La niña, que tiene 12 años, vive en la ciudad de San Pedro, Jujuy. Fue violada por un hombre de 60 años quien la amenazó con matarla si lo denunciaba. Se presentó en el hospital de su ciudad con dolor estomacal y recién allí la niña se enteró que estaba embarazada. Junto a su madre solicitaron la realización de un aborto no punible, como víctima de violación, sin embargo este derecho le fue negado, una y otra vez. Primero, por una supuesta objeción de conciencia, el Hospital Paterson de San Pedro, se negó a la intervención, y fue trasladada al Hospital Materno Infantil donde nuevamente fue víctima de un sistema que no protege a las mujeres ni a los niños.

En el Hospital Materno Infantil también dilataron la interrupción legal de su embarazo. El manejo del caso por parte del hospital, y la posterior decisión de realizar una cesárea, no solo extendió el sufrimiento de la menor sino que le dio, a los estos sectores antiderechos, el tiempo necesario para obligarla a parir y lograr la maternidad compulsiva.

Es así que el pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea y la prematura fue llevada a incubadora. Pese a lo que los especialistas indican y las estadísticas demuestran – que la sobre vida en estos casos es muy improbable- los sectores antiderechos, con el Ministro de Salud como principal abanderado, festejaron en las primera horas este atropello como un logro en el que, embusteramente, se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, al mismo tiempo que se “salvaban las dos vidas”.

No solo incumplieron con los protocolos establecidos, sino que pretenden retroceder en los derechos garantizados por ley desde 1921. Avasallando los derechos de esta niña y su familia, quisieron aleccionar al movimiento de mujeres, y fijar un precedente para todos los cuerpos gestantes que luchan por que los protocolos de abortos no punibles se cumplan, y que piden que sea ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Diversas organizaciones declaran, con toda razón, que la cesárea no es ILE y exigen la renuncia de Bohuid por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se prevén para los próximos días diversas acciones de denuncia y visibilización de este hecho violatorio de los derechos humanos, en especial una marcha a realizarse el 1 de febrero que será de alcance federal.