(Por Julia Callejón/APL) Luego de que este domingo se registrara un nuevo récord de contagios, Gerardo Morales volvió a desligarse de toda responsabilidad por el nuevo brote de Covid19 en la provincia, y pidió a la Virgen de Río Blanco que protegiera a trabajadores de la Salud y de las fuerzas de seguridad. La nueva cadena de contagios, que partió desde efectivos policiales, generó crisis en el gobierno. Los intentos por frenar la propagación parecen haber fracasado, y los casos se multiplican al mismo ritmo que crecen las críticas y denuncias contra el gobierno provincial, que además anoche ha dispuesto la apertura de una cantidad importante de actividades comerciales, aún en el peor momento. (…)Esta situación deja en claro que el Gobierno ya no puede ocultar la triste realidad de que jamás ha gobernado pensando en la salud y el bienestar del pueblo, ni con pandemia ni antes de ella. Llegando ya al limite de lo que la improvisación le permitió, el gobierno, ha visto desmoronarse su discurso triunfalista del inicio de la crisis sanitaria, cuando en realidad no había casos. El inminente fracaso en la contención de unos pocos infectados ha dejado a la vista la falta de infraestructura, la escases de elementos de bioseguridad, y la total irresponsabilidad con la que se ha manejado el gobierno.
Los casos de coronavirus positivos siguen incrementándose en un Jujuy que ya ha entrado en la circulación comunitaria del virus. Con los 46 casos de las últimas 24 horas, se acumulan en la provincia un total de 233 infectados desde el inicio de la pandemia, suma que ubica a Jujuy a la cabeza de la región del NOA (muy por encima de los 57 casos de Salta, los 82 de Tucumán, los 25 de Santiago del Estero, los 96 que contabiliza La Rioja, y los recientes 6 de Catamarca).
La provincia, que había estado cerca de dos meses sin casos, tuvo que endurecer las medidas de aislamiento y regresar a fase 1, cuando a mediados de Junio aparecieron dos casos en la capital jujeña.
El escándalo cruza este rebrote provincial, y toca muy de cerca a todo el poder local, ya que quienes habrían ingresado el virus a la provincia serían dos agentes policiales que formaron parte de una comitiva con la que el gobernador viajó a La Quiaca. Esta situación no fue aceptada en un principio por el Gobierno, que llamó muy rápidamente a «no estigmatizar» a los contagiados. Sin embargo, la opinión pública acabó por cuestionar las explicaciones del gobierno, y la policía quedó ligada al tráfico de hojas de coca y a la importación de contagios desde Bolivia.
El gobierno, luego de insistir en la defensa de la integridad moral de la institución policíaca, optó finalmente, por desplazar al Jefe de la Policía, Juan Segovia, y denunciar penalmente a los efectivos.
Los casos proliferaron. Primero entre otros policías, como consecuencia de que durante cerca de diez días los agentes contagiados se trasladaron por distintas localidades de la provincia. En segunda línea, y casi inmediatamente, a la par que aparecían los contagios entre los familiares de estos policías, se comenzaban a dar positivos indiscriminadamente dentro del personal de salud. Realidad que viene en parte a confirmar las denuncias que los trabajadores de la salud han expresado todo este tiempo, al reclamar que los recursos con los que cuentan no son los adecuados para enfrentar la pandemia.
Ahora, a casi un mes de estos dos positivos, la situación parece descontrolada, y en una decisión al menos polémica, el gobierno provincial ha dictaminado la reapertura de casi todas las actividades comerciales en gran parte de la provincia.
A las denuncias del personal de la salud -que exigen los elementos de protección personal y la clarificación de los protocolos de actuación-, se suman los reclamos de la de los trabajadores del transporte, de la policía y fuerzas de seguridad, y de los múltiples sectores que, ante las sospecha de casos, a diario se auto aíslan y exigen testeos. El gobierno va “haciendo agua” en casi todos los casos, testeando de manera insuficiente, aislando en condiciones inhumanas, sumando bajas entre los trabajadores esenciales, etc.
Los hospitales de campaña, que hasta hace pocos días no eran más que habitáculos vacíos -tal como revelaron los medios de comunicación en medio de otro escándalo- están ahora pésimamente equipados, sin calefacción y a punto de saturarse. Mucha de la infraestructura de estos “hospitales” ha sido además, donada o prestada, ya sea por particulares o instituciones. Nada se sabe de cómo el gobierno destinó y distribuyó los fondos -nacionales y provinciales- que debían ayudar hacer frente a esta pandemia.
Sin socializar la toma de decisiones, sin retomar actividades legislativas o judiciales, el Gobernador pretende deslindarse de futuras críticas, dejando a partir de ahora la responsabilidad del manejo de la crisis en manos de intendentes y municipios; cuando algunas localidades en muchos casos no cuentan con lo mínimo necesario. Con estas medidas el Gobernador -y su gabinete- ha decidido socializar las responsabilidades, aunque permanece centralizando las decisiones.
Golpeado por la opinión pública, y acorralado por la ineptitud, Gerardo Morales profesa un cinismo infinito al culpar constantemente a otros o terceros por la situación. Los errores y horrores se suman en este pueblo grande donde finalmente todo se conoce. Por el momento, mucho más madura que su conducción, la opinión pública parece preocuparse por la insólita habilitación de actividades no-esenciales (como la venta de indumentaria) en zonas con circulación comunitaria, y en este contexto, por redes sociales se llama a limitar las salidas y extremar los cuidados.
Es que como deferencia a comerciantes y empresarios el Gobernador ha abierto las actividades comerciales en casi toda la provincia, dejando a cada municipio la menuda responsabilidad de trabajar y circular, pero aplicando protocolos que impidan los contagios.
Esta situación deja en claro que el Gobierno ya no puede ocultar la triste realidad de que jamás ha gobernado pensando en la salud y el bienestar del pueblo, ni con pandemia ni antes de ella. Llegando ya al limite de lo que la improvisación le permitió, el gobierno, ha visto desmoronarse su discurso triunfalista del inicio de la crisis sanitaria, cuando en realidad no había casos. El inminente fracaso en la contención de unos pocos infectados ha dejado a la vista la falta de infraestructura, la escases de elementos de bioseguridad, y la total irresponsabilidad con la que se ha manejado el gobierno.
Quien hace unas semanas se había ganado el mote de Emperador por su controvertido método de frenar la pandemia (restricciones a la circulación, el cobro de multas, y atropello a garantías constitucionales), hoy se empieza a llamar Pilatos entre sus detractores, al deslingarse de responsabilidades y decir que ahora el desenlace de esta historia depende de «todos los trabajadores”. Pero en la última aparición del COE, Morales no solo libera a su gobierno de responsabilidades, sino que también desliga a empresas y empleadores (sean estos el Estado o privados). En este sentido declaró haberse comunicado con los gremios, quienes deberán hacerse cargo de que los trabajadores no se contagien. Para cuidar las fuerzas de seguridad y los trabajadores de la salud, el Gobernador prefiere encomendarse a los favores de la Virgen de Río Blanco.