Ante el pedido fiscal, el juez SASTRE requirió al Ministerio de Justicia la intervención de esa cárcel, y advirtió “un progresivo e intolerable deterioro de las condiciones generales de funcionamiento del mencionado establecimiento carcelario y de la prestación del servicio penitenciario, y una escalada de violencia institucional, que en conjunto comprometen seriamente la efectiva vigencia de los derechos humanos de las personas allí alojadas”.