Tal cual está, la Alcaidía de Resistencia expresa el funcionamiento de un Estado horroroso. Años atrás el Arzobispo Carmelo Giaquinta calificó a este establecimiento como la “Casa del Horror”. Había visitado el lugar durante algunas horas.  No solo se profundizó el proceso de destrucción de las instalaciones a niveles alarmantes, sino que pasaron los años y los sucesivos gobiernos no resolvieron esta grave situación. Al no haberse construido una nueva alcaidía, en el momento en que debió hacerse, auspiciaron la mayor degradación y la desolación en la que vivieron y viven los presos que allí fueron y son alojados. Este es un dato objetivo y concreto, que contribuye a una mayor inseguridad social. Es evidente y no se puede discutir que la situación empeoró por la exclusiva culpa y responsabilidad de los gobernantes. Se acumularon años de gestiones de gobiernos que cerraron sus ojos y no escucharon a las comunidades involucradas. No comprendieron o no quisieron entender que debía construirse una nueva alcaidía. Ahora creemos que pasamos de la “Casa del Horror” a un Estado chaqueño horroroso, degradante e inhumano, lo que por cierto es una situación aún peor, de mayor entidad porque es de gravedad institucional. Transformaron la alcaidía en un verdadero basurero social, que mantienen escondido. Siguen poniéndose máscarasLa existencia y funcionamiento de la Alcaidía de Resistencia comprueba categóricamente que en Chaco se instaló un pretencioso progresismo dañino. Quieren moldear la realidad a través de un discurso en pro de la defensa de los derechos humanos. La inescrupulosidad es total. El cinismo es una herramienta formidable que utilizan los poderes y los funcionarios públicos que diariamente postulan y actúan como defendiendo los derechos humanos, cuando en realidad son los autores y responsables de la violación de los derechos y de las garantías más elementales de las personas que se encuentran privadas de su libertad en la alcaidía. Es tal el grado de desolación y de mortificación a los que se encuentran sometidos los presos y gran parte del personal penitenciario que habría que cartelizar el establecimiento porque allí se violan, sistemática y continuamente, los derechos humanos, segundo a segundo de cada día. Para citar dos situaciones sumamente reveladoras de las tropelías de las autoridades, basta con señalar que continúan presos en la alcaidía dos personas con trastornos mentales que el juez de ejecución penal Juan José Cima ordenó que fueran alojadas en lugares apropiados para desarrollar las medidas de seguridad curativas que hasta ahora no se cumplen. Este juez dispuso los traslados a través de una sentencia que dictó en el marco de un habeas corpus colectivo que iniciara el Centro Mandela. Pasaron los días y las semanas mientras continúan presos los referidos enfermos mentales, que se encuentra en esa situación desde hace mucho tiempo, aún cuando existe la prohibición legal de alojarlos en alcaidías o cárceles. Los poderes judicial y ejecutivo persisten en violar los derechos humanos de tales personas, aún cuando se ha dictado una sentencia que se encuentra firme. Es una verdadera situación de “locos”, lo que naturalmente no comprende a los dos presos con trastornos mentales. El segundo caso es un extracto extremo de las condiciones mortificantes de detención de los presos. Localizamos el lugar que en la jerga internan llaman “El Hueco”. Se trata de un pequeño espacio de aire y luz de un metro por tres, donde salen a respirar cinco presos alojados en el fatídico Pabellón 4, que en realidad es una celda inmunda, a la que ingresan por un hueco que hicieron en una vieja pared. Existe un baño y un par de colchones tirados en el piso. El escenario es escalofriante.
Alcaidía, un nicho de violación de los derechos humanos A pesar de la preocupación y el esfuerzo de los responsables y de un sector del personal penitenciario, la Alcaidía de Resistencia es un establecimiento que ha colapsado. La estructura de base, las instalaciones, las mamposterías, paredes y servicios están en estado de destrucción. Existen grietas y filtraciones en las cubiertas de los dos niveles. Funciona mal, y en varias áreas directamente está inactivo, el sistema de provisión de agua potable. La red cloacal es un desastre. La inmensa mayoría de los baños son verdaderos focos de infección. El sistema eléctrico es absolutamente precario. El cableado es artesanal y externo, realizado sin que se cumpliera ninguna medida de seguridad. Las celdas son verdaderos nichos o cuevas y los pabellones son túneles despojados de las más mínimas infraestructura e instalaciones. La humedad y las altas temperaturas son desoladoras, que se potencia por el hacinamiento total de los presos, que refieren estar mal alimentados. Si sumamos a esta situación las adicciones que se trafican en el establecimiento, es posible establecer un enfoque epidemiológico alarmante, que no ha generado un respuesta apropiada por parte del gobierno. Encontramos alojados 365 internos, cuando la capacidad de alojamiento inicial fue de 180 presos. La saturación de detenidos es extraordinaria. El nivel de congestión en celdas y pabellones es exorbitante. La situación hacinamiento se agudiza durante los días de visita porque se concretan en los mismos lugares en donde están alojados los internos, salvo un escaso numero de presos que reciben sus visitas en lugares comunes. Toda la población carcelaria está sometida a riesgos sanitarios extremos. Actualmente se ha resuelto agravar la situación de la alcaidía. Están reacondicionando un viejo pabellón de la ex Cárcel Provincial Nº 1 para alojar allí a presos que pretenden trasladar desde Sáenz Peña. Los trabajos de reparación son muy precarios. Potenciarán el descalabro de la alcaidía.