En los últimos dos meses no son pocos los hechos que ensombrecen a las fuerzas de seguridad de ambas provincias. Si bien, la diferencia es de un río, el accionar de éstos fue el mismo provocando muertes y secuelas a consecuencias de las represalias a la ciudadanía en general.
El primero de los hechos fue la aparición del cuerpo de Cristian González el 25 de diciembre pasado en un descampado cerca de la localidad chaqueña de Cote Lai.

Cristian tenía 45 años y había sido detenido en la comisaría Undécima de Resistencia la noche del 24 tras haber dañado con un martillo el auto de su vecino en el Barrio San Cayetano de Resistencia, este último fue quién lo había denunciado luego de ocurrido el hecho.
Pocas horas después e incluso completados los trámites de revisión por el área de Sanidad y en la División Antecedentes de la Policía del Chaco, su cuerpo fue encontrado cerca de Cote Lai, a la vera de la ruta 13. Según se pudo comprobar mediante peritaje de GPS, fue un patrullero de ese destacamento el que lo había desechado en ese lugar.

No es menor el dato el de la comisaría undécima, ya que la misma fue varias veces acusada por los vecinos de “liberar la zona” o de “no actuar frente a los robos” además de que poseía varias denuncias por apremios ilegales según el Comité contra la tortura.
El cadáver de González apareció con signos que demostraron que fue ferozmente golpeado, y la autopsia determinó que murió por asfixia, detectándose una marca en el cuello.
Otro caso fue el de David Encina, un joven que se encontraba detenido en la Comisaría Séptima de Corrientes. Encina conducía una moto cuando un “grupo de élite” de las fuerzas de seguridad correntina lo detuvieron, alegando a que el vehículo no era de su propiedad.
“Se ahorcó con sus cordones” dijeron en la policía, pero sus zapatillas tenían abrojos y más allá de sus antecedentes y problemas de salud por consumo de drogas, hay dudas sobre si verdaderamente se suicidó. Cabe destacar que las condiciones en las que estaba detenido él y otros jóvenes son inhumanas, con celdas reducidas, sin ventilación y baños descompuestos, según atestiguaron organismos de DD HH de Corrientes.

“Supuesto suicidio” también fue la forma en la que aparentemente murió Nelson Solís de 28 años, estando preso en la unidad penal N°1 de Corrientes. Cumplía una condena de 16 años y ya llevaba 10.
Reproducimos parte del comunicado de Hilda Presman, Coordinadora de la Red DDHH de Corrientes, quién conoce la situación carcelaria de la provincia:
“Las condiciones de alojamiento en ese pabellón son pésimas. No hay actividades laborales ni educativas para hacer, tienen una hora de recreo diaria para su higiene personal y la de su espacio y pertenencias. Requisas violentas, con tonfas (palos de madera) y balas de goma, casi todos los días, a la madrugada, a la tarde, inclusive durante las visitas.

Estas vejaciones, maltrato, la convivencia violenta y forzada son un coctel ideal para doblegar el deseo de vivir de cualquiera. Solís, era un muchacho conflictivo, que no se callaba, y que permanentemente era trasladado de un lugar de detención a otro. El hecho y las condiciones de detención se enmarcan en un panorama de arbitrariedad general en las decisiones penitenciarias, abuso de autoridad, intimidaciones, amenazas, traslados, manipulación de las calificaciones, recorte de horarios de visitas, requisas vejatorias a los familiares”.
Estos son los últimos pero no los únicos casos, de personas que mueren en cárceles y comisarías a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en Chaco y Corrientes, dejando como resultado en éstas últimas dos víctimas en menos de una semana. Todos forman parte de un historial nefasto, que en el caso de las cárceles argentinas es de un cautivo muerto cada 37 horas, y en el caso de las policías provinciales son 300 víctimas al año según informes de las organizaciones antirrepresivas de todo el país.

Tanto en la ciudad de Resistencia como en Corrientes funcionan patrullas motorizadas, llamadas GEMO las que funcionan en la provincia del Chaco y G.R.I.M las de Corrientes. En esta última han protagonizado dos casos de ataque policial: el primero ha tenido lugar en el barrio Juan XXIII, donde luego de realizar una advertencia a un grupo de jóvenes fueron atacados con disparos de bala de goma en sus domicilios por parte de esta patrulla especial.

El segundo caso se trata de una golpiza a un joven durante el recital de Los Cafres el pasado 4 de febrero en la Costanera, que según testigos, la misma se habría producido sin motivo alguno, más allá del hecho de haberse tratado de un “pibe de barrio”.

La GRIM constituye de un “pequeño ejército” conformado por cuatro grupos integrados por 40 policías cada uno, similares características reúne el GEMO, ya que quien se halla al frente de la misma es el Sargento Gustavo Olivello, conocido por agredir físicamente a los periodistas Mónica Kremboim (Diario Norte) y Gustavo Torres (El Diario de la región).

Lo que llama la atención es que el “blanco” del accionar de éstas fuerzas son en su mayoría jóvenes, ya sea mediante su detención o directamente agrediéndolos.
Desde la Comisión Antirrepresiva de Chaco y Corrientes, denunciamos todos estos casos, englobándolos dentro de la fórmula que tienen los actuales gobiernos para intentar disciplinar al pueblo.Asimismo, las últimas decisiones tomadas en la esfera nacional apuntan a propiciar la implantación de un auténtico estado policíaco, mediante el otorgamiento de más poder a estas instituciones de control y muerte.

Por todo lo anterior desde la Comisión exigimos:

• Esclarecimiento de la muerte de Cristian González, David Encina y Nelson Solís

• Juicio y castigo a sus responsables materiales y políticos

• Basta de torturas y muertes en la cárceles y comisarías

• Basta de represión y persecución policial

• Exoneración de la fuerza y no sumarios administrativos y traslados (como sucede con los funcionaros sospechados)

• Abajo el Protocolo Antipiquete