Después de la movilización de organizaciones de mujeres, y ante la repercusión del caso a nivel nacional, el gobernador Gerardo Morales se vio en la obligación de anunciar anoche que “dio la orden” de garantizar la ILE que garantiza el fallo FAL de la corte suprema y el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, pese a esta versión oficial en la que el Gobierno “autoriza la interrupción del embarazo”, en realidad lo que proponen es inducir un parto por cesárea y así “salvar las dos vidas”, lo que no es más que obligar a la niña parir un niño que no desea y difícilmente sobreviva.

En este sentido el jefe de la Maternidad Gustavo Briones expresó a medios locales que ya “se realizaron los estudios complementarios y se determinó que hay 24 semanas de edad gestacional, lo que equivale a 6 meses de embarazo, y un peso estimado fetal de 700 gramos. Ya puede ingresar en neonatología”.

Recordemos que lo que la ley ILE garantiza es un aborto no punible y no un parto prematuro. A este respecto, Stella Maris Manzano ha hecho pública por redes sociales, su apreciación del caso, indicando que la dilación de la intervención se encuentra relacionada con la intención de violentar la voluntad de la paciente y que el feto pueda sobrevivir en incubadora, aunque la expectativa de vida, así como la calidad de vida, sea dudosa.

“Si logran que el feto viva y sea discapacitado, dirán que fue por un aborto, no por un aborto que ellos impidieron, porque dilataron los tiempos hasta que fuera un parto” sentenció la reconocida especialista en Tocoginecología y Medicina Legal, que actuó en el famoso caso F.A.L. que marcó antecedentes en el acceso a los abortos no punibles.