, la pertenencia gremial de la mayoría de los trabajadores víctimas, las acusaciones de sabotaje en el marco de actividades subversivas que realizó la propia empresa contra sus empleados.

El análisis integral de la causa y sus expedientes acumulados como prueba, nos llevan a la convicción de un grado de involucramiento empresarial en las políticas dictatoriales represivas, que ampliamente superan las figuras de la complicidad.

La Argentina a partir del juzgamiento en estos procesos ha logrado conocer la verdad sobre el accionar del aparato represivo durante el último golpe militar, y al mismo vislumbrar que algunas empresas no tuvieron roles pasivos en las decisiones, sino todo lo contrario compartieron la responsabilidad en el entramado social, político y económico de un país claramente definido de ante mano: transformar el sistema económico del país, y para ello entregaron información relevante, como listas, direcciones, todo lo que era necesario para definir el perfil del oponente a destruir, tareas a las que se avocaban las fuerzas represivas.

Este contexto general y lo expuesto en particular permite por un lado situar los hechos dentro del ataque generalizado y sistemático del que fue objeto parte de la población civil por las fuerzas represivas y por otro la participación del presidente y de los directivos de la empresa Las Marías.

Es por ello que concretamente este Ministerio Público entiende que debe ser responsabilizado el Sr. Adolfo Navajas Artaza por las privaciones ilegítimas de la libertad agravada sufrida por Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena.

  • Justicia para Virasoro – Corrientes*

Hilda Presman fue elegida personalidad del año en reconocimiento a su lucha por los más vulnerables

Hilda Presman fue elegida personalidad del año en reconocimiento a su lucha por los más vulnerablesHilda Presman fue elegida personalidad del año en reconocimiento a su lucha por los más vulnerables

(Por Oscar Castelnovo/APL) La organización del «Festival de Cine Guácaras 100% Regional» distinguió, días atrás, a la titular de la Red de Derechos Humanos Corrientes, Hilda Presman,como «Personalidad del año 2018» por su militancia en apoyo a los oprimidos en este sistema de crueles desigualdades. Como se sabe, el «Guácaras», que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Santa Ana, estimula las realizaciones fílmicas de la región e incluye de modo protagónico las producciones que emergen de los sitios de encierro. Por caso, Jahá Porá, colectivo de artistas y artesanos de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes es parte de constitutiva del Festival.
A la vez, cabe recordar que Hilda es periodista de la Agencia Para la Libertad desde su misma fundación y una compañera que, diariamente, milita en el Penal 1 y en la cárcel de mujeres, Instituto Pelletier «Hermanas del Buen Pastor», enfrentando la adversidad que esta decisión implica. Precisamente, en estás cárceles de mala muerte la devastación de la entidad humana es la política que el sistema descarga sobre unxs 1000 presxs de la provincia.
Como lo ha reiterado esta Agencia, los sitios de encierro son un gran afluente que, junto a las chicas secuestradas y desaparecidas para la prostitución, el gatillo fácil, la represión a los pueblos originarios, la trata de niñxs o el hambre, entre otras dinámicas genocidas, afectan a la región y a todo el país. Queda claro que Hilda Presman no eligió un enemigo fácil para combatir ni goza de las mejores condiciones para hacerlo. Es una guerrera que resiste y pelea cada jornada y un ejemplo para todxs nosotrxs. Por ello, consideramos el reconocimiento a nuestra Hilda un cabal acto de justicia. ¡Gracias al Guácaras y un fuerte abrazo, querida compañera!

Hilda Presman fue elegida personalidad del año en reconocimiento a su lucha por los más vulnerables

(Por Oscar Castelnovo/APL) La organización del «Festival de Cine Guácaras 100% Regional» distinguió, días atrás, a la titular de la Red de Derechos Humanos Corrientes, Hilda Presman,como «Personalidad del año 2018» por su militancia en apoyo a los oprimidos en este sistema de crueles desigualdades. Como se sabe, el «Guácaras», que se lleva a cabo cada año en la ciudad de Santa Ana, estimula las realizaciones fílmicas de la región e incluye de modo protagónico las producciones que emergen de los sitios de encierro. Por caso, Jahá Porá, colectivo de artistas y artesanos de la Unidad Penal N° 1 de Corrientes es parte de constitutiva del Festival.
A la vez, cabe recordar que Hilda es periodista de la Agencia Para la Libertad desde su misma fundación y una compañera que, diariamente, milita en el Penal 1 y en la cárcel de mujeres, Instituto Pelletier «Hermanas del Buen Pastor», enfrentando la adversidad que esta decisión implica. Precisamente, en estás cárceles de mala muerte la devastación de la entidad humana es la política que el sistema descarga sobre unxs 1000 presxs de la provincia.
Como lo ha reiterado esta Agencia, los sitios de encierro son un gran afluente que, junto a las chicas secuestradas y desaparecidas para la prostitución, el gatillo fácil, la represión a los pueblos originarios, la trata de niñxs o el hambre, entre otras dinámicas genocidas, afectan a la región y a todo el país. Queda claro que Hilda Presman no eligió un enemigo fácil para combatir ni goza de las mejores condiciones para hacerlo. Es una guerrera que resiste y pelea cada jornada y un ejemplo para todxs nosotrxs. Por ello, consideramos el reconocimiento a nuestra Hilda un cabal acto de justicia. ¡Gracias al Guácaras y un fuerte abrazo, querida compañera!

En la última década se registraron 33 muertes en cárceles y comisarías

En el Centro Cultural Universitario (CCU) se presentó, días atrás, un informe que contabiliza las muertes que se dieron por el aparato represivo del Estado en Corrientes, elaborado por el Observatorio de Conflictos Sociales en el Nordeste Argentino (Ocso-NEA) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) y la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Se trata de un estudio preliminar que analiza los hechos ocurridos entre 2008 y 2018, en el que se destaca que, en ese lapso de tiempo, en la provincia se registraron 59 decesos que se dieron “bajo responsabilidad del aparato represivo del Estado (…)” tanto “por acción (directa o indirecta) como por omisión”.
Específicamente, 33 de esas muertes (el 56%) se dieron en lugares de encierros como ser cárceles o comisarías, considerando que las defunciones se originaron “por cualquier causa mientras sus vidas (la de los internos o detenidos) están a cargo de la administración penitenciaria” o policial. “De ese subtotal determinamos que predominan las muertes por abandono, que se dan principalmente en las cárceles, aunque también hay un alto número de personas ahorcadas en comisarías”, señalaron, y subrayaron que “seis de cada diez” de estas muertes “ocurrieron en cárceles provinciales administradas por el Servicio Penitenciario”.
En cuanto a las modalidades que llevaron a estos decesos, se registraron nueve abandonos, cuatro apuñalamientos, tres ahorcamientos, una tortura y una quemadura. “Las muertes por abandono duplican a los asesinatos entre internos que, por cierto, son acciones violentas entre la población carcelaria que el Servicio Penitenciario necesariamente propicia”, sostiene el estudio.
Además, en cuanto a las localidades donde se dieron estos hechos, se resalta que el 59% ocurrió en Capital, con la aclaración de que “el 90% de la población penitenciaria está distribuida” en esta ciudad, así como en Riachuelo y San Luís del Palmar.

“Gatillo fácil”
Las muertes provocadas por acción de las fuerzas de seguridad representan el 44% de los casos relevados, teniendo en cuenta que aquí se puede encontrar como causas al “gatillo fácil” (“ejecuciones y fusilamientos de personas por parte de las fuerzas represivas del Estado mediante el empleo del armamento suministrado por este”), las muertes en operativos (“en contextos en que la víctima es seguida o asediada por uno o varios agentes”), los femicidios (comunes y vinculados) provocados por agentes, las peleas intrafamiliares, las desapariciones forzadas y las golpizas. En este aspecto, el “gatillo fácil” es el que mayor número de decesos provocó (17%).

Vale recordar que el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, había indicado a este medio que el “gatillo fácil” no era un tema preponderante en Corrientes, asegurando que porcentualmente los homicidios en esta jurisdicción “tienen menos del 1%, mientras que la media nacional es de 5%” (calculando un asesinato cada 100 mil habitantes).

Respaldo
Las entidades que elaboraron el informe señalaron que el mismo se trata del “avance de un trabajo de mayor envergadura que se halla en proceso de desarrollo”, con el que se busca comparar estos números con los de la región. En diálogo con El Litoral, desde el Ocso explicaron que el objetivo es brindar a las organizaciones sociales un respaldo estadístico a sus reclamos por las condiciones de las cárceles correntinas, las cuales suelen ser denunciadas frecuentemente por la Red de Derechos Humanos, por ejemplo, así como por el accionar indebido de las fuerzas de seguridad.

El Correntinazo que cuestionó a la casta política y anticipó la crisis nacional del 2001

Los procesos históricos son largos, con avances y retrocesos, y estas rebeldías primarias no lograron plasmarse , el sistema se recompuso y produjo castigos ejemplificadores. Sufrimos una feroz represión por parte de fuerzas de Gendarmería que generaron en la madrigada del 17 de diciembre de 1999, un operativo de pinzas por tierra y agua, en las inmediaciones del Puente General Belgrano, con sabotaje previo y la ciudad a oscuras. Los autoconvocados, y los vecinos de la zona que se acercaron a defender “territorialmente” a sus compueblanos, resistieron en la Avenida 3 de abril por casi 10 hs, a los gases, balas de goma y de plomo de la gendarmería. Jornada que culminó con treinta heridos por bala de plomo, decenas de presos y la muerte de Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Luego vino la intervención federal de Ramón Mestre, que permitió que permanezcan en el poder quienes están hace casi 20 años, y en este lapso, muchos de los destinatarios del que se “vayan todos”, volvieron y se apoltronaron.-

Es por eso tan difícil sostener el reclamo, la memoria por los sucesos del ’99, que sabemos han marcado un antes y un después en el pueblo correntino.

Desde lo judicial, estuvimos derrotados de entrada. El amparo del poder, el encubrimiento y la complicidad hicieron posible que esté a cargo de la causa federal, el propio juez que ordenó la represión, junto con el entonces ministro del interior. El Juez Carlos Soto Dávila, nunca investigó, nunca escuchó a los testigos-víctimas que llevan las balas en su cuerpo, nunca se hicieron pericias en carteles y árboles de la avenida, cuyos impactos de balas, señalan claramente la orientación de los disparos, desde donde estaba asentada la gendarmería. Estas pericias –no hechas – desmitifican el relato oficial, de que nos matamos entre nosotros y no la gendarmería asesina. Soto Dávila cito como testigos a quienes debiera haber imputado (Comandante Ricardo Chiappe y ex Ministro Federico Storani) y así garantizo la protección de sus cómplices. Favor con favor se paga; Luego, el ex ministro del interior Federico Storani, como legislador fue miembro del Consejo de la Magistratura, garantizo impunidad ante posible juzgamiento político por este hecho. Hoy, la vida da sorpresas, y los favores de los gobiernos de turno requieren recambio de figuritas. Este juez corrupto perdió el favor de los que estaban y los que vienen quieren favorecer a otros. Hoy está al borde del juicio político por hechos de corrupción en torno a causas de narcotráfico. Pero el hecho de haber ordenado matar al pueblo correntino autoconvocado sigue impune. Este hecho no se menciona ante el Consejo de la Magistratura. El poder sigue protegiendo sus mecanismos de represión contra el pueblo.

Ante la falta de justicia a nivel federal, en el año 2005, la CORREPI, con el acompañamiento de organismos de derechos humanos locales, patrocinó las denuncias de 15 de las 30 familias víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde su admisibilidad , dos años después, y hasta la fecha, pasaron gobiernos de todos colores, y aún se tiene a los familiares, víctimas y damnificados, que sí, que sí, que el Estado se hace, te juro que se hace cargo!, pero no pasa nada. En 2012 Cristina Fernández de Kirchner anunció en Itatí, Corrientes, el acuerdo de solución amistoso y la admisión del reconocimiento de la responsabilidad política de esa represión. Mas allá del discurso, recién en 2014 se promulgó el decreto reconociendo la responsabilidad estatal y se designaron dos de los tres árbitros que deben determinar los daños y las reparaciones correspondientes. En febrero de 2016, Macri cumplimenta la instancia de hacer público este decreto y seguir con las acciones pertinentes.

Hoy, diciembre de 2018 (cuatro años más tarde y a 13 años del inicio de la presentación) la CIDH comunica que el estado argentino, y la querella han acordado la designación el famoso tercer árbitro.

Toda esta causa internacional ha tenido el peso principal de las acciones en las víctimas y sus patrocinantes, puesto en exigir al Estado Nacional ( en todas sus expresiones políticas de los últimos 13 años) acciones, reclamar reuniones, mandar cartas a Cancillería, a la Comisión Interamericana, y creemos ¿por fin! que estamos en las instancias finales en relación a la cuestión arbitral.

En el camino han quedado manipulaciones de las víctimas, apropiamientos ilegítimos de los reclamos y usos políticos varios, discursos inflamados, saludos con “sombreros ajenos”, e inacciones varias en lo que hace a reparación de calidad de vida, salud, vivienda .

El gobierno provincial, tendrá aún que acordar, con el gobierno nacional la articulación de respuestas a la grave situación socioambiental y de salud de las víctimas y su núcleo familiar. Es decir , proveer de soluciones concretas a sus necesidades materiales y de salud física y mental. En estos años, varios de los demandantes han fallecido ( Tony Alegre, José Luis Talavera) otros transitan graves problemas de salud, de vivienda.

Las pensiones asistenciales a las familias de Mauro y Francisco, no han tenido actualizaciones en estos años y tienen el irrisorio monto de 900$ .

Estos planteos, sistemáticamente se hicieron a los responsables del gobierno (nacional y provincial) de estos largos 19 años y aún no han tenido la respuesta adecuada.
Eso sí, de los políticos de entonces, toditos, todos, se reciclaron y están en la función política como si tal cosa. La justicia, y la verdad, brillan por su ausencia.

Hilda Presman – Red Corrientes Derechos Humanos.
Corrientes, 17 de Diciembre 2018
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Otro intento de suicidio en la cárcel para mujeres «Instituto Pelletier -Hermanas del Buen Pastor»

Reglas de Bangkok- Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes.

f) Prevención del suicidio y las lesiones autoinfligidas
Regla 16
La elaboración y aplicación de estrategias, en consulta con los servicios de atención de salud mental y de asistencia social, para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo
adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo deberán formar parte de una política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres.

Las investigaciones en algunos países indican que las mujeres pueden estar en mayor riesgo de daño a sí mismas o de intentos de suicidio en comparación con los hombres encarcelados, debido a los niveles más altos de enfermedades mentales y adicciones a las drogas entre las mujeres encarceladas y, también, a los efectos perjudiciales del aislamiento de la comunidad sobre el bienestar mental de ellas. Estas normas, por lo tanto, prevén las medidas adecuadas para salvaguardarlas contra tales actos.

Cabe destacar que un elemento fundamental de las estrategias para reducir los incidentes los suicidios consisten solo de soluciones técnicas, como remover los artículos que pueden ser utilizados para el suicidio, la implementación de restricciones adicionales para reducir las posibilidades de suicidio, que no hacen énfasis en la causa de angustia mental, que resultan en actos de suicidio o autolesiones. Esas precauciones pueden en muchos casos empeorar la situación.
Debe hacerse un énfasis en que el elemento fundamental de las estrategias para reducir los incidentes de autolesiones y suicidios en las prisiones, es crear un ambiente que no sea perjudicial para el bienestar mental de los internos. Paralelamente a la identificación y a la supervisión de los presos “en riesgo” y al trato individual que se les provee, es necesario que los directores y el personal penitenciario adopten una actitud positiva y proactiva para elevar la moral en la cárcel, con el fin de reducir los incidentes de autolesiones y suicidio

ES ORIUNDA DE PARAGUAY
Otra interna del Pelletier se tragó una bombilla y debió ser operada de urgencia
Se trata de una joven de 22 años que permanecía alojada en la Unidad Penal N° 3 a disposición de la Justicia Federal. Es el segundo caso en menos de 30 días con el agravante de que la anterior mujer murió tras complicaciones en su salud.

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-11-6-4-0-0-otra-interna-del-pelletier-se-trago-una-bombilla-y-debio-ser-operada-de-urgencia

Otra joven mujer alojada en la Unidad Penal Nº 3 “Instituto Pelletier” ubicado por Pellegrini casi San Luis tomó en las últimas horas la drástica decisión de tragarse una bombilla. Por el hecho debió ser intervenida quirúrgicamente y ahora se halla en observación, confirmaron fuentes oficiales.

El caso toma resonancia teniendo en cuenta que hace menos de un mes murió otra interna que permanecía alojada en la misma unidad penal, como consecuencia de las mismas circunstancias.
En esta oportunidad, se trata una mujer de 22 años, identificada como Andrea Ferreyra López de nacionalidad paraguaya que estaba a disposición de la Justicia Federal.

Por causas que aún se desconocen el pasado jueves 1 de octubre habría tomado la decisión de ingerir una bombilla, mientras se hallaba en su celda donde compartía espacio con otras dos internas que fueron quienes alertaron a las autoridades sobre lo que había ocurrido.

Frente al hecho, el personal del Servicio Penitenciario actuó con celeridad y activó los mecanismos para llevar a la joven con carácter de urgente hacia el Hospital Llano, donde fue intervenida quirúrgicamente.
Los médicos que la operaron, habrían extraído el elemento extraño del organismo, tras lo cual la mujer quedó alojada en uno de los box del centro de salud en observación profesional y bajo estricta custodia policial.
Si bien sucedió la semana pasada, recién trascendió en la jornada de ayer.

Antecedente
El hecho encendió una luz de alarma entre las autoridades de dicho instituto y de la Justicia, teniendo en cuenta que el pasado 8 de octubre murió una mujer a causa de las complicaciones que le causaron haber ingerido también una bombilla.
Se trataba de María Emilia Frette de 30 años quien había tragado el elemento metálico el pasado 19 de septiembre. El propio director del Hospital Vidal, Horacio Sotelo, había explicado que “la paciente, de apellido Frette de 30 años, ingresó el miércoles luego de haberse tragado una bombilla y se le realizó un tratamiento para que siga circulando”.

En cuanto a la causal del deceso relató que “la interna sufrió una perforación que causó una peritonitis masiva. Se realizaron maniobras, pero finalmente falleció como consecuencia de la sepsis”. Por ora parte había admitido que “Frette era una paciente consuetudinaria. Ingresó varias veces, una vez con politraumatismos, otra por intoxicación”.

El dato

El pasado 8 de octubre murió en el Hospital Vidal una mujer de 30 años a causa de las complicaciones que sufrió por haber ingerido

María Elena Frette y el encierro que mata

Su estado se fue agravando, dejó de comer, estaba doblada por el dolor, sus compañeras de cautiverio la cuidaban y se desesperaron avisando a quien quisiera oír que agonizaba en la celda. Intentaron llevarla a otro hospital, el Llano, pero trabas burocráticas, vinculadas a su derivación, impidieron que fuera asistida allí. Finalmente, tras largos 15 días , en estado de shock, fue internada y operada , en el Hospital Vidal, el domingo 7 y falleció esta madrugada.
Una muerte mas, bajo la responsabilidad del estado, que la encarceló. Los “suicidios” bajo custodia no son mera decisión autonómica, individual de quien “libremente” resuelve quitarse la vida. Es el encierro el que mata. Para María Elena, no hubo salvaguarda a su integridad física, a su integridad psicológica, a su derecho a la salud, a una asistencia hospitalaria adecuada. Su condición de privada de libertad, solo garantizó desidia, y desatención. Total, era solo una mujer presa, que ya había tenido intentos de suicidio, y autolesiones… A quien le importa… si solo es un legajo que está(ba) en los márgenes del sistema.