Antonio Bonfatti estaba contento. Tres mil efectivos de Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, conducidos por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, se desplegaban por barrios de la ciudad de Rosario, ocupaban el territorio y dejaban claro el poder represivo del Estado. Antes, la orden del operativo la cursaron jueces federales. El gobernador santafecino, que había sido avisado sobre la hora del operativo, aplaudía. Y, en su fervor, llamaba a que todos aplaudan en un contagio de alegría por lo que entendía sería una muestra de la capacidad del Estado en la gestión de la seguridad que llevaría tranquilidad a la población. Más tranquilidad y más control, rodeados los habitantes de los barrios, ahora, de uniformados, y seguidos de cerca por los helicópteros que sobrevuelan la zona, y sometidos a un posible endurecimiento de la respuesta paraestatal, quedando prisioneros en el campo de batalla de la guerra
librada entre fuerzas oficiales y paramilitares”.
Hubo 67 puntos estratégicos donde se llevó a cabo el cinematográfico operativo. Ninguno de ellos en el centro de la ciudad, donde se purifica, se legitima y se goza ese dinero bañado en sangre que produce el comercio ilegal de drogas. Sesenta y siete puntos de vigilancia sobre los pibes que laburan en los bunkers, encontrando en el negocio de las drogas y la ilegalidad, las posibilidades de desarrollo individual que les son negadas desde los circuitos sociales convencionales; y sobre las familias de trabajadores que viven en los barrios y padecen de forma directa, cruda e inmediata los flagelos de ese inmenso poder paraestatal, fundado en el terror y la extorsión; en definitiva, sobre el sector social marginado de los avales de la urbanidad, y condenado a ser la mano de obra barata de una industria ilegal gestionada desde suntuosas oficinas céntricas.
La ocupación del territorio
“La última presencia masiva de tropas federales en el sur de la provincia de Santa Fe se produjo el 20 de marzo de 1975, cuando el ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez de Perón, Alberto Rocamora, ordenó invadir Villa Constitución para detener a doscientos delegados de fábrica que habían elegido como conducción de la UOM a la lista Marrón encabezada por Alberto Piccinini. Eran casi cuatro mil efectivos de distintas fuerzas acompañados por bandas de ultraderecha de las patotas sindicales de San Nicolás y Rosario que convirtieron al albergue de solteros de Acindar en uno de los primeros centros clandestinos de detención y torturas de la Argentina.”, relata Carlos del Frade, uno de los tres cronistas que siguieron el momento de la última ocupación. La inteligencia militar del Estado, con sus medidas temporalidades, sus tácticas de asalto, sus minuciosos mapas y la disciplina marcial, puesta al servicio de la ocupación de un territorio que, aparentando ser ajeno, se enclava en el cuerpo mismo de la ciudad.
El paralelismo tiene su razón de ser. “No venimos a buscar droga, sino a colocar a la gendarmería y pacificar el lugar de manera conjunta, rápida y en un golpe efectivo”, resumió los motivos del operativo Antonio Bonfatti. El Estado librando sus mecanismos de guerra hacia el interior de la población, procurando recuperar un terreno perdido, hundido en una ardua trama de poder ilegal, aplastado por la gestión de esos grupos que afirman un gobierno paralelo; ocupación militar para el control de la mano de obra de la producción y primera comercialización de las drogas. “Queremos que se profundice la investigación y que se haga hincapié en la existencia de la complicidad policial y la política”, denunciaron, pasado el allanamiento, la Red Antimafia de Rosario junto con Gustavo Vera, titular de La Alameda. “Surge a partir de la causa que lleva adelante el juez Viena, conocida como la ‘Causa de Los Monos’ -donde hay una resolución que tiene alrededor de 400 hojas– y allí se detallan una serie de escuchas telefónicas que permitieron el procesamiento de las personas que aparecen implicadas. Entre dichas escuchas hay algunas que, en principio, estarían involucrando al gobernador, al ministro de seguridad y al jefe de policía de la provincia”, explican. (http://www.brujulacomunicacion.com/index.php/noticias/notas/item/664-causa-los-monos-denuncian-a-bonfatti-y-lamberto?fb_action_ids=672564532809769&fb_action_types=og.likes)
La inteligencia del Estado policíaco-militar articulando sus mecanismos de guerra para el control de una fracción social que, por algún motivo, se le muestra adversa: antes, para sofocar el levantamiento obrero ocurrido en pleno fervor político revolucionario y tensión de las relaciones sociales; ahora, para apropiarse de la gestión de la primera instancia de una industria de las que participa en los estamentos sucesivos.
La muy segura doctrina de Seguridad Ciudadana
La militarización de los barrios populares de Rosario, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, tiene su pasado político: desde hace cerca de diez años el Gobierno nacional avaló el plan de Seguridad Ciudadana, monitoreado desde los Estados Unidos, que constituye un mojón fundamental en la utilización de los mecanismos del Estado para el control militar de la ciudadanía. Argentina no acepta hipótesis de conflicto al exterior, como en Malvinas, pero sí acata obedientemente las órdenes de los imperios para la persecución interna de la población. La guerra es interna.
En 2009 la Nación brindó el apoyo a la provincia de Buenos Aires para la implementación del meticuloso plan de control interno: se incorporarían cuatro mil policías exonerados y retirados; se destinarían 1500 gendarmes a tareas de seguridad y se multiplicarían las cámaras de seguridad en 38 municipios. El entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, se manifestaba ya convencido de estas funciones represivas endurecidas que agita ahora en su rol de opositor: “no quedará sólo en un papel porque este acuerdo nos da el marco jurídico y económico para poner el hombro entre todos en la pelea contra el delito”, decía. El esquema responde al diseño político-institucional del operativo desplegado en Rosario.
“Es el guión de la llamada doctrina de seguridad ciudadana, la nueva forma de control social y política que viene implementado Estados Unidos desde el lanzamiento de la guerra contra el narco que declaró Ronald Reagan en julio de 1988. Ya no hay discusiones entre la administración nacional y las provinciales, ahora se habla de “coordinación”, “pacificación” y “articulación”. Es el mismo guión de una película de terror que ya se experimentó en el Plan Colombia, entre 1996 y 2002; el plan Mérida, en México, a partir del 2003 y en Brasil, a partir de la creación de la Unidad de Policías de Pacificación que, junto a tropas del Ejército, invadieron las favelas de Río de Janeiro y San Pablo con la idea de combatir al narcotráfico. El resultado fue la disminución de las tasas de homicidios pero el aumento de las desapariciones. Y, en forma paralela, la continuidad de la violencia y el negocio narco. Los tres principales exportadores de cocaína a Europa son, según el último informe de Naciones Unidas del 27 de junio de 2013, Brasil, Colombia y Argentina”, explica Del Frade en su crónica (http://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2014/1363-rosario-ocupada-2.html).
“No se van a instalar los narcotraficantes en nuestra provincia y por eso los operativos que a diario realizamos porque nuestro eje es la lucha y el combate contra la droga”, dijo en su momento el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, uno de los precandidatos presidenciales, que desde que asumió lleva adelante una política de endurecimiento de la persecución policíaco-militar con flagrante fracaso. Esa línea de endurecimiento de los brazos del Estado en la gestión de las relaciones sociales, esa instancia de ocupación de diferentes terrenos de ilegalidad crecidos a su amparo y complicidad, la sanción de leyes de mayor control, la agudización de la dureza de las penas, la asignación de mayores facultades a las fuerzas de seguridad, la vigilancia sobre determinados sectores sociales, y sobre todo la connivencia, es lo que se cerró en su simbología con el megaoperativo lanzado sobre los barrios rosarinos.
El resultado fue escasísimo: 24 detenidos, entre ellos, dos mujeres embarazadas que trabajaban en un bunker, y un exiguo decomiso de sustancias: “aunque los resultados fueron anoréxicos a la hora de secuestro de cocaína y marihuana y también en relación a las detenciones, fieles consecuencias de filtraciones que llegaron con puntualidad a la mayoría de los 67 puntos operativos o bunkers, el objetivo de ocupar los territorios con espectacularidad para señalar la presencia represiva del estado fue cumplido”, detalla Del Frade; Sergio Berni, parece confirmarlo: “la Gendarmería se está haciendo cargo del territorio y vamos a trabajar en conjunto con la provincia de Santa Fe para una policía que se acerque a los vecinos y ocupar el lugar que ocupaban los narcotraficantes.”