La Red de Derechos Humanos y otros organismos civiles han venido señalando graves falencias en el sistema penitenciario, algunas de carácter estructural. No es novedad una situación de hacinamiento en los pabellones y carencias esenciales en los diferentes centros de reclusión producto de lo mismo: la superpoblación.Asimismo, La Red juzga que la situación “es crítica en las cárceles donde las condiciones materiales de alojamiento y el régimen aplicado contravienen las reglas mínimas que garantizan los derechos de los reclusos, adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955”.El organismo cita que según las normas “los lugares de alojamiento de detenidos deberían ser considerados en función al cubaje mínimo por interno, a las condiciones de aireación, de iluminación, de calefacción, de sanidad, a la cantidad de camas, de seguridad para el descanso, de contacto diario al aire libre con posibilidad de desplazamiento, de acceso al servicio médico, al sistema educativo, trabajo y a la alimentación adecuada”.Ninguna de estas condiciones están  garantizadas por el estado provincial, asegura la Red.A su vez, indica que “el agravamiento a las condiciones de detención en lo que concierne a la situación edilicia y ya ha dado lugar a un requerimiento del propio Superior Tribunal de Justicia  sin que hasta el momento se hayan producido variantes significativas”.La organización de ayuda social describe un estado carcelario en emergencia y afirma que en estas condiciones se vulnera “el derecho a la vida y a la dignidad, no solo de las personas privadas de su libertad, derechos fundamentales que el poder público tiene obligación de respetar y proteger sino también el de sus familiares y allegados”.-
Fuente: Momarandu.com