La madrugada del 17 de julio, un grupo de jóvenes que salían del boliche El Bien vieron como cinco agentes de la policía local golpeaban a otro joven que permanecía indefenso en el suelo. Preocupados, se acercaron y pidieron que pararan con la golpiza. Lejos de deponer su actitud, los policías comenzaron a golpear a uno de los jóvenes que les había pedido que se detengan. En medio de la golpiza, una agente lanzó gas pimienta en el rostro de este joven anulándole completamente la visión y dejándolo aún más indefenso. En ese momento, uno de sus amigos logró apartarlo de la escena y trasladarlo rápidamente al hospital.

Una vez en la guardia del hospital, el joven fue atendido por la médica de turno quien le comentó haber recibido esa misma noche pacientes en las mismas condiciones. Además, mientras permanecían en la guardia, vieron llegar otros jóvenes que manifestaron haber sido víctimas de una golpiza policial y que también presentaban síntomas de haber sido afectados por gas pimienta. Dada la gravedad de los hechos y su repetición, la doctora mencionó haber hecho un acta para dejar constancia de los hechos. Los jóvenes víctimas de este brutal abuso policial lograron identificar a los cinco agentes atacantes que pertenecen a la policía comunal de Rojas.

Familiares de las víctimas presentaron inmediatamente una nota al intendente municipal, el Ing. Claudio A. Rossi, al que le solicitaron que “labre un sumario administrativo, a fin de investigar la actuación del personal policial mencionado y el personal jerárquico a cargo de ellos, para aplicarse las sanciones que correspondan, ante estos delitos que sin dudas constituyen faltas administrativas”.

Por su parte, una vez que tomó conocimiento de los hechos, la CPM realizó una denuncia penal en la fiscalía general de Junín para que la justicia investigue las responsabilidades pertinentes.

En la nota enviada al intendente municipal, los familiares solicitan además que se garantice la seguridad e integridad personal de los jóvenes víctimas del ataque y alerta sobre posibles represalias o futuros hostigamientos en función de la denuncia que llevan adelante. En este sentido, responsabilizan a los funcionarios a cargo de la policía comunal por las agresiones futuras de que pudieran ser víctimas.