El informe encontró que, en medio de un aumento dramático en la población de mujeres privadas de libertad en América Latina en los últimos 20 años, un porcentaje significativo de mujeres languidecen en prisión preventiva. En países como México, el porcentaje de mujeres en prisión preventiva es aproximadamente un 20 por ciento más alto que para los hombres. En Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú, alrededor de la mitad de las mujeres en prisión preventiva están encarceladas por delitos de drogas.
“Los hacedores de políticas de América Latina deben reconocer que encerrar a un gran número de mujeres para que esperen el juicio por delitos de drogas menores y no violentos no crea comunidades más justas o seguras, ni reduce la escala del mercado ilícito de drogas”, afirma Marie Nougier, Directora de Investigación y Comunicaciones del IDPC.
Si bien varios países latinoamericanos han tomado medidas en los últimos años para reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, estas medidas siguen siendo limitadas. El informe recomienda un número de reformas incluyendo la adopción de restricciones legales para limitar su uso a casos excepcionales, la promoción de alternativas sin custodia y la eliminación de la obligación de imponer la prisión preventiva por un tipo específico de delito, como los delitos relacionados con las drogas. Todas estas medidas deben incorporar un enfoque específico de género para aliviar el impacto desproporcionado de la prisión preventiva en las mujeres. Por ejemplo, el uso de la prisión preventiva debe ser prohibido para mujeres embarazadas o mujeres con dependientes.
“El derecho internacional señala que la prisión preventiva solo debe usarse como último recurso, pero los sistemas de justicia penal en América Latina continúan empleándola con demasiada frecuencia y de manera arbitraria”, señala Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia. “Abordar este problema debe implicar la reforma de las leyes punitivas de drogas que impulsan las tasas de encarcelamiento en toda la región, al tiempo que se reconoce que las mujeres son las más afectadas por estas políticas injustas”.