La causa se inició en 2011, cuando uno de los policías involucrados le dio el número de celular de una de las nenas a otro integrante de la fuerza. Ese policía se contactó con ella y supo que, por lo menos desde 2009, un grupo de policías las contactaba para abusar sexualmente de ellas. En cámara Gesell las víctimas contaron que “varias veces” las “subían a las camionetas de ellos” y las llevaban a los predios de la Montada en Cavia 3302 o debajo de la Autopista 7, a las oficinas de Tránsito o a una pensión, sobre la calle Warnes, donde vivían la mayoría de los imputados.
Ellas llegaban en tren desde su casa en una localidad del conurbano. Hacía poco tiempo habían perdido a su padre, y se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Según figura en el expediente, los policías las habrían contactado a través de personal de seguridad privada de la línea de Ferrocarriles San Martín. Estos hombres aún no han sido identificados, y fuentes judiciales confirmaron a Infojus Noticias que otro tramo de la causa continúa en instrucción en manos del fiscal Fernando Fiszer.
Fiszer llegó a la causa después del desplazamiento del fiscal Augusto Troncoso, que había desestimado el caso considerando que respondía a “una situación de índole social”. Con distinto criterio la jueza de instrucción Wilma López había decidido impulsar la investigación, y la actuación de Troncoso quedó en revisión. El fiscal de la Procuraduría para el Combate de la Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, instruyó el sumario sobre la actuación del fiscal, que ahora elevó a estudio de las autoridades.
Abuso sexual y corrupción de menores
En el debate, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 17, la acusación estará a cargo del fiscal de juicio Julio Castro, y la querella que encabezada por la Defensoría General que representa a las víctimas. Por la gravedad institucional que reviste el caso, además está previsto el acompañamiento de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, que preside el fiscal Miguel Ángel Palazzani y de Abel Córdoba, titular de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico.
A raíz de esta investigación, Héctor Martínez, Gustavo Salinas, Héctor “Pala” Palavecino, Sebastián Borfitz, Miguel Campero, Mauricio Acevedo, de la Policía Federal, y su hermano, el penitenciario Jorge Acevedo, fueron apartados de las fuerza a la que pertenecían. Y están acusados por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. Imputaciones que la acusación considera agravadas porque los cometieron de manera continuada – durante al menos tres años-, en instalaciones de la Federal, haciendo uso del uniforme y de las armas a las que accedieron por sus funciones para intimidar a las víctimas.
“Nos subían a las camionetas de ellos”, “nos llevaron a un destacamento”, “tenían ropas de policía”, contaron las víctimas durante la investigación. La sala VII de la Cámara del Crimen confirmó los procesamientos que había dictado la jueza López advirtiendo, por frases como estas, que todo transcurrió en un marco en el que las adolescentes “carentes de contención”, padecieron “vivencias “amenazantes o intimidatorias, a la vez que netamente traumáticas.”