La histórica Cárcel de Condenados UP1 de Corrientes es un edificio de 130 años, en terrenos de la Familia Torrent, donados a la provincia de Corrientes, con cargo de sostener este uso (penitenciaría) en el tiempo. Hoy viven hacinados allí 520 condenados porque su capacidad en plazas es de 340 personas; la superpoblación ronda el 40%. Tiene gravísimos problemas de infraestructura, hacinamiento, falta de funcionalidad, insalubridad e indignas condiciones de habitabilidad.
Con un presupuesto oficial de $ 905.000.000 el gobierno provincial abrió proceso licitatorio para la construcción de una nueva unidad penal con capacidad para 750 detenidos, en el mismo predio de San Cayetano, donde existe la Unidad Penal 6 de procesados (con capacidad para 260 personas, pero que aloja cerca de 340 personas, con aproximadamente 18% de superpoblación).El 9 de agosto se presentaron dos ofertas .La primera UTE oferente la conformaron las empresas MECAR SA – Germán Antonio Cundom – AZ SA y Norcon SRL – San Cayetano; mientras que la segunda aglutinó a estas empresas: ACIFA SRL – GINSA SA – ARCA SA – GEC SA y Carbó SA. http://www.mec.gob.ar/se-presentaron-dos-ofertas-para-la-c…/
Esta decisión está íntimamente ligada al denominado Plan Urbano Costero que permite que los terrenos de la penitenciaria, identificados como UNIDAD DE GESTION Nº 6 – PENITENCIARIA (Superficie Edificable Nueva Urbanización: 43.800 m2; Altura Máxima 105 m.), según ordenanza municipal aprobada el pasado 23 de Agosto, sean reutilizados para diversos usos mixtos compatibles como residencial, oficinas y equipamiento comercial y de servicio.
Creemos que el urgente llamado a licitación y posterior traslado de la unidad penal a San Cayetano obedecen a razones de índole inmobiliaria más que a generar mejores condiciones de habitabilidad, seguridad y reinserción a quienes circunstancialmente están privados de su libertad ambulatoria y bajo custodia del estado.
Al igual que el resto de las unidades de gestión que integran este plan Costero (Vías Navegables y Escuela Portuaria, Puerto, Vialidad Nacional, Barrio Militar y Ex Regimiento 9), lo que se pretende es desafectar grandes superficies de terrenos provinciales y nacionales para emprendimientos comerciales, residenciales, culturales, etc., orientadas a usuarios de alto poder adquisitivo, sin participación directa de todos los correntinos, de los vecinos, de los afectados por estas obras de alto impacto ambiental, priorizándolas por sobre la planificación, prevención y atención de los efectos sociales, ambientales y económicos negativos.
El caso que nos ocupa (la Penitenciaría), es uno más en un contexto de situaciones similares, como otros posibles traslados (expulsiones) de unidades carcelarias del país, tal el caso de la emblemática Cárcel de Devoto, en Ciudad de Bs As, también en pos de emprendimientos inmobiliarios y para sumar exclusión a los ya excluidos..(“Los feos, sucios y malos” que estén fuera de los circuitos urbanos de la “gente como uno”, si se nos permite la ironía). El traslado de la Up1 a san Cayetano, afectaría no solo a la población penal allí alojada, sino también a sus familiares y allegados que los visitan frecuentemente, a los profesionales del derecho que los asisten, al personal penitenciario que presta servicios en esa unidad, a todo el equipo de docentes de todos los niveles educativos y a los voluntarios de colectivos de derechos humanos que realizan diversas actividades de promoción de derechos.
Desconocemos si se han realizado estudios serios sobre la factibilidad de generar un complejo penitenciario de condenados, procesados y hasta presos federales en el acceso a Paso Pesoa, San Cayetano, en el predio donde hoy existe la Unidad Penal 6 de procesados y la unidad penal 2, Centro de contención de Menores.
Recordemos, la UP 6 se construyó en el año 2005 y aún no se superan problemas estructurales por habilitar espacios que no ofrecía (ni ofrecen) las condiciones mínimas de habitabilidad. Hoy se siguen padeciendo problemas de agua potable (Aguas de Corrientes no llega a la zona, hay que hacer profundas perforaciones, y bombas). Desconocemos si se realiza el debido control de calidad del agua de perforación, que sale ferrosa. Son permanentes y sistemáticas las quejas por sabor , olor y color de la misma y los internos refieren problemas de piel, de gastroenteritis y otros padecimientos. Tanto familiares como penitenciarios concurren al lugar con bidones de agua potable que llevan desde la Ciudad de Corrientes. En la construcción original del año 2005 no se previeron debidamente espacios educativos, por lo que las clases se dan en turnos rotativos algunos días a la semana. Y tampoco estaban previstos espacios de trabajo, lo que se viene resolviendo con habilitación de mini carpinterías en los patios de pabellones. Desde la ruta 12 hay 5-6 km hacia adentro, que son de tierra, intransitables los días de lluvia. Impensable suponer qué pasaría si hubiera emergencia sanitaria o un conflicto importante, después o en medio de una tormenta. No hay teléfonos fijos en ningún lugar de las unidades actualmente existentes ( 2-6) , y la telefonía móvil tiene una pésima calidad de señal, dejando por horas incomunicados tanto a presos como a personal penitenciario, situación que atenta contra el derecho a defensa (no pueden comunicarse con sus abogados), y contra el sostenimiento de los lazos familiares.
Queremos alertar sobre estos problemas, que se agravaran sin la debida planificación, en caso de concretarse estos proyectos. Solamente entre procesados y condenados provinciales y detenidos federales (también se proyectan asentar allí pabellones para detenidos a disposición de la justicia federal), hablamos de una población de más de 1200 personas, que para fines de semana, feriados, días especiales, recibe un importante flujo adicional de visitantes, muchos de ellos del interior de nuestra provincia, que deberán tomar trasporte público adicional, agravando sus costos de viaje. A lo que hay que sumar los efectivos penitenciarios, que operen en ese complejo penitenciario.
Un punto especial que entendemos se deberá atender, en este contexto, es a las necesidades de educación y trabajo. Hasta el momento, todas las nuevas unidades penitenciarias habilitadas en los últimos tiempos, no prevén debidamente estos espacios productivos y educativos, fundamentales para promover la inclusión económica e integración social y así evitar la reincidencia. Entendemos se deben garantizar espacios adecuados, dotados de conectividad, para la oferta educativa de todos los niveles (primario, secundario, terciario y universitario, bibliotecas, salón de usos múltiples, y salón para actividades artísticas y recreativas como las que realizamos desde el voluntariado de derechos humanos, etc.).
Imprescindible acortar distancias, mejorando la calidad de los caminos, el mal servicio público de pasajeros (condiciones y frecuencia), para facilitar que familiares, visitantes sostengan su frecuencia de visitas. Esperemos que se promueva y favorezca, pese a los magros salarios, con viáticos y otros mecanismos, que los trabajadores docentes, puedan/quieran prestar servicio en las unidades educativas de los penales allí trasladados, evitando así una seria vulneración en los avances en propuestas educativas de los últimos años. Las mismas consideraciones para los centros de formación profesional y los diversos talleres de oficios que hoy se dictan en el penal N° 1.
Iguales observaciones debemos hacer con respecto a las posibilidades de integrar a la población penal condenada al circuito productivo. Habrá que resolver en primer término problemas como la distancia, la incomunicación y el aislamiento que hoy se perciben como un agravamiento en las condiciones de detención, por mayores dificultades en el acceso de proveedores de insumos, o de los propios familiares que llevan y traen materia prima y retiran productos de carpintería, herrería, artesanías, que los presos realizan como un modo de contribuir al sustento de sus familias y de alguna manera fortalecer los vínculos familiares. Hay suficientes estudios y estadísticas que confirman que la reincidencia en el delito se evita no con más cárceles, más encierro, más aislamiento, sino por el contrario garantizando accesibilidad, contacto regular con la sociedad civil, con la universidad, con las instituciones educativas y con posibilidades ciertas de generar vínculos aún desde “adentro” con el mundo del trabajo.
Estas mismas dificultades en el acceso al trabajo de la sociedad civil que participa de la comunidad de la cárcel (docentes, profesionales), la incomunicación con los familiares ante problemas de salud, de la vida cotidiana, las posibilidades que las situaciones de violencia (intracarcelaria y penitenciaria), sean invisibilizadas, la falta de acceso a los medios de comunicación, etc., pueden atentar contra las Reglas Mandela (Normas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, de Naciones Unidas, actualizadas para la gestión penitenciaria del siglo XXI).
Es por todo ello que manifestamos nuestra preocupación y solicitamos:
Al Comité contra la Tortura, que realice monitoreo sobre las licitaciones y los proyectos; que pida la intervención de la FAU-UNNE y de mecanismos de prevención de la tortura regionales y nacional para garantizar que este traslado no sea urgido solamente por los negocios inmobiliarios, sino que sirva para garantizar el acceso a derechos, a la dignidad de las personas allí alojadas, de sus familiares, de los trabajadores y del personal penitenciario
Que se solicite informes al Ministerio de Educación de la Provincia, (dirección de Contextos de Encierro), al INET, a Educación Superior y a la UNNE para que determinen cantidad de aulas, talleres y salones educativos, equipamiento, conectividad, etc con las que un proyecto inclusivo en lo que a educación refiere debería contar para evitar retrocesos en calidad y cantidad respecto a la oferta educativa actual (primaria, secundaria, terciaria y diplomatura universitaria), ofrecida en la penitenciaría de la calle 3 de Abril.
Que se pida estudio de impacto ambiental sobre el paraje Paso Pesoa respecto al importante incremento habitacional, incluidos estudios de agua (potabilización y desagües cloacales).
Que todo el Plan Urbano Costero sea sometido a Audiencia Pública y debate ciudadano.
Red Corrientes de Derechos Humanos