Por Alicia Simeoni
La muerte de un chico, interno del pabellón juvenil de Las Flores, en Santa Fe, por quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, después de que se aisló en una celda y prendió fuego a los elementos que allí estaban, más los golpes propinados por hombres del Servicio penitenciario a F, también de 17, mientras era trasladado desde el Instituto de Rehabilitación Rosario (IRAR) para que fuera atendido en el Hospital Agudo Avila, vuelven a señalar la ausencia de instituciones adecuadas para los adolescentes que deben estar en el encierro, por una parte, y la inconveniencia del contacto con fuerzas represivas, como es el caso del SP, por el otro. Las características de uno y otro lugar siguen siendo violatorias de las normas y recomendaciones internacionales en materia de una justicia penal para los jóvenes. Maximiliano Rojas, después de una crisis emocional, atravesó una situación con ribetes muy similares a los del chico Néstor Salto que murió quemado en el IRAR con la misma edad y hace algunos años atrás. La directora de Justicia Penal Juvenil de la provincia, Débora Cotichini, dijo a este diario que en el caso Rojas se trató de un suicidio, una situación que de comprobarse no eximiría al SP de responsabilidades, ya que el chico estaba en el penal y mientras tanto es el Estado el que debe garantizar su integridad física y la cobertura de sus otros derechos. En el caso de F., golpeado y maltratado psicológicamente en Rosario, continúa alojado en la misma institución -con un paso intermedio por Las Flores?, en la que están sus agresores. Opina la docente Marta Andrada, titular de la residencia en Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de la UNR?programa de Derechos Humanos en la Niñez y Adolescencia, quien señala que lo ocurrido muestra que no está internalizado el paradigma de los derechos humanos que señalan los convenios y tratados internacionales, ya que continúan existiendo estas instituciones y comportamientos, y por último lo hace la abogada Carmen Maidagan de la Coordinadora de Trabajo Carcelario quien pone la responsabilidad en el gobierno provincial “que prometió cerrar el IRAR y sin embargo se sigue con esta y otras semejantes instituciones y con los chicos en contacto con fuerzas represivas que producen las situaciones mencionadas”.
El Viernes Santo, Maximiliano Rojas, un chico de 17 años, interno en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores se encerró en una celda y prendió fuego, posiblemente a su colchón, y murió dos días después en el Hospital Cullen de la capital provincial. Maximiliano salía en libertad en este mismo mes pero algo bastante distinto a la fatalidad, hizo que perdiera su vida. La noticia tuvo un escaso desarrollo, limitado a unos pocos medios y quedó en una mera enunciación. Dos días después, el Domingo de Pascua, 3 o 4 hombres del Servicio Penitenciario debían realizar una salida ‘en comisión’, con el traslado de otro joven de la misma edad, pero detenido en el IRAR hacia el Hospital Agudo Ávila. La orden es que para estos casos debe salirse con un acompañante juvenil, pero esa orden fue desobedecida, en palabras de la directora de Justicia Penal Juvenil Débora Cotichini, y quienes partieron con F. fueron sólo los penitenciarios. El recorrido fue la oportunidad para que lo golpearan “brutal, salvajemente” dijo a Rosario/12 una fuente judicial y lo “torturaran psicológicamente”. Cotichini, por el contrario, comentó que la golpiza “no fue brutal “Yo misma le tomé la declaración al chico junto al director de la institución”. Desde el IRAR se realizó la denuncia ante la Justicia por lo que interviene el juzgado de Instrucción de la 8ª Nominación a cargo de Juan José Pazos.
Después de los golpes, F. fue trasladado también al pabellón juvenil de Las Flores y luego, según indicó Cotichichi, “por orden judicial” regresó nuevamente al IRAR donde sus golpeadores no han sido ni siquiera trasladados a otra dependencia, hasta que la investigación concluya. Todos conviven bajo el mismo techo.Cotichini señaló que el traslado de F. no se hizo en los términos acordados y que hubo un desconocimiento de las órdenes por parte de personal del SP “por lo que se dio intervención a Asuntos Internos”. Los integrantes del SP involucrados son varios y “hubo personal que sí se separó”, afirmó. Facundo Paschetto de la secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, informó que se siguen la investigación judicial y la que va por vía administrativa pero se excuso de poder aportar más información por el momento.En el caso de Maximiliano Rojas, Cotichini señaló que el chico que hubiese recuperado la libertad a mediados de mayo estaba con salidas transitorias y que había sufrido una crisis. “Fue un intento de suicidio que terminó en tragedia”, dijo la directora provincial que explicó que ocurrió en un horario donde los chicos estaban con sus celdas abiertas “mientras él se aisló de su grupo y se incendió, estuvo internado en el Hospital Cullen y murió a los dos días”. Desde el Cullen se había informado que Maximiliano tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado.Cotichini volvió a señalar que “fue un suicidio y que se actuó rápidamente, incluso intervinieron algunos de sus compañeros tratando de ayudar. No es que hubo negligencia por parte del personal. Todo se está investigando”. Intervino la Comisaría Nº 10 de Santa Fe y lo hace el juzgado de Instrucción Nº 8 a cargo del juez Jorge Patrizi que ordenó la autopsia correspondiente.
El alerta que no fue
¿No hay una actitud crítica hacia la actuación del Servicio Penitenciario? Quienes integran la fuerza saben que lo que ocurrió con el caso de Maximiliano Rojas, y en Rosario, años atrás, con la muerte por quemaduras del chico Néstor Salto, son situaciones sobre las que se debe estar alerta de manera permanente en la población carcelaria, al igual que en relación a las autolesiones de distinto tipo. Además se supone que Rojas fue llevado allí para ser cuidado y el Estado era el responsable de garantizar que no se vulneren el resto de sus derechos.
No es que no se quiera tener una actitud crítica, pero considero que hay que tener reservas hasta que formalmente tenga la notificación de qué fue lo que pasó. Nada apunta por ahora a que el SP no operó con rapidez. En un primer momento lo que los chicos dicen es que se actuó y se lo hizo con premura.“Lo ocurrido muestra que todavía no hay una adecuación de las políticas públicas en materia de Justicia Penal Juvenil”, dijo Marta Andrada, la titular de la residencia en Minoridad y Familia y del programa en Derechos Humanos en Niñez y Adolescencia. “Todavía está la ausencia de un sistema penal juvenil que se discute en el Congreso de la Nación, pero hay que señalar que los jóvenes involucrados o en conflicto con el sistema penal son siempre de los sectores más pobres y desprotegidos”. Andrada recuerda que la reforma Blumberg, no sólo va en contra de la normativa internacional sobre un sistema penal juvenil “sino que más bien tiene el propósito de reprimirlos, de excluirlos, separarlos de la sociedad con el único fin de hacer los espacios de los unos y de los otros”.
Andrada explicó que con el nuevo paradigma que proponen los tratados en materia de derechos humanos “se debe producir un proceso de internalización, ya que hay sectores que a veces lo desconocen y otros que, conociéndolo, no ponen la voluntad política necesaria para llevarlo a la práctica. Por supuesto que se trata de un proceso, pero de un proceso que hay que comenzar porque no se puede seguir diciendo “ocurrió”, “fue por esto”. Así debiera ser si realmente hay voluntad política de querer cambiar las cosas”.
Por otra parte, la abogada Carmen Maidagan de la CTC señaló que “el penal juvenil en Las Flores es un poco más ordenado de lo que es el IRAR aquí y tiene cierta higiene que nunca se consiguió en el instituto de Cullen y Saavedra. Desde la CTC entendemos que estas cosas pasan porque los chicos no pueden convivir con una fuerza represiva como es el SP y esto que ocurrió no es sólo responsabilidad de quienes estaban a cargo y a quienes les puede caber la sanción penal, sino que esa carga es sobre todo del gobierno provincial, por no definir una política con los chicos que deben estar en el encierro”. Maidagan fue un poco más allá al decir que ante la reacción pública por hechos como los que aquí se citan “se produce el movimiento de algún penitenciario hacia otro lado, pero la solución no pasa por ahí, sino por tener instituciones para menores adecuadas y conformes a la ley y que los adolescentes no estén en contacto con la fuerza represiva. Es la única manera en que vamos a evitar estos hechos. Este gobierno prometió el cierre del IRAR, sin embargo esa institución es cada vez peor que una cárcel de mayores, donde no hay ningún control real del poder político para que las violaciones a los derechos no ocurran”.
Fuente: Rosario 12/Ciudad  Interna