(Por María Pueblo/ APL)Este fin de semana, Micaela (33) -madre de dos hijas-, perdió la vida en la U-8 de Los Hornos. También se suicidó Ángel en la Unidad 9 de La Plata y Lucas (17) en una cárcel para pibes en Pablo Nogués. Todas las muertes pudieron y debieron ser evitadas tanto por el SPB y por del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Las condiciones de detención en toda la provincia dan cuenta de una situación crítica que no resiste más dilaciones ni excusas. La emergencia carcelaria colocada en la escena pública tras las manifestaciones sostenidas por las personas privadas de libertad y sus familias, expresadas en todas las formas posibles (huelgas, chaponeos, hábeas colectivos, autolesiones) y con la participación de organizaciones sociales y referentes en la lucha contra el sistema de la crueldad, no han logrado torcer el brazo de hierro que encarcela y criminaliza a la población más castigada por la desigualdad y la pobreza. Ni el poder judicial logra que sus agentes respeten el debido proceso y el principio de progresividad de la pena, ni el sistema de encierro y tortura toma debida nota de la urgencia de cuidar las vidas que decidió encerrar. Estos dos vectores de aprisionamiento se potencian y funcionalizan castigando con dureza cuerpos y almas ya quebrados.
El rigor del sistema se potencia con el contexto de ASPO, durante el cual el grado de aislamiento se extrema, en perjuicio de la calidad de vida. Mientras el servicio de salud del sistema asevera que tienen condiciones favorables para dar respuesta a las demandas de atención sanitaria de la población encarcelada.
En este contexto, este fin de semana, tres vidas se cancelan por aparente mano propia; los registros dirán que Ángel, Lucas y Micaela terminaron con sus vidas. Pero sabemos que sus vidas estaban signadas por la desidia y el abandono desde hacía tiempo. Morir joven en la cárcel es una probabilidad cercana. Las autolesiones y el suicidio son leídos como problemas individuales, como decisiones personalísimas.
No creemos que estos sea así, creemos que el sistema que deshumaniza, acorrala y rompe con los escasos resguardos que aún mantienen con vida a una parte significativa de las y los privados de libertad. Y sabemos que el sistema no registra estas muertes como un problema de salud pública, que no hay un programa real y sostenido de prevención del suicidio ni de contención y acompañamiento para quienes deben afrontar el día después del suicidio de unx comnpañerx.
Por eso se decide colectivamente expresar el dolor y la indignación ante el silencio cómplice de quienes registran este genocidio como un episodio más. De ese modo, confluyeron el chaponeo de las compañeras, así como la protesta organizada por familiares y organizaciones sociales y políticas en la puerta del penal 8, este 31 de agosto, de Los Hornos, ubicada en calle 70 y 149. «La falta de higiene y atención medica, la alimentación deficitaria, los castigos, el aislamiento y la represión por parte del servicio penitenciario se sigue cobrando vidas», denunciaron las detenidas. Y pidieron «libertad ya a todas las presas con condena cumplida, madres con hijxs, mujeres con discapacidad y en riesgo por enfermedades graves. Ni una menos también en las cárceles».