“Tenía un profundo miedo de que lo maten, él quería seguir viviendo. ¿Cómo se iba a suicidar?”, se interrogó la madre de Lucas, quien indicó que unas horas antes de morir el muchacho escribió una carta dirigida a Pablo Jaramillo, “el jefe de la comisaría de Mosconi por las malas condiciones en las que se encontraba ya que lo habían mandado a la celda de aislamiento. No podía ir al baño, no tenía luz, agua, ni nada”.
“Yo había quedado en encontrarme ese viernes con los abogados defensores y un muchacho amigo que tiene una empresa que le iba a dar trabajo a Lucas. Nos íbamos a reunir para pasarle los datos a la justicia”, dijo María, quien no cree en el suicidio, ya que el 13 de febrero próximo su hijo iba a recuperar la libertad.
A pesar de haberlas pasado mal en la comisaría Tercera, Lucas se hallaba terminando el secundario. Y, según lo había expresado, una vez en libertad, iba a ayudar a su madre a construir su casa y tener una familia con su novia. Hacía algunas semanas, Lucas había sido beneficiado con salidas transitorias. Cada domingo, de 12 a 18, salía de la comisaría para visitar la casa de su madre, donde también lo esperaban sus amigos y su pareja.
Para la familia, el presunto suicidio de Lucas jamás tendrá una explicación porque ese mismo jueves en el que fue encontrado muerto, la justicia extendió el horario de las salidas de seis a 12 horas. Es decir, que cada domingo iba a estar afuera desde las 8 hasta las 20. “Mamá me van a terminar matando, sacame de ahí”, le reiteraba Lucas a su María cada fin de semana.
Responsabilidades
La responsabilidad política de estado provincial, gobernado por Mario Das Neves, es visible y contundente. También la del juez que debió custodiar la vida y la integridad de Lucas. Por su parte, el Estado Nacional comandado por Mauricio Macri, tiene altísimas responsabilidades en los asesinatos que cometan los agentes de cualquier distrito, dado que precisamente es este estado quien firmó los pactos internacionales para evitar las torturas y las muertes en los sitios de encierro y sancionar los responsables si esto no sucediera en las provincias, dado que la Argentina es una Nación.
Por caso, Macri envió la Gendarmería Nacional a la autopista Ricchieri, en la localidad de Ezeiza, porque los trabajadores reclamaban sus haberes y sus empleos y para ello cortaban media avenida. No habían matado a nadie, pero el gobierno nacional – tras cinco días de piquete-, los gaseó, apaleó y un delegado se encuentra grave. Ordenar esa represión le pareció urgente al flamante presidente
Sin embargo, a pesar que existen resortes constitucionales que obligan a intervenir ante situaciones harto más trágicas, como son los asesinatos de nuestros jóvenes, que ya registran 4645 casos desde 1983, Patricia Bullrich Pueyrredón y Macri impulsaron la Emergencia en Seguridad y no la Emergencia en Derechos Humanos. Asimismo, ya pasaron 12 días de que María Egea enterró a su hijo y ninguno de estos funcionarios habló con ella ni del crimen ni del castigo.
La Policía Metropolitana que capitaneó Macri durante su corta existencia ya tiene 17 fusilados por gatillo fácil y todos los asesinos permanecen impunes. Esta política de devastación de los más pobres seguirá su marcha en todo el país, porque no castigar significa alentar, aprobar y persistir en esa dirección represiva.
En los pocos días que lleva el régimen de Cambiemos, pueden verse – sin esfuerzos- represión, ajuste, muerte y encubrimiento. Urge la organización contra esta dictadura del capital que ya empuño el garrote, disparó sus balas y decretó el hambre contra el pueblo más vulnerable.