El funcionamiento del poder judicial actúa en plena convivencia con los otros poderes del Estado. Lxs magistradxs son parte de este entramado que llamamos estafa. Porque la decisiones en materia de “seguridad” y “política criminal” acarrean como consecuencia directa:
la criminalización de lxs pobres, la sobrepoblación carcelaria (hacen uso y abuso de la prisión preventiva, seis de cada diez personas están sin condena), el hacinamiento, las personas presas NO tienen los medios suficientes para poder dar con quienes son responsables de sus causas, NO acceden realmente a su derecho de defensa, sino hasta que a una Fiscalía se le ocurre citarlx a declarar, recién ahí interviene efectivamente su defensa (esto se debe entre otras cosas, a que la cantidad de asesorxs letradxs del Estado son ínfimos, con relación a la cantidad de personas imputadas).
Es decir, que la persona presa puede estar privada de su libertad durante días sin que nadie ejerza su derecho de defensa, presxs sin D.N.I, falta de infraestructura, negación de derechos básicos de acceso al sistema de salud, educación, trabajo, regímenes de tortura, aislamientos arbitrarios.

Lo enunciado y muchos otros factores dan como resultado muertes en manos de un Estado que no da respuesta a las necesidades básicas que debieran ser garantizadas, violando así los tratados internacionales por los Derechos Humanos.
Por ello creemos que es de SUMA URGENCIA llevar a cabo acciones que no solo visibilicen las problemáticas en contextos de encierro, sino también para que lxs responsables accionen frente a las demandas de forma concreta e inmediata.

•Creación del Mecanismo provincial contra la prevención de la tortura en Córdoba.

. Abolición inmediata de las celdas de aislamiento, llamadas buzones o calabozos. Sabemos que la cuarta parte de los “suicidios” se produce los lugares de aislamiento.

•Abolición inmediata de las medidas de sujeción.

• Que el acceso al sistema de salud no sea un privilegio, es un DERECHO.
Que se garantice un mínimo de especialistas de la salud por cantidad de personas.

• Vigencia real del Derecho de Defensa para las personas presas, desde el primer instante en el que son encerradas.

• Eliminación de los requisitos restrictivos del “Régimen de visitas” que vulnera los derechos elementales. Que se restablezca la visita general.

• Que la visita íntima no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que el acceso a la educación no sea un privilegio, es un DERECHO.

• Que se cumpla la Ley 24. 660, acceso al salario y derechos laborales de las personas que están en contexto de encierro.

• Políticas sociales y laborales para quienes cumplen prisión domiciliaria y quienes salen en libertad.

BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN LAS CÁRCELES
FAMILIARES DE PRESXS
EX PRESXS
PERSONAS AUTOCONVOCADAS
AUTOCONVOCADXS ANTICARCELARIXS CÓRDOBA
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