(Por Fernanda Giribone/APL) Hace una década surgió un grito colectivo: #NiUnaMenos. Fue el 3 de junio de 2015, cuando miles nos movilizábamos en todo el país para decir: ¡Paren de matarnos! Pero una década después, en tan solo tres semanas, ocurrieron 3 femicidios en la provincia de Jujuy. En Argentina matan a una mujer cada 31 hora.
El 3 de mayo, en Pampa Blanca, Angelina González fue asesinada por un hombre que la acosaba, apenas 8 días después Paola Vargas fue acuchillada por su pareja en Alto Comedero. El tercero sucedió el 24 de mayo en Fraile Pintado, donde Tamara Fierro fue hallada descuartizada y calcinada en un descampado.
Esta realidad, la más cruel, vuelve a poner en el centro de la discusión la responsabilidad del gobierno en estos crímenes. La capacidad de respuesta estatal y judicial ante las denuncias de violencia de género, las políticas de prevención y por supuesto el presupuesto que se asigna para la asistencia de las víctimas. Así, este mayo en Jujuy, las autoridades demostraron su desinterés e inoperancia, reflejando toda la saña de un Estado feminicida. El cuadro se completa con la represión a quienes se manifestaron ante el horror: la comunidad de Fraile Pintado protagonizó numerosas marchas en pedido de justicia que fueron reprimidas con gases y balas de goma, y hubo también detenidos.
Lamentablemente, se nos hace inevitable mencionar la similitud de nuestra situación actual con lo que vivió la provincia en 2020, cuando entre el 8 de septiembre y el 10 de octubre se produjeron cinco femicidios: Cesia Reinaga, Iara Rueda, Roxana Mazala, Gabriela Cruz y Nair Álvarez. En esta oportunidad la desidia y la inoperancia también se combinaron con la represión al pueblo que exigía justicia. Cinco años después vemos que, a nivel gubernamental, y pese a declarar la “emergencia en violencia de género”, nada ha cambiado.
En este sentido, que el ministro de seguridad de la provincia, Juan Manuel Pulleiro, diga que el femicidio de Tamara Fierro es «un crimen pasional» es preocupante y repudiable. Vemos como el gobierno provincial unifica el discurso con el ejecutivo nacional, Javier Milei, quien niega la figura de femicidio y quiere incluso sacarla del Código Penal. Mientras tanto, la “motosierra” de Milei, desmantela los programas (ya insuficientes) para combatir la violencia de género. Por eso la lucha actual es contra el gobierno ultraderechista de Milei y los gobernadores provinciales, que son parte de la embestida conservadora y la reacción patriarcal que ataca a mujeres y disidencias, y ponen en riesgo los derechos conquistados con la movilización.