(Por Oscar Castelnovo/APL) Abrazadas hasta el final, María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán murieron quemadas y asfixiadas por acción de la policìa tucumana, el pasado jueves. “Una de las chicas presa en la Brigada Femenina de Concepción comenzó una protesta para denunciar las graves condiciones de detención y exigir el traslado a una cárcel para mujeres. Durante ese reclamo, la conexión de uno de los calabozos entró en corto circuito y originó el incendio”, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria. Los vecinos llamaron a los bomberos. Como siempre, la versión del personal policial arguye que los efectivos no pudieron sofocar el fuego ni ingresar a los calabozos a socorrer a las víctimas. (Foto derecha: una de las chicas asesinadas)

Otra detenida, que estaba en una celda contigua, salvó su vida: “En la Brigada no había colchones ignífugos, no tenía red contra incendios y ni siquiera había matafuegos. Es una realidad que se repite, la mayoría de las comisarías no cuentan con ningún elemento que ayude a sofocar incendios y, como en este caso, las condiciones eléctricas no dan abasto”, describió.

Para los  familiares hay muchos puntos oscuros en la versión oficial sobre los hechos. Incluso, los cercanos a las cuatro detenidas indicaron que las cuatro mujeres estaban olvidadas en la celda y que nadie atendía sus reclamos de ser trasladadas a una cárcel ordinaria, con la acumulación en comisarías como un problema recurrente a nivel nacional.

Entre gatillo fácil y asesinatos en sitios de encierro, desde Ushuaia a La Quiaca el estado argentino, en la etapa constitucional, superó los 7500 crímenes a manos de las fuerzas de Seguridad que dirigen el presidente Alberto Fernández -a nivel nacional – y todos los gobernadores -en sus respectivas provincias-, en el contexto de un genocidio encubierto que no cesa.

Tal como sucedió en Pergamino y Transradio no hubo tragedia sino masacre, porque se sabe: Dejar morir es matar.