Muerte y corrupción en dos cárceles

Roberto Jeremías Silva, era de Santo Tomé, Corrientes. Tenía 16 años de edad y fue trasladado a la Unidad Penal N. 2, de menores, en San Cayetano, Corrientes. Fue encontrado en las primeras horas del miércoles 27 de abril por el personal penitenciario de esa Unidad Penal. Tras realizar los peritajes en su celda, dieron a conocer que el niño de 16 años se ahorcó con una sabana que ató a la ventana y luego a su cuello para cometer el suicidio. Al decir del servicio penitenciario, al ser privado de su libertad entró en un cuadro depresivo habría estado bajo seguimiento psiquiátrico. Cabe consignar que el servicio penitenciario de Corrientes, tiene injerencia sobre una población penal de más de 1000 personas, en el encierro, en 5 unidades penales; La UP 6 de procesados y la UP 2 de menores comparten predio en San Cayetano a 25 km de Corrientes. El personal médico, un psiquiatra y 5 psicólogos no son suficientes ni permanentes, sino que rotan por las unidades, y así llegan a tiempo para desatar los nudos de los niños ahorcados al amanecer.

Carlos Tuama, asesinado de 18 puñaladas en UP 6
En la madrugada del 20 de Mayo, fue encontrado muerto de 18 puñaladas, Carlos Raúl Tuama. El asesinato ocurrió, alrededor de las 0.15 del viernes, en un pabellón de máxima seguridad, anexo de la Unidad Penal Nº1 en el Penal Nº 6 de San Cayetano. Se hizo cargo de su muerte otro preso, con el que compartían, causas y un largo historial de violencia, homicidios por encargo, venta de drogas (en la semana previa a la muerte de Tuama recuperó la libertad, solo con sumario administrativo, el agente penitenciario que estuvo demorado por el ingreso de casi un kg de marihuana a la unidad penal) , salidas a robar, ya condenados, motines sangrientos. Por lo bajo se habla de ajustes de cuentas, de corrupción, de connivencia con sus custodios. En declaraciones publicas, el propio fiscal dice investigará si el personal del Servicio Penitenciario tuvo implicación en el hecho. El fiscal de Instrucción Buenaventura Duarte aseveró que “el personal del Servicio Penitenciario podría resultar implicado en el crimen del interno Raúl Tuama debido a las irregularidades cometidas luego de ocurrido el hecho”. También el letrado afirmó que “en el marco de las investigaciones, el jefe de guardia declaró como testigo sospechoso”. Las irregularidades pasan por no haber informado en el tiempo debido a las autoridades del penal, como “tampoco se avisó a la Comisaría Décima” dijo Buenaventura Duarte. Por nuestra parte, sostenemos una vez más que el Estado es siempre responsable de la vida y la seguridad de los seres humanos que decidió encerrar.
Hilda Presman – Red de Derechos Humanos