El 8 de Julio de 2010, a las 3:30 a.m. en una celda de 5×8 metros, donde malvivían 20 personas, doce de ellas murieron quemadas o asfixiadas a raíz de un incendio desatado por un cortocircuito.Esto sucedió en un penal de 100 años de antigüedad: la cárcel departamental de Rocha, Uruguay que- en la madrugada del incendio- tenía una capacidad de 50 plazas y una población de más 130 seres humanos.El gobierno de Pepe Mujica, inmediatamente, salió a reconocer tanto el estado crítico del sistema penal uruguayo, como la necesidad de construir nuevas cárceles adecuadas al crecimiento de la población justiciable. Mientras tanto, ordenó alojar a los presos en cuarteles militares.La cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile, tiene una capacidad de alojamiento para 1100 personas. Viven allí 1900 presos. El 8 de diciembre de 2010 murieron 83 de ellos y 14 resultaron heridos. En su gran mayoría, por asfixia o quemaduras.El Presidente Piñera admitió el mismo día que el sistema penitenciario chileno se encuentra en estado de emergencia y necesita una profunda reforma, que contemple mayor presupuesto, más personal y más prisiones.En la Provincia de Buenos Aires, en la comisaría 8va de La Matanza, el 14 de diciembre de 2009, cinco personas murieron en un incendio dentro de una celda con capacidad para 9 presos que alojaba a dieciocho.Así venimos en la región. Palabras más, palabras menos, desde el Estado las masacres se traducen como “tragedias” y se asume el compromiso de la “modernización” del sistema.
¿Y en el sistema federal de prisiones?Aquí, la gestión de los últimos cuatro años presume de haber puesto en marcha y venir sosteniendo la tal modernización, cuyo eje central es la llamada sectorización, que consiste en el reagrupamiento de l@s pres@s en base a su potencial de conflictividad, inadaptabilidad al régimen o liderazgo “negativo para el resto de la población”, de acuerdo a las categorizaciones del SPF. En su manifestación más “pura” la sectorización incluye aislamiento en celda individual 23 horas al día durante meses.La administración penitenciaria se jacta de haber logrado así el descenso de los niveles de violencia en las cárceles federales argentinas.Hace ya unos años que no suceden “desgracias”.Sin embargo, de 2008 a 2009 se ha duplicado en el ámbito federal el número de casos de maltrato, apremios ilegales y tortura registrado por la Procuración Penitenciaria de la Nación.A la vez, en 2009 hubo un 25% más de suicidios que en 2008 y un 67% más que en 2006.A lo largo de 2010, la situación de este lado del muro se mantuvo dentro de la misma tendencia: las muertes se suceden, los porcentajes se mantienen o crecen. Nuestros cuerpos continúan desapareciendo en celdas y leoneras inmundas, en los pasillos y las enfermerías de las prisiones.Cuando se piensa en el servicio penitenciario, hay una tendencia a identificarlo con la imagen del carcelero, una especie de máquina idiota de aplicar sufrimientos. Y creo que no estaría de más recordar aquí que en la cárcel- ese dispositivo de control y castigo- trabajan, codo a codo con el carcelero, una legión de profesionales: criminólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, docentes. Todos ellos avalan y justifican las prácticas cotidianas de aquella máquina. Los psiquiatras te mantienen lo suficientemente drogado como para que no pienses ni cuestiones. Los psicólogos elaboran “perfiles” de l@s pres@s, que servirán a su vez a los criminólogos para determinar el “tratamiento” adecuado a la población en función de categorías como conflictividad, adaptación al régimen, liderazgo negativo; los médicos (cuando están) te observan morir y luego certifican paros cardiorrespiratorios, sin distinción de razas, sexo o religión ni por supuesto causa real de la muerte.A la vez, nada de esto sería posible sin la cobertura que buena parte del Poder Judicial aporta a la “familia penitenciaria”, mediante la desestimación sistemática de recursos de amparo y hábeas corpus interpuestos por l@s detenid@s y la escasa (y nula, en muchos casos) investigación de los delitos cometidos por personal de “la familia”.Para quienes habitamos las prisiones no es novedad, pero es imprescindible repetirlo una y otra vez: es el Estado, a través de sus múltiples agencias y funcionarios, el que tortura y mata en las cárceles argentinas.Y son los medios de difusión, en su gran mayoría, quienes trabajan sin cansancio para construir una realidad de miedo e inseguridad, que instala la idea de “lo que la gente sufre”.Y es la clase política- en su aplastante mayoría- la que enarbola el discurso que finalmente expresa “lo que la gente pide”: pena de muerte a los ladrones de gallinas, prisión perpetua para los niños.Es en este contexto social y bajo aquellas condiciones intramuros, que transcurrimos el 2010.Hacer un balance de este año requiere, en principio, recordar que no hay relación de poder o sometimiento sin resistencia.Aunque gran parte de los casos de violencia institucional no son denunciados por miedo a las represalias y la mayoría de las denuncias terminan licuadas en la burocracia de los tribunales, l@s detenid@s venimos dando cuenta hacia fuera del muro de esta realidad, a través de diferentes expresiones y en múltiples foros. A veces desesperados, otras organizados. En forma individual o colectiva, cientos de denuncias y reclamos vieron la luz en 2010.
“El ataque más profundo y virulento“A muchos de ellos los hemos canalizado desde el Centro Universitario Devoto, el espacio de la Universidad de Buenos Aires en la Unidad 2 del SPF.Desde el Grupo Universitario Devoto, nuestro centro de estudiantes, es ya una política histórica y una razón de ser como colectivo la denuncia de las condiciones de detención y de las prácticas aberrantes del SPF contra l@s pres@s y sus familiares. Por lo mismo, es un territorio simbólico que el Estado ha querido, desde sus comienzos, desarticular por cooptación o eliminándolo.Fue en el marco de esta tensión histórica que el CUD resultó, a partir de septiembre de 2010, objeto del ataque más profundo y virulento de los tantos que viene sufriendo de parte del SPF en sus 25 años de existencia: allanamientos, traslados, atropellos a docentes y estudiantes, secuestro y robo de patrimonio de la UBA y ataque a la autogestión en un conflicto que aún no termina.Una vez más, resistimos.La expansión de este conflicto más allá del muro de Devoto fue el eje fundamental de nuestra lucha: con ello logramos que cerca de 400 adhesiones entre particulares, organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y de DDHH, personalidades de la educación, la política y la cultura, instituciones, colectivos y medios periodísticos se constituyeran en protagonistas, con su presencia activa o su adhesión solidaria, junto a quienes sostuvimos 54 días de huelga de hambre, en defensa del CUD, como espacio de resistencia y producción de pensamiento crítico.Sería extensísimo para este medio enumerar tantas expresiones de militancia y solidaridad. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar hechos que, a pesar de no haberlos presenciado, tengo para mí como imágenes, escenas imborrables que seguramente no entraron nunca en los pronósticos de la inteligencia penitenciaria: el mediodía en que el Consejo Superior de la UBA, superando la presión de una amenaza de bomba en el edificio, emitió por voto afirmativo de todos sus Consejeros ( estudiantes, docentes, no docentes, graduados) una declaración histórica por su carácter de unánime, de repudio al atropello y en defensa de nuestro espacio.La tarde en que la Legislatura Porteña declaró de interés social para la Ciudad al CUD y al Programa UBA XXII.Las dos tardes en que dos organizaciones políticas estudiantiles históricamente enfrentadas en sus posiciones y sus acciones, estuvieron hombro con hombro poniendo el cuerpo junto a nuestras familias, nuestros amigos y profesores a las puertas del Ministerio de Justicia de la Nación, sosteniendo nuestro reclamo.Los días en que un periodista se plegó a nuestra huelga de hambre frente al Congreso de la Nación, en solidaridad con nuestra lucha.Más acá de la significación simbólica, estas imágenes son también un texto que permite otras lecturas:1. El SPF logró, en pocas semanas, lo que no lograron años de discusión, luchas y búsqueda de consenso: Que la FUBA y el Rectorado de la UBA, enemigos manifiestos en tantos cruces en la última década, acordaran una posición que implicó la decisión política de un frente común contra el Ministerio de Justicia de la Nación;que dos eternos adversarios en las asambleas estudiantiles y en las urnas (la izquierda independiente y Franja Morada) compartieran una instancia de lucha, interactuando con los estudiantes detenidos. Y, encima, que no pelearan entre sí por un espacio de protagonismo en la marcha;que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su cuerpo legislativo- representante de todos los ciudadanos porteños- reconociera el aporte fundamental de la educación universitaria en contextos de encierro y que, como detalle no menor, habilitara el coqueto Salón San Martín para difusión- entre otras- de la voz de presos de “liderazgo negativo”;que una huelga de hambre de presos “comunes” tomara cuerpo vivo en un periodista del campo popular y expresión política en las calles por primera vez en muchísimos años en nuestro país.2. Sobre la base de estos datos, se podría pensar que la triste historia militarizada del SPF ha generado en sus componentes una discapacidad para lidiar en ámbitos y situaciones, donde la fuerza bruta no sea el derecho supremo.Sin embargo, el Director Nacional del SPF es – o al menos era hasta fin de 2010- un civil, lo cual también nos puede indicar que ciertas discapacidades no respetan límites de indumentaria.Pero además, ¿esto fue un error de cálculo y un exceso de soberbia del Director nacional? Puede ser. Pero, en todo caso, sólo se equivoca el que hace. Y, a ese nivel de decisiones, nadie hace sino en el marco de una política de Estado, con el respaldo de – por lo menos- una autoridad política superior.
La autogestión que irrita al poderA ningún ministro, a ningún mandatario provincial o nacional le molestaría la educación en las cárceles, si sólo consistiera en incorporar datos en la cabeza de sujetos dóciles. Lo que irrita al poder político es el ámbito autogestivo real del CUD y potencial en las escenas de centros universitarios funcionando hoy en Argentina. Irrita la posibilidad de un pensamiento crítico, en la medida que éste permita hacer visible lo que casi nadie quiere ver: la sistemática violación de los derechos humanos en las cárceles, el alto nivel de corrupción penitenciaria, las torturas y las muertes de evidente responsabilidad institucional y la atroz complicidad de la corporación judicial que legitima todo ello.Este año 2010, entonces, ha sido un tramo en el recorrido de un largo camino sembrado de violencia institucional y de resistencias y denuncias plurales, dan cuenta de ello las agresiones a los compañeros universitarios y sus visitas en la U 48 de José León Suárez, el hostigamiento permanente a las compañeras del Centro Universitario Ezeiza (U 3), a los compañeros de Marcos Paz, a los de Santa Fe, etc. Al mismo tiempo, la clase política ya comenzó la carrera del año electoral impulsando desde hace meses una nueva Ley Blumberg (lo que la gente pide).En este escenario, el año que comienza no parece prometer cambios significativos: ya sea por miedo a perder votos, por incapacidad estructural o por perversión de clase, va a ser muy difícil que algún político con aspiraciones reales de poder acepte mover las aguas en estos temas.Pero nuestros muertos siguen aquí.Pero nosotros seguimos siendo “difícilmente adaptables al régimen” de la estupidización y el bastonazo.Así que, optimistas por necesidad y pesimistas por principio de realidad, seguimos insistiendo. Nunca se sabe: tal vez, y aunque más no sea por despegarse del montón, alguien con capacidad de decisión acepte asumir la responsabilidad de lo que pasa y ajustar algunas tuercas en este desastre.Seguiremos deseando la libertad del cuerpo, mientras podamos sostenernos en el pensamiento para la libertad.                                                                                                           Rodolfo Rodríguez