((Por Julia Callejón/APL) En el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio por el Coronavirus se han profundizado todas las injusticias. Se han ahondado las desigualdades estructurales de clase y de género. Hay problemas de acceso al estudio, a la salud, hay abuso de las fuerzas represivas, hay problemas laborales, y en particular hay problemas con la violencia de género (más situaciones y más dificultades para afrontarlas). Por su parte mientras, producto de la cuarentena, bajan los porcentajes de otros crímenes, los femicidios se mantienen constantes, e incluso -según cifras oficiales- los llamados para denunciar hechos de violencia de género se han incrementado un 40%. Cada día nos enteramos de una nueva mujer desaparecida, nuevo casos de violencia o abuso, nuevos femicidios o trasvesticidios. El aislamiento ha agravado la situación de las mujeres, potenciándose los problemas sociales en clave de diferencias de género: más explotación y más opresión. La crisis incrementa la dependencia económica, el aislamiento sobrecarga a las mujeres en la distribución de las tareas, el cuidado de niños, y en general se incrementan todas las formas de maltrato al interior del hogar.
En 2020 se registraron 90 femicidios en todo el país, de los cuales 28 fueron cometidos desde la declaración del aislamiento. Del total de mujeres asesinadas, el 65% murieron en su casa. Asimismo se observa que el feminicida, la mayoría de las veces es una persona del entorno de la víctima –pariente, pareja o expareja-, y también en la mayoría de los casos ese alguien que ya tenía denuncias previas. Las historias muchas veces repiten otras secuencias: desaparecen, se las busca durante días, los familiares hacen denuncias, pero obtienen indiferencia y malos tratos por parte de la policía.
QUE HACE EL ESTADO
Conocemos la debilidad de las redes de atención a la víctima, la precarización laboral de las trabajadoras de la Línea 144, y la insuficiente cantidad de profesionales para la atención de denuncias. Pero también sabemos que cuando el Estado pretende encargarse lo hace. Así, como forma de contención del Covid-19 establecieron un aislamiento, y para ello dispusieron del aparato represivo, que con bastante eficacia pudo moderar el uso del espacio público, multar y detener la salida injustificada de los hogares, secuestrar vehículos, etc. También supo poner al servicio de la pandemia hoteles y aviones, para trasladar y alojar “repatriados” y turistas llegados de Europa, sin embargo esas mismas habitaciones de hotel no están disponibles para alojar mujeres que consideren que sus vidas corren peligro, y son abandonadas a sus posibilidades a diario. Resulta sorprendente como el ciberpatrullaje pudo encontrar y apresar a un joven, por hacer un chiste sobre el gobierno en redes sociales. Sin embargo parece que al mismo estado y a la misma policía les resulta imposible buscar mujeres, apresar violentos, hacer cumplir perimetrales, y que los botones anti-pánico funcionen.
Las Emergencias en Violencia de Género, que se declararon anteriormente en distintas provincias, fracasaron rotundamente porque fueron meramente declamatorias y no se acompañaron con partidas presupuestarias, para sostener la estructura que se requiere para garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género. Hoy queda claro, más que nunca la necesidad de una inversión de recursos para brindar soluciones de fondo -como la asistencia habitacional- para prevenir desenlaces fatales.
Por el momento, además de una línea whatsapp, la única política del gobierno especialmente lanzada en este contexto, para prevenir desenlaces fatídicos en hechos de violencia de género, ha sido el controvertido plan «barbijo rojo» (que permite denunciar personalmente situaciones de violencia en las farmacias), aunque luego los casos se derivan a los mismos canales saturados e insuficientes. Sin acompañamiento, vivienda y sustento económico es muy difícil salir del círculo vicioso de la violencia.
No se han hecho nuevos refugios, ni hay subsidios económicos para las víctimas. Los alojamientos transitorios son necesarios cuando corre peligro de vida, pero no alcanzan, si luego no se puede garantizar un trabajo, una vivienda, o un subsidio económico para las víctimas y sus hijes. Es muy importante además brindar acompañamiento psicológico con perspectiva de género, para garantizar el bienestar emocional de las mujeres y de las demás personas que también hayan sido víctimas.
FEMINICIDIO
Esta realidad tiene nombre en otros países. En México esto se llama: Feminicidio (concepto distinto al femicidio, un término homólogo a “homicidio”). En cambo, el feminicidio refiere a la desprotección e impunidad propiciadas por el Estado en los asesinatos a las mujeres. Ha sido incorporado como categoría teórica por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez, que no encuentran respuesta por parte del Estado mexicano y luego se extendió por diversos países del mundo. En este sentido, para que exista feminicidio tiene que haber concomitancia entre el silencio, la omisión, el desinterés o la complicidad de las autoridades encargadas de prevenir estos crímenes.
En Uruguay, el Ministerio del Interior, distingue significados entre ambos términos. Por caso Femicidio es un término que visibiliza los homicidios por razones de género, pero el feminicidio supone calificar al Estado como aquel que por acción u omisión, que siempre es una elección, favorece la impunidad en estos hechos y no previno, no protegió a la víctima, como debe hacerlo. Hay feminicidio cuando el Estado no crea condiciones de seguridad para la vida de las mujeres. Contribuyen a este flagelo el silencio social, la idea de que hay problemas “más urgentes”, el hecho de disminuir la gravedad del crimen: remarcar que las mujeres “no son las únicas muertas” por violencia, o que en comparación a otros males “no son tantas”. Si el Estado no invierte en políticas públicas que puedan detener los crímenes es porque considera, en el fondo que el asunto no tiene la importancia suficiente. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado.
UNA GRAVE FALTA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO
En los últimos días la Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires, Estela Díaz, llamó la Iglesia Católica a un acuerdo para actuar de conjunto con el Estado sobre las problemáticas en violencia de género en la provincia. No podemos obviar que esta institución ha sido pionera en la violencia hacia las mujeres. Opositora a los derechos en general, como la interrupción voluntaria del embarazo, la iglesia es impulsora de la violencia de género en particular, porque abona a una ideología machista y misógina desde sus inicios hasta la actualidad.
Para darle soluciones a las mujeres el gobierno recurre a la misma institución que a lo largo de la historia se ha opuesto al voto femenino, al derecho de las mujeres a ejercer la patria potestad de sus hijos, ha aceptado la violación si luego el violador de casaba con la mujer agredida, se ha opuesto a la ley de divorcio, le ha negado a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo durante siglos, a los métodos anticonceptivos, también se opone a la educación sexual integral, y al matrimonio igualitario.
Estas posturas de violencia normalizada contra las mujeres es el lugar que el catolicismo le asigna a las mujeres, razón por la cual las feministas no queremos que medien u opinen sobre las necesidades de las mujeres y disidencias, ni cómo resolverlas. Si queremos que el #NiUnaMenos se cumpla necesitamos presupuesto para implementar un plan nacional con políticas concretas y con perspectiva de Género. Estamos hartas y seguimos reclamando porque se trata, nada más y nada menos, que de nuestro derecho a la vida.