Ninguna línea de la supuesta investigación presentada por la Fiscalía alude a los once campesinos asesinados, varios de ellos ejecutados en el lugar luego de haberse entregado a la policía, lo que fue denunciado en varios testimonios de los sobrevivientes.
Otra cuestión de la que no habla la investigación de la Fiscalia es de la titularidad de las tierras de Marina Kue. Se trata de una cuestión central y es el primer reclamo de los presos en huelga de hambre.
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¿Quién ocupa ilegalmente Marina Kue?*

Campos Morombi S.A.:
Es una empresa fundada por el dirigente colorado Blas N. Riquelme, fallecido en 2012. Actualmente es de propiedad de sus herederos. Posee solamente en Curuguaty unas 70 mil hectáreas de tierras, dedicadas mayormente al monocultivo de soja y cereales. Pretende la titularidad de las tierras de Marina Kue, de unas 2000 hectáreas. El poder y las relaciones de los Riquelme hicieron imposible que las tierras fueran asignadas a familias campesinas, tal como correspondia. Para eso contaron con la complicidad, por lo menos, de personajes claves del poder judicial. Estos son ellos:

• Juez José Oscar Benitez

Los campesinos presos sostienen con sobradas pruebas que las tierras que ocuparon son del Estado Paraguayo y que había sido destinadas a la reforma agraria por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Sin embargo a lo largo de años la justicia actuó – lo sigue haciendo- en base a la consideración de que las tierras pertenecen a la empresa Campos Morombi S.A.
Los campesinos de las comunidades cercanas, convencidos de que la empresa no posee el título del predio ocuparon reiteradas veces el lugar y fueron siempre desalojados por orden judicial. En 2012 decidieron regresar, pero esa vez el desalojo terminó en masacre, las víctimas fueron demonizadas y los sobrevivientes están imputados por la “justicia”.
Tanto la defensa legal como las organizaciones que reivindican la libertad de los presos denunciaron que Campos Morombi S.A. ocupa ilegalmente la tierras de Marina Kue, que fueron donadas en el año 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya al Estado Nacional. Sin embargo, la justicia paraguaya a través del juez José Oscar Benítez había otorgado la titularidad de esas tierras a Campos Morombi a través de una serie de maniobras judiciales fraudulentas.
La repercusión pública de la masacre hizo posible que estas artimañas legales salieran a la luz, por lo que en este momento la titularidad de las tierras está en disputa entre la familia Riquelme y el Estado Nacional paraguayo.
El mismo juez que actuó a favor de los Riquelme fue quien ordenó el procedimiento de desalojo que culminó con la masacre, y luego fue el “juez de Garantías” del proceso judicial contra los sobrevivientes. Solo se apartó cuando la Cámara de Apelaciones hizo lugar a la recusación planteada por la defensa.

• Jueza Yanine Rios:
La base de la acusación contra los campesinos es la figura de “invasión de inmueble ajeno”, inaplicable en los casos de toma de tierras fiscales.
Cuando en 2013 la defensa solicitó que no se dé lugar a la elevación a juicio hasta que no se haya resuelto la cuestión de la titularidad de las tierras en conflicto, la nueva jueza de garantias de la causa, Yanine Ríos, desestimó el pedido por una evidente voluntad política de llevar a los campesinos a juicio y condenarlos de manera ejemplar.
Esta jueza fue puesta al frente del caso luego del apartamiento del juez Benítez, pero se desempeña como Jueza de Menores del distrito de Curuguaty. Ya habia intervenido en el caso condenando a uno de los menores que fue apresado en el escenario de la masacre. Asimismo convalidó el accionar de la Fiscalía que ofreció al menor mitigar la acusación si atestiguaba contra los dirigentes de la ocupación. El mismo ofrecimiento le realizó la fiscalía a otra menor con la venia de esta jueza.
Posteriormente, Ríos convalidó una larga serie de irregularidades cometidas por la Fiscalia en la presentación de las pruebas y con ellas decidió la elevación del caso a juicio.
Durante la realización de la audiencia preliminar prohibió el acceso al recinto a familiares de las víctimas de la masacre, suspendió las sesiones injustificadamente y cerró la etapa sin dar lugar a la presencia de público en la sala. Ante el reclamo de la defensa por la admisión irregular de pruebas, contestó que eso se debatiría en el juicio oral, anticipando asi su decisión – sabida de antemano- de elevar el caso a juicio a pesar de las irregularidades de la acusación.

• Fiscal Jalil Rachid:
Es el personaje más controvertido del escenario judicial montado sobre la masacre.
Nunca investigó qué sucedió en Marina Kue, simplemente acusó a los campesinos de la muerte de los policías sin determinar cómo sucedieron los hechos porque según él, eso no se puede determinar. Imputó a decenas de campesinos por el hecho de figurar en padrones confeccionados por la Comisiòn Vecinal que presentó los pedidos de asignación de tierras al INDERT. Muchas de esas personas estàn prófugas por esas acusaciones y varias están presas a la espera del juicio.
Presentó pruebas sorprendentes en la Audiencia Preliminar, entre ellas cajas con papel higiénico, banditas elásticas o cepillos de dientes. Realizó declaraciones que demuestran su total parcialidad, como cuando aseguró que “el campesino es un tirador por naturaleza”. Interrogado acerca de por qué no investigó quién mató a los 11 campesinos, alegó que no lo hizo porque nadie presentó una denuncia sobre esos hechos.
Jalil Rachid es hijo de Jalil Rachid Lichi, viejo amigo de Blas N. Riquelme. Ambos fueron en su momento presidentes del Partido Colorado y ambos se beneficiaron de la donación generosa que les hiciera Stroessner de grandes extensiones de tierras públicas que debian ser entregadas a campesinos sin tierras.
Interpelado por la relación de su familia con los Riquelme, manifestó que eso no tiene “nada que ver” con esta causa.

Una decisión de vida o muerte:
Cuando los campesinos explican qué los llevó a la decisión de tomar el camino de la huelga de hambre la segunda en sus veinte meses de prisión sorprende la determinación con la que plantean que su primer reivindicación es el reconocimiento de que Marina Kue es del pueblo paraguayo.
Rubén Villalba lo explicó con su castellano pausado antes del inicio del ayuno: “si dejamos que pase el tiempo y nos lleven a juicio, va a quedar como que esas tierras son de los Riquelme”. El solo pensar en que las tierras donde dejaron la sangre de los campesinos asesinados sea sembrada con soja transgénica los ofende.
“Marina Kue es tierra del Estado paraguayo, es tierra para el campesinado pobre que tiene derecho a vivir y producir alimentos de acuerdo a nuestra cultura…” dicen a través de la carta en la que anunciaron el comienzo de la huelga el 14 de febrero pasado.

“…porque no merecemos el encarcelamiento, por la seguridad de que las tierras son públicas, porque nos consideramos luchadores y seguimos en lucha es que vamos a una huelga de hambre; es en homenaje a nuestros compañeros, nuestros once compañeros caídos, que hemos decidido iniciar esta huelga de hambre indefinida hasta conseguir la liberación de las tierras de Marina Kue para el campesinado pobre y también nuestra libertad (…) no podemos quedarnos tranquilos en la cárcel sabiendo que los invasores siguen ocupando gran parte de las tierras que pertenecen al Estado y al pueblo paraguayo. No tenemos miedo de exigir justicia y de ofrecer nuestra vida por la liberación de nuestro pueblo (…) Es por eso que nos tomamos el derecho de pedir al pueblo paraguayo, a la juventud paraguaya, que tomen nuestra lucha, que levanten la bandera del Caso Curuguaty como símbolo de la resistencia contra la injusticia, la mafia, la corrupción y contra el modelo sojero que genera más pobres y hambrientos…” expresan en su carta.

A 27 días de huelga de hambre, con su estado de salud notablemente deteriorado, reafirmaron públicamente a través de la televisión que están dispuestos a continuar con la huelga aunque les implique la muerte.
Rodeados de una creciente solidaridad y sensibilización de vastos sectores del pueblo paraguayo, el caso se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los miembros de la Corte Suprema y su dirigencia política del pais. A lo largo de la huelga se han sumado diferentes sectores a organizar actividades de denuncia y solidaridad. Tal como lo piden los huelguistas, el pueblo toma sus banderas.