Justo el Día los Inocentes, el pasado 28 de diciembre, comenzó a tomar cuerpo legal la culpabilidad de los penitenciarios Osvaldo Barnechea, Mauro Vogler y Felipe Britez por su responsabilidad en la estafa de casi 800 mil pesos en perjuicio de la Unidad Nº 6 de Rawson. Así, el juez federal Hugo Sastre los procesó y embargó por 900 mil pesos a los tres. Como se sabe, los principales afectados por este latrocinio son los presos quienes, además de sufrir la paloterapia cotidiana, ven disminuida su pobrísima calidad de vida y pulverizados sus derechos a la alimentación, salud y tantos otros que adornan la Constitución, junto a los decorativos pactos internacionales que firmó el gobierno nacional.La noticia fue tapa de todos los diarios patagónicos y cabe recordar que la Justicia Federal investiga el destino de 774.440,34 pesos que Chubut le pagó al Servicio Penitenciario Federal por los presos provinciales que mantiene en la U-6. Según la evaluación que realizo Sastre, luego de analizar la información que le suministró la sucursal Rawson del Banco Nación, consideró “probado” que de esa entidad se retiraron 772,857, 95 pesos por caja durante enero, febrero, junio y octubre de 2005. De acuerdo a la pericia, Sastre escribió: “Está acreditado que estos importes no fueron ingresados en las fotocopias de los libros Mayor de cuentas de movimiento y tampoco aparecen reflejados en las fojas adjuntas del Libro del Banco ni en las fechas en que se realizaron los depósitos ni a posteriori”.En el lenguaje del barrio esto significa que los penitenciarios se robaron el dinero y está probado sin atenuantes. ¿Qué dirá ahora el señor Alejandro Marambio Avaría quien acusó a la Walsh y a este periodista de mentir y tener intereses espurios para denigrar a los hombres de la fuerza que comanda?No son todos los que estánEl procesamiento solo incluye algunos eslabones de la cadena de candados, valga la expresión. La primer denuncia ante la institución y ante la justicia la formuló el ex alcaide mayor Horacio Leguizamón, quien fue echado del Servicio Penitenciario Federal con un vertiginoso pase a retiro. Mientras que los denunciados, por caso el actual prefecto y principal implicado, Osvaldo Barnechea, ascendió dos grados y es luego tesorero nacional del SPF; Sixto Ferreira, auditor contable que recibió la denuncia de Leguizamón, para luego desaparecerla, fue ascendido a inspector general y es Jefe de Administración del Servicio; José Lera, por entonces titular de Administración se retiró como inspector general, máximo cargo penitenciario con jugosa jubilación. De acuerdo a Leguizamón, tanto Claudio Barberá, retirado como inspector general, como el actual director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio Avaría, actuaron mínimamente como encubridores, ya que ambos tenían pleno conocimiento de los hechos, y no solo no emitieron una sola palabra reprobatoria, sino que consintieron los ascensos de sus cobanis chorros a pesar de que éstos no pueden ascender mientras dure el sumario. Marambio Avaría, a quien le llegó el expediente en mano por la propia señora de Leguizamón y también por la vía institucional, afirmó que Leguizamón estuvo bien echado.
La voz de los presosDurante su paso por Rawson, esta Agencia tuvo acceso a la palabra de los detenidos que enviaron una carta a Elisa Martínez, en su momento Subsecretaria de Derechos Humanos del Chubut, con relación al rara avis Leguizamón. Los presos le dicen a la funcionaria que éste “desempeñaba sus funciones con ecuanimidad hacia los internos, su trato era más humano que el resto del personal (…) Lo que hace que la dignidad de la persona sea tomada en cuenta y uno valore la mesura y la diferencia en el tratamiento hacia uno. Asimismo dicho jefe ponía principal disposición de ánimo en solucionar problemas burocráticos inherentes a la administración”. Los presos se refieren al retiro de su dinero producto del trabajo en la Unidad 6, adquisición de anteojos, medicamentos, regímenes especiales de comida y el pago de horas laborales.En el escrito, también afirman que a poco de “irse” Leguizamón fue “rebajado el salario percibido y la cantidad de horas trabajadas”. A la vez, indican que mermó la “comida común en los pabellones, como en los regímenes dietéticos, aconsejados por el personal médico a internos con enfermedades crónicas”.También, la carta subraya que “en la actualidad se come con las manos, como si fuéramos medio orientales u orientales nada más. Nos faltan los recipientes para poder lavarnos las manos, luego de la utilización de las manos, o sea que estamos culturizándonos en una nueva forma de ingerir los alimentos, (…) Tal vez en este lugar se esté gestando el fin de la cultura del buen comer occidental con cubiertos, y se pase a la utilización de las manos como los homínidos arbóreos”.Finalmente, los cautivos le preguntan a la funcionaria: “¿Podríamos unos simples internos de la Unidad 6 hacer algo para que vuelva el señor Leguizamón Horacio y nos vuelvan a tratar como seres humanos?“Esta Agencia, precisamente, se caracteriza por denunciar los crímenes y tropelías de los uniformados, sin embargo resulta interesante escuchar las voces de los cautivos sobre alguien que fue y será atacado por Marambio Avaría, porque no quiso prenderse o silenciar el “yeite”.El emperador en problemasQué Marambio Avaría maneja la cárcel, cuanto menos hacia afuera, como un emperador lo acreditan numerosos actos de torpeza que lo llevaron a confrontar con diversos organismos y personalidades. “Alejandro Marambio, la mano negra que maneja las cárceles, es el titular del Servicio Penitenciario Federal. Durante su gestión se repitieron motines y hechos de violencia. Nombró a un torturador en un cargo y unió en Devoto a presos de buena conducta con los peores, provocando un homicidio. Lo acusan de dar privilegios a ex represores y de impedir la labor de organismos de Derechos Humanos”, escribió Lucas Olivera en La Política On Line Ni bien asumió en julio de 2007, el emperador A.M.A. designó a Hugo Sbardella al frente de la cárcel de Villa Devoto. Sbardella, conocido como “El Carnicero”, fue acusado de dejar ciego a golpes a un preso en 1998. La causa penal prescribió tras un “sorpresivo” cambio de carátula que trasmutó la acusación de lesiones gravísimas al benévolo “exceso en la legítima defensa”. Sin embargo, el CELS, la Procuración Penitenciaria y varias ONGs consideraron inadmisible el nombramiento de alguien con esos antecedentes y lo denunciaron públicamente. Luego de las críticas recibidas A.M.A tuvo que retroceder, pero solo para volver a atacar. Así, inventó la región Noroeste en la órbita del SPF y ahí lo designó nuevamente a Sbardella.Por otra parte, la propia Universidad de Buenos Aires que asiste a las cárceles desde hace 24 años con el Programa UBA XXII, tuvo que presentar un amparo por primera vez, durante la gestión de Marambio Avaría, debido al hostigamiento sufrido por  sus docentes y a los traslados permanentes de los alumnos que hacían imposible el estudio.Otra perlita de A.M.A. sucedió cuando quiso imponer a una amiga de su confianza, Silvia Martínez, quién había negado públicamente la existencia de tortura en las cárceles, como procuradora penitenciaria. Casi todo el mundo sabe que la Procuración se encarga de la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, no de sus torturadores. Martínez y A.M.A., que corrían en yunta, no se dieron por enterados. Claro que el Kirchnerismo apoyó la maniobra, solo fallida por la oposición firme de organismos y entidades populares, quienes evaluaron lo pernicioso que hubiera sido esa inaudita asociación.Y aunque parezca increíble, en su largo prontuario de desaciertos, A.M.A. negó la entrada a sus cárceles de mala muerte al embajador de Francia Frederik du Laurens, a abogados de la propia Procuración y hasta jueces de la Nación. Una de sus más sonadas impericias se originó cuando el diputado Juan Carlos Gioja, titular de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y el profesor Sergio Torres, integrante de la cátedra del ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, organizaron una gran donación de libros que ellos mismos entregarían en Devoto y también les negó el ingreso.Igualmente, hostilizó a diversos organismos humanitarios que no pudieron entrar por largo tiempo a los penales, inaugurando un estilo nefasto en la constitucionalidad. A la vez, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hace meses que le reclama una audiencia para que explique porque  A.M.A. impide la entrada como representante de esa entidad a quien escribe esta nota, y el silencio es la única respuesta. Nunca antes la Liga había sufrido una altanería de esta dimensión por parte de los grises penitenciarios, única fuerza que no hizo una autocrítica por sus crímenes durante la dictadura, ni formal, ni real, ni pour la galerie, ni para la gilada, ni siquiera para disfrazar en carnaval a los continuadores de la tiranía que se exhiben sin pudor con engreimiento e impunidad.Vida y muerteAsimismo, A.M.A. impugnó una investigación de los sociólogos Alcira Daroqui y Carlos Motto donde se estableció un sinnúmero de torturas y sevicias perpetradas por los hombres del SPF “porque está hecha sobre una encuesta anónima”. En primer lugar, A.M.A. debería saber que salvo excepciones,  TODAS las encuestas son anónimas. Y, por otro lado,  ofrecerle en bandeja los nombres de los que se animaron a hablar hubiera significado entregar sus cabezas a certeras guillotinas. Al mismo tiempo, A.M.A. ha descalificado las cifras de muertes dudosas y/o violentas que brinda el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos en sitios de encierro “porque son recogidas de los diarios”. Claro que si  no ocurrieran ni la matanza ni las torturas que él mismo silencia en las cárceles que dirige, quizá el Cepoc no acudiría a los medios, ni nosotros al Cepoc, ni los familiares al Gauchito Gil o a otros santos y dioses quienes prestan mejor oído al sufrimiento desgarrado que los jueces de incurable sordera.Precisamente, el Cepoc denunció que en el año 2009, hasta el 15 de diciembre, tomando todos los lugares de encierro, las sesenta y dos muertes ocurridas se produjeron por los siguientes motivos:

Ahorcamiento
19

Herida cortopunzante
14

Quemaduras
10

Accidentes de Transito (incluye el deceso de tres penitenciarios bonaerenes)
4

Causa violenta sin datos
2

Mala atención médica
1

Ingestión de cocaína
1

Disparo de arma de fuego
1

Estrangulamiento
1

Ahogo por falta de aire en traslado
1

Electrocución
1

Total
62

 

Es de vital importancia destacar que estos datos fueron relevados de los medios o brindados por familiares que vencieron el miedo. La cifra real no podemos conocerla con exactitud, pero su número es harto más elevado que 62. También se evidencia que en la inmensa mayoría de los casos los decesos fueron responsabilidad del Estado, de sus agentes, que ex profeso no resguardaron la vida de quienes habitan el encierro. Por caso, Romina Leotta se “suicidó” el pasado viernes 27 de noviembre, en el pabellón Nº 5 de la Unidad Nº3 de Ezeiza. Durante más de una hora sus compañeras le gritaron a la celadora que abra la puerta de su celda, y esta no lo hizo hasta que le dio la gana. ¿Quién, sin intenciones espurias, puede afirmar que fue suicidio? ¿Acaso A.M.A. tomó alguna medida seria con la celadora que ni siquiera llevaba la identificación correspondiente? ¿Acaso está procesada por este crimen? No. Precisamente, esta impunidad alienta nuevos asesinatos. La muerte y la corruptela son pilares estructurales de esta fuerza, en Chubut y en cualquier sitio de la Argentina, dirigida por un emperador decadente quien, con ansias de billetes, eligió el más triste de los oficios terrestres. Sin embargo, otra realidad es posible. La lucha por cada vida, por evitar la muerte y el escarnio diarios de los hijos del pueblo, va unida a la lucha por las transformaciones más generales de una sociedad. Es parte del áspero camino. Las organizaciones populares y entidades humanitarias tienen potestad para ingresar a las cárceles y denunciar las violaciones descomunales que se suceden en las prisiones regenteadas y ocultadas, con celo, por el César. Así lo establece el Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes firmado por el Estado argentino en el año 2004. De nosotros depende que sirva para defender la vida o que su letra siga estimulando las potencialidades narrativas y discursivas de los funcionarios del gobierno de turno.Oscar CastelnovoAgencia Walsh