La provincia de Corrientes, con un millón de habitantes, encabeza los peores indicadores sociales del país de pobreza, de precarización laboral, con falta de cobertura médica y saturación de la salud pública, transporte urbano cada vez mas caro e ineficiente, déficit e inaccesibilidad a vivienda digna, falta de programas de vivienda social, expulsión campesina a poblar asentamientos miserables, índices elevadísimos de desnutrición, deserción escolar y trabajo infantil. La falta de perspectivas para las nuevas generaciones lleva casi inexorablemente a un alto consumo de alcohol, pegamento y psicofármacos en niños y adolescentes. No existen centros de prevención y rehabilitación. Solo hay que esperar que estos chicos delincan y entonces la única política posible es la de hacinar jóvenes, cada vez mas jóvenes en cárceles y comisarías, trasladando entonces, sin respuesta, las adicciones a la cárcel. Allí se sostienen y se potencian además por la corrupción del sistema.Existen más de 1200 personas privadas de su libertad, 450 condenados en la Unidad penal 1 (cárcel con capacidad para 200 personas), el resto alojados en Alcaldías de Procesados y comisarías de toda la provincia. En el área de seguridad del Hospital Psiquiátrico de Corrientes, dependiente del Servicio Penitenciario Provincial, están alojados 62 personas, 53 hombres y nueve mujeres. Allí, amaneció muerto en su celda José Hipólito Ramírez, una víctima más del maltrato físico y psicológico, del abandono familiar y de un estado que acostumbra invisibilizar a los más frágiles y excluidos de los excluidos.Fueron innumerables este año las denuncias por apremios ilegales, por detenciones arbitrarias, por violencia institucional (policía o servicio penitenciario provincial). Trato cruel y degradante a quienes están en proceso y/o cumpliendo condena y la humillación adicional a sus familiares y allegados que luego de la exposición al frío/calor/lluvia/sol, en largas colas de espera, sin baños, a la madrugada o la siesta pasan por requisas vejatorias.Los problemas de infraestructura denunciados en los últimos años siguen sin solución, todas las cárceles carecen de suficiente agua, situación que con los calores de esta época del año eclosiona con más fuerza. La unidad 6 de procesados, en San Cayetano, carece directamente de agua potable. La empresa de aguas de Corrientes, lleva un insuficiente tanque de agua semanal, para consumo de condenados y penitenciarios. En las visitas y en “paquete” marchan, el larga y pesada caminata, los familiares con bidones de refuerzo. También fue motivo de denuncia la carencia de agua en la alcaidía de San Luís del Palmar. Denuncias por la ruptura de caños y mangueras, que se repusieron luego que se hicieran públicas las privaciones con huelga de hambre y reclamo de familiares.Apremios, golpizas y traslados, fueron denunciados desde la Alcaldía de Paso de los Libres. En otras oportunidades idénticas situaciones se dieron en Goya y Santo Tomé. Las detenidas en la Comisaría de la Mujer, a fuerza de golpes, huelga de hambre y traslados, consiguieron que se acondicionara una celda para garantizar el derecho a sus visitas intimas, inexistente en ninguna alcaidía o cárcel de mujeres. Solo accedían a las visitas íntimas las detenidas que tenían su pareja alojada en la cárcel de condenados, a donde eran trasladadas para la visita. – El hostigamiento a quienes denuncian o reclaman por sus derechos siempre va acompañado de impunidad, que se evidencia en que no hay un penitenciario con proceso firme o condena por corrupción, vejámenes, o torturas, pese a que el servicio penitenciario está intervenido desde hace 4 años por estos hechos, son una constante en todas las unidades penales. Los penitenciarios son solo trasladados (hasta que pase la tormenta) de la Unidad 1, a la 6, de allí a la 4 y vuelta a la 1… Violaciones a sus derechos en lo que hace a condiciones dignas de detención, hacinamiento, falta de adecuada asistencia social y laboral, falta de acceso a posibilidades reales de inserción laboral a futuro, incumplimiento de sus obligaciones, morosidad en el cumplimiento de beneficios que la Ley de Condena otorga, falta de defensor de ejecución, una sola jueza de ejecución para mas de 500 condenados, cientos de procesados sin sentencia complementan la violencia institucional ejercida contra estas personas privadas de su libertad por decisión del Estado. Hilda Presman Red de Derechos Humanos de Corrientes