(Por Roxana Arazi/Producciones Periodísticas Independienes)Oscar Castelnovo es periodista especializado en DDHH y responsable de la Agencia para la Libertad/ Periodismo es intervención social (https://agenciaparalalibertad.org/). En Café a la Turca (8/04/2020) se refirió a cómo se vive el aislamiento en contexto de encierro, en un país que tiene “cien mil personas privadas de su libertad, de las cuales el 60% no tiene sentencia firme hasta la fecha”. “Lo que ocurrirá en cárceles y penitenciarías de todo el país, de no mediar decisiones rápidas y ajustadas a la realidad que nos toca atravesar, puede llegar a ser desolador…”. De esa manera se refirió Castelnovo a lo que ocurrirá en cárceles, comisaría, alcaidías y penitenciarías del país si no se adopta de manera urgente una medida ajustada a las actuales circunstancias, producto de la pandemia por #Covid 19, teniendo en cuenta que rige un “Decreto Nacional de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todos los ciudadanos (con las excepciones conocidas) pero que no contempla que “los lugares de encierro reúnen justamente todas las características para el contagio”. (…) Castelnovo dejó abierto un interrogante: “si existe un mecanismo en nuestra Constitución Nacional que habilita a los gobernadores de cada una de las provincias a otorgar libertades mediante decretos, y las respectivas instancias jurídicas a través de resoluciones, no se entiende por qué no los están realizando ni qué están esperando. ¿Una tragedia?», para sentenciar con crudeza que “en ese caso ya no va a ser una tragedia, será una decisión (política)”.
Para muestra alcanza y sobra la realidad que desnudan las cifras: “En Argentina hay 100 mil personas privadas de su libertad, de los cuales 30 mil corresponden solamente a los 4 años de la gestión de Mauricio Macri (Presidente) y Patricia Bullrich de Pueyrredón (Ministra de Seguridad) – aclara Castelnovo – y que en una celda para dos personas conviven 9 internos y en un pabellón para 20, hay 60 personas”, informó.
La situación descripta se ve agravada porque – aseguró el periodista – “no les llegan los elementos de higiene. No hay lavandina, no hay jabón, no hay detergente y el alcohol está prohibido” pero no porque no exista posibilidad de suministrarle esos insumos que hoy son imprescindibles y que “están contemplados dentro del presupuesto que el Estado asigna por cada interno, sino porque se los roba el personal de las penitenciarías” aseguró.
“Tenemos – en Argentina – el 60 % de los detenidos sin sentencia firme y de ellos una gran parte, analizando caso por caso – aclaró – , podrían cumplir arresto domiciliario”. Castelnovo puntualizó que dentro de ese porcentaje “perfectamente se les podría otorgar libertad asistida o arresto domiciliario a un 30 % de esos detenidos, que permanecen privados de su libertad por causas de punitivismo menor o por ejemplo a mujeres embarazadas o con niños pequeños prisionizados con sus mamás (SIC), que en la mayoría de los casos están cautivas por el delito de mini tráfico de drogas, un clásico delito de la pobreza”.
Luego, Castelnovo explicó que «en nuestra propuesta – de la Agencia para la Libertad – no están incluidos los genocidas de la dictadura, quienes cometieron delitos de lesa humanidad y representan un real peligro social. Tampoco los feminicidas o violadores seriales, estamos hablando de la mayoría que está por delitos contra la propiedad o infracción a la Ley de drogas. Enfermos de HIV, Tuberculosis, asmáticos y otras enfermedades que los ingresa al grupo de riesgo. Mayores de 60 años, otros que están a punto de cumplir sus condenas, en fin, una larga lista de posibilidades de descomprimir la situación. Los estándares internacionales establecen 7 metros cuadrados para cada detenido, y eso en la Argentina no existe ni por asomo, todos están hacinados».
Tras repasar la situación de las cárceles en distintas partes del mundo, de ejemplificar con lugares en donde las Cortes Supremas de Justicia ordenaron deshabitarlas, y no precisamente en situaciones de extrema gravedad como la que se vive actualmente en el mundo por la pandemia generada por el #Coronavirus, sino simplemente porque “estaban superpobladas y eso implicaba un gran riesgo social y la transgresión a Pactos Internacionales». Y agregó: «Se dieron libertades anticipadas en Estados Unidos, que no es justamente un país progresista, también en Bolivia, Perú y Chile, entre 2010 y 2013».
El periodista enfatizó que el encierro «no sirvió para combatir el delito, ni para reinsertar socialmente, ni resocializar, ni para todos los re conocidos, en ningún lugar del mundo. Estados Unidos tiene el 25% de los presos del planeta y también el mayor índice de delitos. En tanto, países como Holanda o Noruega están destruyendo cárceles porque no hay presos para habitarlas. Ellos abordan el conflicto social con penas alternativas al encierro, se trata – por caso – de labores comunitarias. Y partamos de la base que la desigualdad social no es descomunal como en casi toda América Latina».
Castelnovo dejó abierto un interrogante: “si existe un mecanismo en nuestra Constitución Nacional que habilita a los gobernadores de cada una de las provincias a otorgar libertades mediante decretos, y las respectivas instancias jurídicas a través de resoluciones, no se entiende por qué no los están realizando ni qué están esperando. ¿Una tragedia?», para sentenciar con crudeza que “en ese caso ya no va a ser una tragedia, será una decisión (política)”.