El juez Zelaya emitió su fallo dos horas después de finalizada la audiencia, haciendo lugar a todos los reclamos presentados por Espen y sus patrocinantes. Su resolución ordena al Poder Ejecutivo Nacional continuar investigando hasta conocer el destino de Hugo e informar mensualmente sobre los avances de las diligencias. Asimismo, ordena al Jefe del Estado Mayo del Ejército Argentino, Gral. Ricardo Cundum, informe sobre los registros que pudiera tener acerca de Hugo Miedan. Por su parte, la Policía Federal deberá disponer de un equipo de trabajo dedicado a compulsar minuciosamente los archivos desclasificados publicados en la página Archivos Abierto, informando sobre los resultados cada 5 días, y rendir informes sobre el personal que revistaba en la comisaría 50 –dónde Elia radicó la primera denuncia del secuestro de su hijo- y acerca de la situación actual de aquellos efec! tivos. Asimismo, requerir a la policía bonaerense toda la información acerca del caso. Finalmente, fijó audiencias para tomar declaración testimonial al Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor José María Arancero, ya que Espen también acudió a ellos durante su dolorosa búsqueda.
La resolución judicial destaca los “más de treinta y ocho años lucha” emprendidos por Elia y ordena como un “deber del Estado” reparar la falta de Hugo por ser “artífice de su desaparición”. Para arribar a esta definición, el juez rechazó la posición del fiscal Jorge Ballestero, quien se manifestó contrario a la concesión del recurso de habeas corpus “por no hallarse acreditado” que Hugo estuviera detenido actualmente, un argumento rayano con el cinismo.
Espen y su abogada rebatieron la presunta “desclasificación” de archivos de la dictadura, como pomposamente lo definen desde el ministerio a cargo de Rossi, ya que se trata de “listas negras” de artistas y periodistas y de listados de detenidos “blanqueados” (puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional) que eran conocidas desde hace décadas. El reclamo de Espen se dirige a toda la información que permanece oculta en los pliegues y agentes del aparato represivo que los gobiernos constitucionales, desde 1983 hasta la fecha, preservaron.
Conocida la resolución, Espen y sus compañeros la valoraron como un paso adelante en la búsqueda de su hijo y en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.
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