Gerardo Morales infiltró un policía en Radio Pueblo

(Por Fernanda Giribone/APL) El agente Ezequiel Rosales estuvo infiltrado en la radio, medio comunitario perteneciente a la Red Nacional de Medios Alternativos, durante 3 años. Fue descubierto por un vecino que alertó a los compañeros.  En una conferencia de prensa convocada este martes en la sede del INADI Jujuy,  integrantes de Radio Pueblo denunciaron la persecución que están viviendo, tras descubrirse que sufrieron la infiltración de la policía del Gobernador Gerardo Morales, y la red de espionaje que este montó alrededor de organizaciones sociales y políticas.

El agente Ezequiel Rosales participó de la radio y de los espacios políticos que esta integra, durante 3 años. El escandaloso caso de espionaje ilegal dentro de la Radio fue descubierto por un vecino, quien en el mes de noviembre, se presentó en una reunión del espacio e informó a un integrante que una de las personas que estaba entre ellos era policía. Por este motivo, integrantes de la radio, iniciaron una investigación independiente con la que muy rápidamente pudieron  confirmar que Ezequiel Rodrigo Rosales, había brindado datos personales falsos para obtener su pase de prensa, y que era en realidad un policía, designado agente en febrero de 2019, como miembro de planta de personal permanente de la U de O 2ª de la Policía de la Provincia.

Por ello, el pasado viernes 10 de diciembre, integrantes de Radio Pueblo y la biblioteca Niñxs Pájaros, presentaron ante la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, una denuncia por espionaje ilegal contra Ezequiel Rodrigo Rosales. Tanto Radio Pueblo, como la biblioteca Niñxs pájaros forman parte del la organización social ATD, y  Rosales como infiltrado ilegal tuvo acceso a estos y otros espacios orgánicos, reuniones internas y espacios de toma de decisiones. Además, desde aquí logró vincularse y espiar otros grupos.

Además de este aberrante hecho, otros integrantes de la organización recibieron amedrentamientos, infiltraciones durante marchas, y pesa sobre la organización hasta una causa penal armada a dos compañeras, que se encuentra imputadas por “amenazas” al gobernador Gerardo Morales.

Lamentablemente esto no es una novedad para quienes integran la izquierda y el campo de la lucha popular en Jujuy. El foco de las acciones represivas están dirigidas a organizaciones sociales y políticas, aunque no de manera exclusiva, porque también lo sufren las organizaciones de trabajadores, estudiantes, de vendedores ambulantes y cuánta persona o grupo se oponga a alguna medida de ajuste del Gobernador. Este accionar fue  denunciado también, en su oportunidad, por las familias del Barrio Campo Verde que en momento de defender un espacio verde del barrio (la cancha de futbol) sufrieron represión, golpes, detenciones arbitrarias, y también la inteligencia previa y el corte de la señal de celulares.

Así también lo informó a principio de este año, la Coordinadora Contra la Represión y la Criminalización del la Protesta en Jujuy quien realizó un informe a 2016-2021, donde se enumeran un total de 42 hechos de violencia que van desde represión a detenciones, labrado de actas por contravenciones, amenazas de funcionarios públicos, entre otras.

BALBUENA

Lamentablemente, cabe recordar que esta no es la primera vez que se utilizan a los medios de comunicación alternativos para infiltrar agentes de inteligencia, y así acceder a información y lugares que otros medios no llegan. En  noviembre del 2018, Américo Balbuena fue procesado por el delito de infiltración ilegal a la Agencia Walsh. Balbuena estuvo 11 años(2002-2012) infiltrado dentro de la Agencia y fue descubierto recién en 2012. El agente de la policía federal, al igual que ahora Rosales, amparándose en este medio independiente, desarrolló una red de espionaje sobre decenas de organizaciones. Durante el proceso se demostró que Balbuena estuvo recibiendo ordenes de sus superiores que al día de hoy siguen en actividad.

Dirigentes de ATD informaron que esperan respuestas ante la presentación contra Rosales, y también sobre las compañeras imputas por “amenazas”, para quienes esperan el pronto sobreseimiento.