(Por Fernanda Giribone/APL) Este 28 de septiembre día por la legalización del aborto en el mundo,  organizaciones del movimiento de mujeres y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se convocan para exigir que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, en distintos puntos del país. La pelea por el derecho al aborto legal seguro y gratuito es de larga data en nuestro país, pero tomó impulso cuando en el 2018, la movilización ganó las calles y logró la media sanción, en cámara de diputados. Poco días después, en senadores, se rechazó  la ley, truncándose así la posibilidad de saldar esta deuda histórica que el Estado argentino mantiene con los Derechos Humanos. Para visibilizar este reclamo, hoy se llevarán adelante distintos tipos de acciones, que van desde lo virtual hasta lo presencial, en varias ciudades del país. En Buenos Aires distintas organizaciones del movimiento de mujeres llaman a una concentración y pañuelazo en Plaza Congreso a las 16, para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que hoy tiene estado parlamentario.

El aborto clandestino se lleva la vida de las mujeres más jóvenes y más pobres en la Argentina. Además, el Estado vulnera los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes cada vez que niega la interrupción legal del embarazo, o cada vez que niega  información científica y suficiente sobre esta práctica, aunque el aborto por causales se encuentre vigente desde el año 1921.  Vemos casi a diario como niñas abusadas son obligadas a parir. También las mujeres son estigmatizadas y maltratadas constantemente en guardias de hospitales por la presunción de haberse practicado abortos voluntarios, y por esto también son denunciadas a la policía.  Las presas por abortar, las condenadas y las que luego resultarán inocentes, sufren también el prejuicio y la estigmatización en su encierro. Se condena su decisión y dentro de los penales sufren maltratos y abandonos.

El estado avala y promueve con su silencio estas prácticas: los profesionales de la salud, la policía y la justicia patriarcal obstaculizan los derechos de las mujeres y cuerpos gestantes, y condenan y penalizan las decisiones de autonomía.

Hoy, en el marco de la pandemia del covid-19, y de la crisis económico-social, son las mujeres y los niños, los que más sufren las consecuencias de este sistema capitalista y patriarcal. El crecimiento de la pobreza, el aumento de la miseria, la falta de acceso a la salud y educación golpea fuertemente. Las mujeres y la comunidad LGTTBI padecen el agravamiento de la violencia física al interior de los hogares, como así lo demuestra el aumento de denuncias.

El gobierno nacional asumió diciendo que la penalización del aborto era un problema de salud pública, y prometió avanzar con su legalización. Para ello Alberto Fernández -desconociendo la elaboración colectiva del proyecto de la CNDA- dijo que iba a presentar un proyecto de ley en el mes de abril, aunque esto jamás sucedió. Con la excusa de la pandemia el gobierno de Fernández pospuso el tratamiento hasta el término de la emergencia sanitaria, omitiendo que en realidad el contexto de pandemia empeora la situación de las mujeres, exponiéndolas a más violencia, más abusos sexuales y más embarazos no deseados. El aborto clandestino y el colapso del sistema de salud, ponen en riesgo más vidas. Más personas que quieren decidir sobre sus cuerpos son expulsadas a las condiciones inhumanas de la clandestinidad.

Por otra parte, las internaciones hospitalarias, resultantes de abortos inseguros, alcanzan un total de 39 mil por año, y desde el inicio de la cuarentena se calculan cerca de 28 mil. Estás internaciones se podrían haber evitado con la legalización del aborto.

Es por estas causas que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito señala en su comunicado que su “proyecto de ley interrupción voluntaria del embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes políticos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes, ni cárcel por abortar, ni niñas torturadas, ni abortos inseguros.  Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir”.

Para visibilizar este reclamo se llevarán adelante distintos tipos de acciones, que van desde lo virtual hasta lo presencial, en varias ciudades del país. En Buenos Aires distintas organizaciones del movimiento de mujeres llaman a una concentración y pañuelazo en Plaza Congreso a las 16, para exigir el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, el único que hoy tiene estado parlamentario.