Cada minuto que transcurre en el cumplimiento de la medida de fuerza que llevan adelante, los presos del caso Curuguaty se enfrentan a los sectores de poder que se obstinan en mantenerlos prisioneros.
Numerosos incidentes provocaron las autoridades a lo largo de la huelga de hambre, todos con el fin de quebrar su voluntad y de lograr que desistan de su ayuno. Fueron trasladados sin su consentimiento a la enfermería del penal de Tacumbú, donde fueron expuestos a ser contagiados a diversas enfermedades. Se les recortaron visitas de dirigentes políticos y médicos personales. Luego Rubén Villalba fue trasladado al Hospital Militar, donde se intentó alimentarlo a la fuerza. Tras ser devuelto al penal, se ordenó el traslado de los cinco nuevamente al Hospital Militar, lugar donde denunciaron ser acosados e instigados a comer. Se le restringieron las visitas no solamente a los familiares: Tanto su abogado defensor, como los miembros del Mecanismo Contra la Tortura y el conocido activista de derechos humanos Martin Almada se enfrentaron al impedimento de ingreso impuesto por los militares al hospital. En todas esas oportunidades, las denuncias públicas realizadas desde la Articulación Curuguaty y la firmeza de los huelguistas lograron revertir esas situaciones. Hoy 53 días después de iniciada la huelga, el estado de debilidad de los cinco es tan extremo que necesitan ayuda para acomodarse en la cama y para trasladarse.

Audiencia a los fines de revisar condiciones de detención:
El juzgado interviniente en el caso de la masacre de Curuguaty fijó para mañana 9 de abril la audiencia en la cual tratarán el pedido formulado por la defensa de los cinco presos, de que se dicten medidas alternativas a la prisión.
El fiscal del caso, Jalil Rachid, ya adelantó que se opondrá a la revisión de la medida de prisión preventiva, dado que según su interpretación los acusados enfrentan cargos que no admiten medidas alternativas.
En tanto la Conferencia de Religiosos de Paraguay convocó para hoy por la tarde una marcha desde la catedral Metropolitana hasta el Hospital Militar, pidiendo la libertad de los campesinos.
En el mismo sentido, un conjunto de altos dirigentes de la Iglesia Católica hizo llegar un pedido al juzgado de que conceda a los huelguistas la prisión domiciliaria.
Mientras esto ocurre en Paraguay, se siguen sumando organizaciones adherentes al pedido realizado a la CIDH de que se ordene la suspensión el juicio contra los campesinos, cuyo inicio está previsto para el día 26 de junio, hasta que se defina como cuestión previa la titularidad de las tierras de Marina Kué.
Esta cuestión es central en el caso, ya que la acusación del fiscal Rachid está sustentada en la figura de “invasión de inmueble ajeno” y en la figura de “asociación criminal” para tal fin. Los campesinos afirman, de acuerdo a numerosas pruebas, que esas tierras son públicas y que fueron usurpadas por firma Campos Morombí. Esta firma promovió el desalojo que terminó con la masacre de Curuguaty, de la cual los campesinos acusados son sobrevivientes.