(Equipo Misionero de DDHH, Justicia y Género) 18 presos de la Unidad Penal Nº3 de Eldorado comenzaron este martes una huelga de hambre reclamando por las condiciones insalubres en las que se encuentran, agravadas por este contexto de pandemia de coronavirus, el retraso judicial, y la falta de respuestas a sus reclamos. Exigen que el Poder Judicial resuelva los pedidos de excarcelación, prisión domiciliaria u otras formas de morigeración del encierro para evitar que el virus se propague penales adentro. Denuncian que con el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en todo el país, y la imposibilidad de que sus familiares puedan seguir acercándoles alimentos y elementos de higiene el riesgo al que están expuestos es mucho mayor. Desde la detección de esta pandemia, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos de todo el país vienen advirtiendo de la necesidad de descomprimir los lugares de encierro como parte de una política eficiente para evitar que esta pandemia genere una masacre en la población carcelaria y desde allí se contagie al resto de los ciudadanos.
En la provincia de Misiones hasta ahora el Poder Judicial, salvo algunas escasísimas excepciones, se ha negado en responder a los pedidos de excarcelaciones, prisiones domiciliaria, de personas que reúnen todas las condiciones que exige tanto OMS, la CIDH y demás organismos para la liberación de personas. Desentendiéndose así de las personas que están bajo responsabilidad de estado.
Las personas detenidas y en protesta denuncian que entre ellos se encuentran pacientes de alto riesgo, enfermos de tuberculosis, asmáticos, con padecimientos crónicos, “No hay condiciones adentro para enfrentar la pandemia “destacan.
Muchos de los detenidos ya están en condiciones legales de acceder a la libertad y a pesar de ello siguen detenidos expuestos también a todo tipo de riesgos.
Desde el Equipo Misionero de DD HH, Justicia y Género, como ya lo advertimos en el habeas corpus colectivo presentado el pasado 26 de marzo ante el juzgado de la Dra. Marcela Leiva y que fuera rechazado sin fundamentos acordes a esta situación extrema, la condiciones carcelarias, el hacinamiento, la falta de alimentos, la falta de acceso a la salud, son responsabilidad del Estado y en particular el Poder Judicial que debe intervenir de manera inmediata.