El 30 de abril del 2020, en un contexto de pandemia ultra represivo bajo la excusa de “cuidar”, Facundo fue visto por última vez mientras era subido a un patrullero por agentes de la Bonaerense. La desaparición forzada seguida de muerte de Facundo continúa impune. Desde el inicio la causa estuvo rodeada de mentiras, desviaciones, eliminación de pruebas y hostigamiento y amenazas a familiares y amigues de Facundo. No podemos dejar de mencionar que el propio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia, se tomó 65 días para apartar de la causa a la Bonaerense, principal sospechosa de este crimen. Todas las pruebas indican que los autores materiales de la desaparición seguida de muerte de Facundo son los policías bonaerenses Siomara Flores, Alberto González, Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhuinca.

En un contexto donde cada vez más se utiliza el eufemismo de violencia institucional queremos señalar que el crimen de desaparición forzada es un crimen federal e internacional, que tiene al Estado como responsable. Por eso la responsabilidad cae no solamente sobre la bonaerense, el ministro Berni y el gobernador Kiccilof, sino también sobre todo el Estado nacional, incluido el presidente Alberto Fernández.

La consideración por el derecho internacional de la desaparición forzada como una violación de múltiples Derechos Humanos y crimen de lesa humanidad, considera como parte fundamental del delito la negativa del Estado a reconocerlo, prolongando y agravando sus consecuencias para las víctimas y sus familiares.

Tengamos en cuenta que, tras la autopsia de Facundo, denunciada por la querella por incumplir y violar los protocolos y convenios internacionales, disminuyó notablemente la difusión del caso en los medios hegemónicos.

La autopsia fue realizada sin tener en cuenta el contexto en el que desapareció y fue asesinado, pero sabemos de sobra que hay mucha información que confirma que Facundo tuvo contacto varias veces a lo largo de su desaparición con efectivos de La Bonaerense.

Creimer, la única perito que no firmó el informe forense, cuestiona, en un largo escrito, que la custodia del cuerpo y la ropa de Facundo no debió estar a cargo de la fuerza policial; destaca que una de las zapatillas del joven hubiera sido hallada en perfecto estado junto a restos esqueletizados, y que un cabello en un patrullero coincidiera con el ADN del joven. Cree que sus restos fueron plantados y por eso pidió analizar el agua de las dependencias policiales por donde habría pasado el joven ya que “de las 15 especies de diatomeas que aparecieron en la médula ósea de Facundo sólo cinco coinciden con la toma de agua del lugar donde fue encontrado”. La recolección de agua la hizo la Policía Federal, cinco días después y a 80 metros de donde estaba el esqueleto, acusa.

El tema del agua es definitorio porque sobre ese análisis se basa la certeza de que Facundo murió donde se lo encontró. Sin embargo, el 23 de octubre se ordenó un estudio sobre el estuario con el objetivo de determinar la altura que tuvo la marea en los lugares donde fue hallado el cuerpo, en donde estaba la mochila –bastante más lejos y con la ropa dentro– y donde, según el GPS, reportó un móvil policial. El estudio se encomendó al Instituto Argentino de Oceanografía (IADO-CONICET) y al Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

El pedido lo hicieron Horacio Azzolin y Héctor Andrés Heim, los fiscales especiales adscriptos a la causa desde el 28 de agosto. Ese día, desde el IADO llegó otro documento: “Análisis de la situación en el campo con relación al caso Coirón 46030/2020 – FBB 8640/2020”, algo inusual según los fiscales: un integrante de una de las instituciones presentaba un estudio de campo realizado sin autorización de los investigadores ni control de las partes, en el que sostenía hipótesis y conclusiones que no se le solicitaron. Los fiscales se lo devolvieron.

Pero el 10 de febrero la jueza Gabriela Marrón ordenó al IADO el estudio sobre el estuario. “Eso no implicaba reasumir la instrucción del caso”, se cubrió. Al contrario, Azzolin y Heim entendieron que sí se metía en la instrucción y solicitaron su nulidad. Como Marrón parecía insistir en su convicción, ya insinuada, de que Facundo se ahogó solo, los fiscales señalaron que perdía imparcialidad.

La Cámara Federal de Bahía Blanca revocó entonces parte de la resolución de la jueza que rechazaba medidas de prueba. Los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado dictaminaron que se allanara de nuevo el puesto policial de Teniente Origone donde fuera visto por última vez Facundo. Hicieron constar que, según una testigo, las ropas –telas y una gorra– aparecidas allí habían sido tiradas. Los camaristas ordenaron secuestrar los teléfonos de los efectivos que tuvieron contacto con Facundo aunque no el medio centenar pedido por la querella, que incluía los de Prevención Local en Bahía Blanca, en uno de cuyos patrulleros fue hallada una piedra turmalina de un collar del joven.

Con el reimpulso de las medidas de prueba reaparecieron los hostigamientos, como las amenazas y aprietes que recibió uno de los testigos clave.

Entendemos que se viene instalando cada vez con más fuerza el término “Violencia Institucional” para referirse a hechos represivos producidos por las fuerzas de inseguridad estatales. El concepto mismo de “Violencia Institucional” esconde más de lo que explica: omite el cuestionamiento central al Estado como una forma de organización política y social que reproduce diferentes formas de dominación y represión.

Así la amplitud que se le da al concepto de violencia institucional presenta algunas dificultades no inocentes: iguala prácticas que son esencialmente diferentes. Las violencias y exclusiones en el ámbito de la salud y la educación y en algunos aspectos del servicio de justicia, son cualitativamente distintas a prácticas como el gatillo fácil, la desaparición forzada de personas, el secuestro de pibas para su ingreso a las redes de trata o la lisa y llana represión policial en una marcha.

Partir del concepto de “violencia institucional” no sólo admite la legitimidad de algunas violencias estatales sino que a la vez no permite modificar nada de raíz, ya que alude a supuestos “excesos” de ciertas instituciones como algo a corregir. Y esto no es así: las fuerzas represivas son constitutivamente violentas y tienen una finalidad concreta y específica: la represión es una política y una función específica del Estado.

La lucha por la justicia para Facundo y otras miles de víctimas, y para terminar con este sistema que continúa y va a continuar cobrándose vidas exige que seamos responsables y rigurosos a la hora de entender cuáles son las responsabilidades del Estado en este tipo de crímenes.

JUSTICIA POR FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

BASTA DE DESAPARICIONES FORZADAS

JUSTICIA POR TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL

(Por Julia Callejón/APL) Jujuy pasó de no tener ningún caso de coronavirus a 29 contagiados en pocos días. Más de la mitad de los enfermos pertenecen a la Policía y el rastreo epidemiológico no logra encontrar al paciente cero. En lo que es un secreto a voces, todo apunta hacia la fuerza policial ligada al tráfico de hojas de coca desde la vecina Bolivia ya que en Jujuy no hay cultivos. El tráfico no pudo haberse realizado sin la anuencia del poder político que pidió “no estigmatizar”. Así, la provincia entera regresó a la fase 1 y se suspende la vuelta a clases. (…) Jujuy tiene más del 60% de enfermos actuales dentro de las fuerzas policiales, y prácticamente la totalidad de los demás afectados son amigos, parientes o contactos estrechos de éstos.

El martes pasado a raíz de la aparición de 2 nuevos casos, en la conferencia del COE, el Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, anunciaba la vuelta a la fase 1 para la ciudad capital, sus alrededores y la localidad de Perico. Pocas horas después, al sumar más positivos, la medida se hacía extensiva a toda la provincia.

Es de público conocimiento que uno de estos dos casos es un agente que viajó el día 4 de junio a la ciudad fronteriza de La Quiaca como parte de una comitiva oficial, junto al Gobernador Gerardo Morales, y se sospecha que allí se contagió.  Aunque también hay versiones no oficiales que complican más la situación, porque indican que en realidad el agente, llegó a cruzar a la colapsada Bolivia, para realizar algunas compras y de allí trajo el virus.  Además, esta misión a la frontera, que tenía como propósito concientizar sobre la necesidad de extremar esfuerzos para evitar el paso de ciudadanos bolivianos, impedir la propagación del coronavirus y prevenir la circulación comunitaria, se realizó con un excesivo e innecesario número de funcionarios y ministros, algo que desafiaba la lógica misma de su razón de ser.

Asimismo, el porcentaje notablemente alto dentro de las fuerzas de seguridad, volvió también a la memoria de los jujeños otro hecho reciente: el secuestro de 100 kg de hojas de coca de manos de la policía. El pasado 9 de junio, dos efectivos policiales fueron demorados, luego de que un control de Gendarmería en la localidad de Tres Cruces, les encontrara a un sargento primero y un cabo primero, un cargamento de 100 kilos de hojas de coca fresca. Sin embargo el cerco sobre la información del caso es muy fuerte y aun no se sabe a qué dependencia pertenecían, si efectivamente habían pasado a Bolivia y cuantas veces, ni si se les ha realizado el test PCR, o su resultado. Sin embargo, se sospecha que pertenecen a una red mas amplia y aún es incierto el número de viajes realizados.

Luego de que a principios de abril se confirmara el quinto caso en Jujuy -todos importados- la provincia había permanecido más de 50 días sin nuevos contagios de covid-19, lo que le permitió flexibilizar la cuarentena. Todos los jujeños de estos cinco casos iniciales, que habían contraído la enfermedad en sus vacaciones, habían recibido el alta médica sin mayores inconvenientes. Al no encontrar nuevos positivos, y sin circulación interna, se controlaban a aquellos que ingresaban a la provincia, como repatriados, camiones de abastecimiento y camiones en tránsito.

De este grupo se sumaron 4 contagios (1 repatriado y 3 de personas en tránsito).  Un caso aparte fue el camionero jujeño, que si bien se trató de un contagio importado, porque lo habría contraído en Buenos Aires, el camionero implicó la vigilancia epidemiológica de las personas con las que mantuvo contacto en la localidad de Fraile Pintado, y lamentablemente el paciente falleció.

Pero la falta de casos propios había flexibilizado la cuarentena llevándola a fase 4 y proyectando el regreso a clases. En este contexto se produjo una segunda oleada de contagios, que en menos de una semana arrojó unos 30 casos. En las últimas 24 hs. se sumaron 18 nuevos contagios, sumando un total de 39.  Estos 18 nuevos contagios (todos de transmisión local),  cuentan con 15 policías, un trabajador de la salud y otros dos civiles (de contacto estrecho con uno de los policías diagnosticados a mitad de semana).

Es decir Jujuy tiene más del 60% de enfermos actuales dentro de las fuerzas policiales, y prácticamente la totalidad de los demás afectados son amigos, parientes o contactos estrechos de estos. Surge la duda por esta situación, puesto que Jujuy no es la única provincia que tiene a la Policía en la calle haciendo controles, multando y reprimiendo, pero si es la única que tiene más del 50% de contagiados totales dentro de las fuerzas represivas.  La incógnita es más profunda ante la imposibilidad, que plantea el COE, de hallar la fuente de contagio de estos casos, y más si se piensa que aquí no había circulación social.

En el show mediático del COE, el Gobernador llamo muy rápidamente a “no estigmatizar”, a los nuevos casos. El mismo COE que hace poco tiempo también habló de ponerles fajas a las casas de los posibles infectados, ahora explica que la policía ha contraído la enfermedad por encontrarse en la “primera línea de contagio”. Podemos afirmar que no se tomaron los mismos recaudos para no exponer ni estigmatizar al camionero de Fraile Pintado -un trabajador esencial- cuando se llegó incluso hasta a explicar todas las multas que se le iban a aplicar a él y a su familia, como una forma de amedrentar al resto de la población.

La realidad es que el gobierno pide respeto e indulgencia porque le resulta dificultoso explicar por qué hay tantos casos dentro de la policía, y por ejemplo un solo caso dentro de los profesionales de la salud (que además fue contacto estrecho de un efectivo policial positivo). Es decir, si se contagiaron por estar expuestos al virus por qué solo ellos y posteriormente sus contactos estrechos, son los únicos infectados de la provincia hasta el momento. Es de prever la multiplicación de casos a través de los “agentes” transmisores

(Por Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata) La Policía bonaerense ha convertido en toda una modalidad represiva la “masacre vial”, al pretender resolver a tiro limpio situaciones de persecución sobre vehículos involucrados en delitos o simplemente “sospechosos”. El fusilamiento del joven músico Diego Cagliero en Tres de Febrero y la masacre de los adolescentes de San Miguel del Monte, ocurridas con un día de diferencia en mayo de 2019, son un capítulo más de ese proceder criminal. Al cumplirse un año de aquellos hechos la represión como política de Estado sigue mostrando así una de sus peores caras.

Desde los hechos de la “Masacre de Wilde” de enero de 1994, hasta la “Masacre de Monte” de la que se cumple un año en estos días, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha demostrado que el uso indiscriminado de su capacidad de fuego tiene larga data. En Wilde once agentes de la Brigada de Investigaciones de Lanús, conducida entonces por el inefable comisario Juan José Ribelli, uno de los pilares de la Mejor Maldita Policía del gobernador Eduardo Duhalde, persiguieron dos autos y con la excusa de “confundirlos con delincuentes” descargaron más de 200 disparos sobre sus ocupantes causando la muerte de un remisero, dos de sus pasajeros y un librero que circulaba con otra persona que sobrevivió. Con ocho policías imputados, tras años de dilaciones, un fallo de la Suprema Corte bonaerense que impidió el cierre de la causa y un prófugo capturado en Córdoba en 2014, el hecho iba a ir a juicio en 2020, pero la pandemia del Covid-19 volvió a retasar un debate oral que tardó 26 años. Recordemos en esta triste modalidad la “Masacre de Ramallo”, donde el Grupo Halcón descargo más de 170 disparos en el auto en que los asaltantes del Banco Nación de esa localidad intentaban huir con tres rehenes. La mancha del asesinato de esos rehenes bajo el fuego policial no impidió que Pablo Bressi, aquel día a cargo de las negociaciones, llegara más tarde a ser jefe de La Bonaerense S.A. designado por la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero la gobernadora y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dejaron en su gestión varios hechos truculentos de la misma modalidad.

DIEGO CAGLIERO

El 19 de mayo de 2019 Diego Cagliero y sus amigos músicos fueron a comprar provisiones a un supermercado Día% de Martín Coronado, partido de Tres de Febrero, antes de ensayar con la murga “Los Incurables”. Al llegar a la caja los chicos discutieron con los guardias del comercio porque no les alcanzaba para cubrir todo lo que querían comprar. Entonces decidieron irse en la camioneta en que se desplazaban. La seguridad privada del local avisó a la policía (está en discusión si hubo aviso al 911 y su real contenido) y denunció falsamente que los pibes estaban armados y que habían cometido un robo. Luego de seguirlos con cámaras de seguridad del municipio por varias cuadras les hicieron un cerrojo y los rodearon con patrulleros. Al bajar asustados y con las manos en alto los pibes recibieron un ataque con más de 14 disparos policiales. Diego murió en el acto y su amigo Mauro Tedesco quedó herido. Al instante comenzó la operación de encubrimiento: los policías sacaron fotos de Diego sin vida con un arma plantada y le vendieron a los medios la versión del intento de fuga y fuego cruzado. El intendente del Pro, Diego Valenzuela, felicitó a los efectivos y celebró la muerte de Diego desde su cuenta de twitter. Nada extraño si constatamos que su secretario de Seguridad, Juan Manuel Lucioni, era un fervoroso defensor de la dictadura genocida. Ello Los amigos de Diego fueron detenidos, pero luego liberados, excepto Ángel Bramajo, que sufrió 8 meses de encierro hasta que se consiguió con movilización y lucha que le otorgaran la domiciliaria.

Con la presión de los familiares y amigos organizados se logró que la fiscal Grabriela Disnan realizara las medidas de prueba para comprobar que los pibes no efectuaron ningún disparo, y que la brutal agresión policial la encabezaron los efectivos Darío Montenegro y Rodrigo César Exequiel Canstatt. Este último disparó 14 veces y fue quien ultimó a Diego. Se encuentra procesado y cumpliendo preventiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser personal policial. Su defensa intentó jugar la carta de la pericia psicológica para relativizar su accionar, pero en diciembre pasado se determinó que es claramente imputable. Además Canstatt está involucrado en otro asesinato cometido un mes antes que el de Diego. Sergio Jasi, joven de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero,  murió el 26 de abril de 2019 tras ser detenido por una comitiva encabezada por este policía. Sergio tuvo un brote psicótico, creyó que lo querían matar y se metió en una casa. Los vecinos llamaron a la policía y Canstatt y sus muchachos golpearon a Sergio hasta que quedó inconsciente para meterlo en el patrullero. Los bonaerenses lo llevaron a la Comisaría 11ª de Remedios de Escalada y lo trasladaron ya muerto al hospital. Luego sembraron la versión del intento de robo y posterior linchamiento vecinal. Pero la autopsia determino traumatismo de cráneo y otras heridas en el rostro y el cuerpo. Tras conocerse esos detalles comprometedores Canstatt fue trasladado a la comisaría 5ª de  Eufrasio Álvarez, Tres de Febrero, desde donde persiguieron y ultimaron a Cagliero.

SAN MIGUEL DEL MONTE

Un día después de lo sucedido con Diego la masacre llegó a una pequeña ciudad del sur bonaerense. El 20 de mayo de 2020 la Bonaerense S.A. volvió a mostrar su peor cara al producir la “Masacre de San Miguel del Monte”. Las vidas de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, y las lesiones graves que sufrió Rocío Quagliarello no van a ser en vano. La persecución, los disparos y la brutalidad que desplegaron contra los chicos quisieron ser disfrazados como un simple accidente de tránsito. Armaron el típico entramado de la impunidad policial: una versión oficial de los hechos exculpatoria, sembrado de pruebas, falseado testigos, y hasta mentirle en la cara a los familiares cuando fueron a pedir explicaciones. Pero la verdad salió a la luz: los pibes fueron masacrados a tiro limpio. El hecho también desnudó una trama anterior de habituales maltratos policiales y pedidos de coimas en el pueblo. En la investigación se avanzó en pocos meses lo que en otras tardamos años. Y eso tiene una explicación: primero la movilización popular que llenó las calles con el reclamo. Pero pensemos que la masacre fue tan brutal que en un año electoral la intendenta massista de Monte, Sandra Mayol, la gobernadora Vidal y su ministro de seguridad no querían verse manchados por semejante crimen. Entonces comenzaron a sobreactuar apartando a los policías implicados y dando conferencias de prensa para despegarse del hecho. Sin embargo Mayol, Vidal y Ritondo siguieron en campaña electoral, como si no hubiera sucedido nada.

Los policías asesinos y sus encubridores son Rubén García, Leonardo Ecilape, Manuel Monreal, José Domínguez, Cristian Riguero, Juan Manuel Gutiérrez, Melina Bianco, Héctor Ángel, José Durán, Julio Micucci y Nadia Genaro, a los que se suma el secretario de Seguridad de Monte y ex policía Claudio Ismael Martínez. Recientemente Martínez fue beneficiado con prisión domiciliaria al ser incluido en el grupo con riesgo de vida ante un posible contagio de Covid-19. La causa penal tuvo una instrucción aceptable y antes de la pandemia se esperaba que fuera elevada a juicio a principios de 2020.

Tanto en la causa Cagliero como en el expediente por los hechos de Monte fue la abnegada tarea militante de las familias de las víctimas, como la brutalidad evidente de los hechos, la que logró destrabar la trama de impunidad. En el caso de Cagliero la familia y los amigos de Diego mantuvieron en alto el reclamo de justicia y formaron un centro de acción cultural para desarrollar la lucha antirrepresiva. Los familiares de los chicxs de Monte se organizaron, fundaron una organización social de lucha y hasta marcharon frente a la Gobernación bonaerense para pedir que caigan todos los ejecutores y cómplices de la masacre. Una vez más queda en evidencia que sólo la organización popular independiente del Estado y con los familiares y amigos de las víctimas como protagonistas es la única herramienta que nos queda para hacer frente a tanta muerte desplegada desde el aparato represivo.

CONTINUIDAD DEL “CHOCOBARISMO” DESATADO

El fusilamiento de Cagliero, sumado a la “Masacre de Monte” y a verdaderos exterminios producidos en lugares de encierro como en las comisarías de Pergamino y de Esteban Echeverría, está entre los peores hechos represivos de la gestión de Vidal, Ritondo y su segundo jefe policial Fabián Perroni.

La gestión del gobernador Axel Kicillof mostró, ya antes de la pandemia, que su elección era por la mano dura, al designar al fascista Sergio Berni al mando de La Bonaerense S.A. La situación de emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional vinieron como anillo al dedo al ex militar para echar mano a los palos y las balas para hacer cumplir la cuarentena y volver sobre sus típicas puestas en escena: presencia física en los hechos policiales, declaraciones temerarias en los medios, cifras de delito “a la marchanta” y cortoplacismo para la tribuna que son ya una marca de estilo en Berni . “No hay lugar para los librepensadores, ni para aquellos que crean que esta cuarentena es un concurso de creativos” le dijo con tono marcial a su tropa en la puerta del Ministerio en calle 2 de La Plata y se definió como “un camarada más”. En las últimas semanas realizó una ambiciosa restructuración de la fuerza, ampliando las Superintendencias y reconvirtiendo las Departamentales para poner tropa propia en todo el territorio amparado en la Emergencia de Seguridad que ya habían aprovechado gestiones anteriores para imponer más parches de policialización de la vida de los bonaerenses.

En medio de la situación particular de la pandemia esta será una nueva etapa de la mano dura peronista en materia de seguridad. El kirchnerismo viene de ser responsable de más de la mitad de las 7.000 muertes producidas por el aparato represivo entre 1983 y 2019. Lo ocurrido en los últimos 4 años en materia represiva en la provincia de Buenos Aires es en verdad consecuencia del aval político que Mauricio Macri y Patricia Bullrich otorgaron para que la represión no se vea limitada en sus métodos. El macrismo pasará a la historia como la gestión que llamó a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quisieron que el poder de matar del policía sea moneda corriente y no la excepción. Quisieron convertir a todo sospechoso en potencial “abatido”. Como sostuvimos siempre, repetimos que la “Doctrina Chocobar” no es nueva. La complicidad mediática es clave para estigmatizar a los jóvenes y legitimar la muerte como una “solución” al problema de la inseguridad. Desde los grandes medios se replica el estigma, aumentando y sobredimensionando el delito como fenómeno social, desligándolo de las desigualdades que le dan origen y la discriminación que fomenta la violencia, aún entre los más excluidos.

Las masacres de Martín Coronado y San Miguel del Monte que hoy conmemoramos son sólo una parte de los miles de hechos que cometen día a día las fuerzas represivas del Estado, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el verdugueo, las torturas, las masacres en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, los armados de causas, los operativos de saturación, la persecución a los que luchan y a los que trabajan en la calle. Toda esta situación represiva es lo que denominamos una política de Estado. Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No lo podemos llamar Violencia Institucional, porque no son excesos, ni se trata de un uno o de cientos de loquitos uniformados sueltos. Por atrás de estos hechos hay una decisión política concreta de reprimir. Hay una decisión política concreta de generar el hambre y la desigualdad social que se vive, una decisión de sostener una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado, para después justificar el uso del aparato represivo.

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata abrazamos en estos duros momentos a los familiares y amigos de Diego, de Danilo, de Aníbal, de Camila, de Gonzalo y de Rocío. Las circunstancias de la pandemia en curso y el aislamiento social obligatorio nos impiden estar en la calle para gritar juntos por Justicia. Pero la Memoria no está en cuarentena: las calles volverán a ser nuestro espacio para luchar contra este sistema de hambre y represión que esta vez aprovecha la pandemia para profundizar los dispositivos típicos de una sociedad de control.

JUSTICIA POR DIEGO CAGLIERO, ANÍBAL SUAREZ, DANILO SANSONE, CAMILA LÓPEZ, GONZALO DOMÍNGUEZ, ROCÍO QUAGLIARELLO Y TODOS LES PIBES ASESINADES POR LA REPRESIÓN ESTATAL.

BASTA DE GATILLO FÁCIL.

FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS.

SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.

(APL) En la vereda de  Escuela Primaria Nº 111 Sixto Javier Fajardo, de Gregorio de Laferrere, partido La Matanza, una joven apuñaló a  Grisel Medina (34) y a su hija Diana (8), este viernes, mientras que  las autoridades del establecimiento negaron el ingreso al mismo a la mujer y a la niña, quien es a alumna de ese colegio. “Nos cortó a los en los brazos, con una cuchilla de cocina gigante. Esta vez las heridas no nos mataron, pero ¿qué pasará la próxima? Estábamos aterradas, gritábamos que nos abrieran con desesperación y nos cerraron la puerta. Luego fuimos al comedor y yo pateaba la puerta como una loca, pedía por favor que nos auxilien pero tampoco nos dejaron”, relató Grisel.

La joven que empuñó el arma, afirma Grisel, “es de apellido Gómez y tiene un familiar en la Policía Federal quien, junto a otros uniformados, le pegaron una paliza a mi marido meses antes que lo matara una Policía de la Ciudad, en una clara situación de gatillo fácil, en noviembre de 2018. Mi marido, Hernán, estaba desarmado completamente. Y yo creo que esta nueva agresión tiene relación con el crimen de Hernán, que era un pibe muy querido en el Barrio Zabaleta (Villa 21-24)”.

“Todos estamos muy mal, porque nos siguen violentando. Y es porque luchamos por Justicia por Hernán y porque milito en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Nosotros no queremos vivir así, con esa impunidad, por eso fuimos también a la Gremial de Abogados y nos defiende el doctor Eduardo Soares. Yo estoy convencida que eso les jode mucho y nos agreden una y otra vez, incluso a mi hija de 8 años. !Basta por favor, basta!”, clamó Grisel.

(APL) En la 5° audiencia del juicio por el femicidio de Anahí Benítez, realizada el 2 de marzo, Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de Lomas de Zamora continuó con el intento de condenar a cadena perpetua sin prueba alguna a Marcos Bazán. Desde el 6 de agosto de 2017 el único indicio que sostiene esta acusación es el ladrido de un perro dirigido por el instructor Diego Tula. Este señor ha interpretado que Anahí no salió viva del galpón que se encontraba en el fondo de la casa de Marcos. Esto lo determinó a partir de que “el perro lo miró y le ladró”. Desde ese momento Marcos se encuentra detenido. Lo que se vivió en esa sala fue realmente siniestro. Los jueces Roberto Lugones, Roberto Conti y Elisa López Moyano y el fiscal Hugo Carrión, que en las audiencias previas se dedicaron a hostigar y maltratar a los testigos -incluso a los compañeros de escuela de Anahí-, cambiaron rotundamente su carácter con los testigos pertenecientes a la policía. De pronto, pasaron de ser temibles inquisidores a angelicales condescendientes de los funcionarios policiales. (Fotos: Juan Cicale)

Al momento de la declaración de Diego Tula decidieron justificar, aclarar y hasta reformular las respuestas del guía del perro ante las preguntas de la defensa de Bazán. Literalmente, faltaba que los jueces y fiscales respondieran en nombre del instructor. Además, se dedicaron permanentemente a interrumpir a la defensa cada vez que ésta quería continuar con el interrogatorio.

El rastrillaje realizado por Diego Tula está plagado de irregularidades, principalmente en torno a la forma en que se obtuvieron y conservaron los objetos pertenecientes a Anahí y que fueron utilizados para realizar el operativo.

Por ejemplo, se le preguntó si conocía “El protocolo unificado para los ministerios públicos de la República Argentina, guía para el levantamiento y conservación de la evidencia”. A lo que respondió diciendo que no lo conocía, pero que según su criterio los únicos que podían levantar el olor son los policías de la científica o los guías del perro. Algo que el protocola niega.

La defensa le preguntó entonces quién lo habilita para levantar evidencia. Y respondió textualmente: “En todo caso el Ministerio de Seguridad de la Nación del área de Sinotecnia… son ellos los que tienen que cambiar los protocolos donde dice que no podemos levantarla nosotros (…) nos tenemos que sentar a hablar”.

Luego, se le preguntó si la evidencia había tenido cadena de custodia y qué habían hecho con ella.

A lo que respondió que se llevó la evidencia a su casa, porque  nadie la iba a cuidar como él lo hizo.

Esto significa que el día 5 de agosto del 2017 Diego Tula levantó evidencia de la casa de Anahí sin encontrarse autorizado y se llevó la evidencia a su casa hasta el día 6 de agosto, momento en que la utilizó para realizar el rastrillaje en la Reserva Santa Catalina y que llevaría a la acusación contra Marcos.

No existió nunca cadena de custodia.

Nadie puede asegurar que pasó con lo que el guía del perro levantó de esa casa.

Además, los videos del rastrillaje presentados en la causa están editados y no está filmado el momento en que supuestamente Tula le da el olor de Anahí a su perro ni el momento en que se dirigen a la casa de Marcos y entran a la honguera.

Nos preocupa que los jueces hayan hecho oídos sordos ante semejantes aberraciones y que se demuestren indiferentes ante semejantes irregularidades.

QUEREMOS UN JUICIO LIMPIO

QUE NO TE METAN EL PERRO