(Por Fernanda Giribone/ APL) La médica de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Tartagal, quien marchó presa por ejercer la Ley de Interrupción del Embarazo con una joven mayor de edad que lo solicitó fue liberada este viernes, por decisión del juez antiderechos Mariscal Astigueta, como resultado de las diversas denuncias y de la presión mediática. Puesto que desde el momento de la detención se activó una red de solidaridad con la doctora, se organizaron actividades para denunciar la detención, y se realizaron pañuelazos en Salta y CABA. Sin embargo, a pesar de que la profesional fue liberada, lamentablemente el proceso continua, razón por la cual, el Juez dispuso que la doctora deberá presentarse semanalmente ante la Fiscalía Penal, y además le rige la prohibición de ausentarse de la ciudad de Tartagal. (Foto: Luz María Sarmiento)
Presa por garantizar derechos
El fiscal de la ciudad de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, pidió la detención de la médica por realizar una Interrupción Legal del Embarazo. Se trata de un caso presentado a la justicia por un familiar de la paciente (una joven de 21 años), quien denunció esta ILE de 22 semanas y dos días. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir denunciaron la medida, a la que calificaron como un acto de hostigamiento hacia la única profesional que no se asume como objetora de conciencia en el Hospital de dicha ciudad.
El caso fue presentado ante la justicia por un tío de la paciente (una joven de 21 años), quien denunció esta ILE, aduciendo que en realidad su sobrina había declinado de realizar la intervención. Con esta denuncia, y sin mediar investigación, directamente se detuvo a la Doctora. Por este nivel de arbitrariedad es que militantes y activistas feministas, así como la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, reclamaron la inmediata liberación de la profesional, a la par que exigieron al Estado que frene la discriminación, persecución y hostigamiento que sufren quienes hacen cumplir esta ley, que permite garantizar el derecho a la salud y a la autonomía, de mujeres y personas con capacidad de reproducir.