En 2014, y con motivo de la declaración de emergencia en materia de seguridad, la Comisión Provincial por la Memoria había alertado que esta decisión significaba de hecho la consolidación de las medidas que habían llevado al peor colapso del sistema penal en términos de vulneración de los derechos humanos de los últimos 15 años. En este contexto se presentaron una serie de informes a los distintos poderes del estado provincial, a organismos internacionales y se realizó un planteo de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Con esta reciente resolución, la CIDH avala y reconoce las denuncias realizadas desde entonces por la CPM y obliga al Estado nacional y provincial a garantizar la vida y la integridad física de las personas detenidas. En ese sentido, el fallo exige la reducción drástica de la cantidad de detenidos y la limitación de detenciones por períodos prolongados. Asimismo requiere que el Estado informe en un plazo de 10 días las medidas adoptadas.
En los fundamentos de su resolución, la CIDH hace propia la exhaustiva información que la CPM brindó durante el año y medio que duró el trámite. Así, y ante la endeble respuesta por parte del Estado, la CIDH da cuenta de la sobrepoblación del 382 % en las dependencias policiales de Lomas de Zamora y del 13.800 % en las comisarías de La Matanza. A esto se suman las extremas condiciones de hacinamiento, graves deficiencias edilicias (ausencia de luz natural, falta de agua, humedad, etc.), nulo o ineficiente acceso a la alimentación y la salud, un régimen de vida de encierro absoluto y la práctica sistemática de la tortura. Si bien los datos corresponden a seis comisarías de los partidos bonaerenses, la emergencia humanitaria se extiende a todos los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.
En este caso en particular, el fallo de la CIDH recogió la petición de medidas cautelares que, entre abril y diciembre de 2014, presentaron la CPM y la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Ambas presentaciones se habían realizado en virtud del agravamiento de las condiciones de detención, tras la declaración de la emergencia en materia de seguridad impulsada por el entonces gobierno provincial que, entre cosas, volvió a habilitar los calabozos de las comisarías como lugares de encierro.
En este sentido, cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta por un fallo de la Corte Suprema de Justicia con motivo de las inhumanas condiciones de detención. Sin embargo, la decisión de profundizar las políticas de seguridad en clave de prisionización, control poblacional y fortalecimiento de la autonomía policial, llevó a un aumento sostenido de la cantidad de personas detenidas. En la actualidad, hay 39.927 detenidos, lo que constituye la cifra de prisionización más alta de toda la historia.
Esta situación ya había sido recogida en diciembre pasado por la Corte de Justicia bonaerense, que mediante la resolución nº 2840 reconoció el colapso el sistema penal en los términos en que fue denunciado por la CPM e indicó a los jueces que controlen y eviten detener personas en las comisarías. El reciente fallo de la CIDH también menciona esta resolución de la Corte bonaerense como prueba para ratificar la persistencia de las graves condiciones de detención denunciadas.
Frente a esta situación, el organismo internacional solicitó al gobierno argentino que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas detenidas, que implemente un plan de contingencia inmediato a fin de reducir la duración de estancia prolongada en las comisarías identificadas, considerando la naturaleza temporal de las mismas, y que tome acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento al interior de las comisarias señaladas, de acuerdo a estándares internacionales”.
Desde la CPM, y en consonancia con el reclamo de la CIDH, se vuelve a remarcar la necesidad de encarar reformas estructurales urgentes que pongan fin a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, reconoce a la resolución del organismo internacional como un importante aporte para fortalecer un debate que lleva muchos años y aún espera soluciones de fondo.