Desde el inicio del gobierno de Cambiemos venimos caracterizando un salto cualitativo en la aplicación de las políticas represivas estatales, que escaló, desde mediados del año pasado, hasta la instalación de hecho de un “estado de excepción”, con su consecuente suspensión extraordinaria de derechos y garantías básicas. Con el avance de la crisis capitalista, junto a las medidas de Macri y los gobernadores, la clase trabajadora ocupada y desocupada y sus hijxs vienen recibiendo un ataque gigantesco con ajuste, despidos y tarifazos. Está claro que para imponer este ataque el gobierno necesita reforzar y legitimar su aparato represivo.
En el mes de abril se comenzó a tratar en la Cámara Alta el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, donde se establece el recrudecimiento de las penas y habilita la acción directa de la policía. Por más que algunas medidas no hayan logrado aprobarse y todavía esté pendiente su debate, que se busque introducir las modificaciones es un acto deliberado que en un contexto de aumento represivo, está directamente entrelazado con la criminalización de la pobreza y la protesta social.
El gatillo fácil es una política de estado, direccionada específicamente a disciplinar y sembrar el miedo en lxs jóvenes de clase trabajadora ocupada y desocupada, en aquellxs que sienten más de cerca las injusticias y desigualdades de este sistema. ya que tanto las mismas fuerzas represivas como el sistema judicial actúan protegiendo a los perros guardianes del estado opresor, reduciendo sus penas o directamente “cajoneando” las causas. A partir de las declaraciones del poder ejecutivo donde se expresaba que ningún policía iba a ir preso por gatillo fácil, observamos el nuevo carácter acerca del tratamiento de los casos de gatillo fácil. Siempre el estado había tomado el recaudo de realizar estas acciones detrás de un velo discursivo que lo hacía desligarse de la responsabilidad directa sobre estos actos. A partir de las declaraciones de Macri y Bullrich, ha quedado muy claro que el gatillo fácil es una política dirigida por el mismo estado, un accionar avalado abiertamente y considerado como la manera correcta de actuar.
Las consecuencias de la implementación de esta doctrina ya se están haciendo ver y se hacen sentir con fuerza, sobre todo en las barriadas populares, que son el sector social al que van dirigidas estas política. Por eso, hoy cada vez más, se hace urgente redoblar nuestros esfuerzos militantes para que ese supuesto miedo del que hablaba la ministra se haga real, para terminar con la impunidad descarada que nos quita la vida de un ser querido cada 23 horas, a partir de la implementación sistemática de la práctica ilegal e inconstitucional de la pena de muerte.
El intento de Macri de introducir las Fuerzas Armadas en cuestiones de “seguridad interna” con la excusa de combatir el narcotráfico refleja una continuidad de las políticas que comenzaron con el Kirchnerismo y hoy son bandera y propaganda del gobierno de Cambiemos. El gobierno K incorporó a gendarmería para el control social interno y esto permitió que Cambiemos aplique un salto cualitativo para reforzar el control popular, el disciplinamiento, el aumento de causas armadas, las torturas, la persecución a los y las que salimos a luchar, las muertes en cárceles y comisarías, y el gatillo fácil.
Llamamos a sumarse a las organizaciones para acompañar la lucha de:
Fabián Gorosito, asesinado el 15/8/2010: por once policías de la bonaerense (Giménez, Fernández, Nieva, Ortiz, Fortunato, Oviedo, Villalba, Sánchez, Dipierro, Ose, Cuello y Sosa.) en Mariano Acosta (Merlo), ese día se cumplirá 8 años de su asesinato y queremos que la marcha también sea para homenajearlo ya que el 21 de agosto se realizará el juicio.
Germán Gómez, asesinado el 30/04/2016: por el gendarme Felipe Villalba en el Barrio Parque del Sol (Merlo), el juicio se realizará el 21,22 y 23 de noviembre.
Lucas Décima, asesinado el 23/02/2017: por Mariano Alberto Ballarino (Policía de la bonaerense) en el partido de Merlo. El juicio se realizara el 26,27 y 28 de septiembre.
Pablo “Paly” Alcorta, fusilado el 18/05/2013: de un tiro en la cabeza por Diego Ariel Tolaba en el peaje de Acceso Oeste y Santamarina, en Morón y después de 7 meses de agonía murió el 6/12/2013.
Nazareno Vargas y Agustín Curbelo, asesinados el 30/07/2017: por 11 tiros de un arma reglamentaria de las fuerzas represivas, en el partido de Merlo.