(Por Espacio de Lucha Nilda Eloy) El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina lleva 16 años de demoras y desprolijidades. Con o sin pandemia no puede durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. Los más de 870 represores de la última dictadura y el tercer gobierno peronista que estando procesados murieron impunes por la tardanza del Estado se incrementarán hasta poner otro punto final al proceso de juzgamiento. Si se tardó 16 años en juzgar con viento a favor unos 273 expedientes, imaginemos lo que sucederá con las 365 causas pendientes y en tiempo de descuento.
Por Espacio de Lucha Nilda Eloy
https://www.facebook.com/EspaciodeLuchaNILDAELOY
16 AÑOS DE ESPERAS Y DESPROLIJIDADES
El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los días en esa lucha, que es política antes que jurídica, la situación es menos auspiciosa.
Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003, el inicio efectivo de los debates en 2006, y hasta el 24 de marzo de 2022 el Estado argentino efectivizó 273 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.459 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.639 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 75% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.600 represores imputados están en total y completa libertad.
Como hemos dicho en otras oportunidades, los juicios a los genocidas llevan 16 años de demoras y desprolijidades y por razón lógica y biológica no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar.
DATOS QUE NO MIENTEN
Casi 16 años nos separan de aquel juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, Director de Investigaciones de La Bonaerense de la dictadura y símbolo del esquema represivo conocido como “Circuito Camps”. Algunos recordaron tal debate oral como un mojón de justicia para iniciar el camino de la reparación de delitos gravísimos que estaban pendientes hacía entonces 3 décadas. Para nosotros, que trabajamos años por la anulación de las leyes de impunidad, luego por la instrucción de causas completas y más tarde lo venimos haciendo en los debates orales parciales y tardíos que propone el Estado, aquel debate de 2006 significó, junto al proceso contra el represor Julio Simón (“Turco Julián”) que inició después y concluyó antes, el primer debate realizado en el país tras la anulación de las leyes de impunidad. Pero significó esencialmente que esa impunidad nos volvió a caer como un mazazo con la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, testigo de la querella de Justicia Ya La Plata en ese proceso, secuestrado en etapa de alegatos por elementos de La Bonaerense S.A. cercanos a Etchecolatz con la clara misión de paralizar ese y otros juicios contra los genocidas. Hoy esto está claro. En ese momento pocos se animaban a decirlo como era, principalmente el kirchnerismo en el poder: un ex detenido desaparecido en la dictadura vuelto a desaparecer en democracia. Una nueva figura en el largo decálogo de crímenes de Estado en nuestro país. Desde entonces aquella marca de impunidad atraviesa todo el proceso de juzgamiento de los genocidas.
Como sabemos la declaración mundial de la pandemia por el Coronavirus y la sanción local en marzo de 2020 de medidas sanitarias de aislamiento social preventivo y obligatorio produjeron un parate en muchos ámbitos de la actividad esencial estatal. La justicia federal no fue la excepción pero, como en muchos otros ámbitos de la actividad del fisco, se tiende a culpar a la pandemia de males que venían de viejo lastre. Consecuencia de esta postergación vemos hoy que de aquellas 21 a 27 sentencias por año que se venían evidenciando entre 2014-2019, sólo hubo 11 debates finalizados en 2020 y 17 en 2021. Desde nuestro espacio hemos señalado el escenario de aletargamiento y pereza del Estado para agilizar la realización de los juicios a los genocidas, y sus consecuencias concretas en mayor impunidad, hechos que llevan más de 45 años de reclamo social de justicia y más de 16 de actividad judicial efectiva. Como venimos describiendo hace años, incluso desde antes de diciembre de 2015, el proceso de los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.
En efecto, la modalidad de detención domiciliaria representa el 75% de la laxitud con que el Estado pretende sancionar a los responsables de los mayores crímenes cometidos en nuestra historia reciente: 590 represores siguiendo cómodamente los juicios o cumpliendo condena desde sus casas, sólo 127 ocupando las instalaciones privilegiadas del Servicio Penitenciario Federal a que no acceden otros presos por delitos federales, y unos 68 más en modalidades no determinadas. Este dato, tres parte de los genocidas «detenidos» extendiendo la cuarentena por motivos legales, situaciones que casi nadie controla, definen al proceso general de los juicios a los genocidas como un más simbólico que efectivo e irá profundizándose en los proximos años si sigue vigente el criterio de que un criminal de lesa humanidad es visto sólo como un pobre geronte sufriente.
TAREA PENDIENTE
Los juicios a los genocidas llevan 16 años de debates orales. Y no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. El cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se ve con claridad este año en La Plata, donde está en curso el debate por los CCD de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. Este debate, que ocupa gran parte de la tarea del TOF 1 y no durará menos de 4 años, se inició con una elevación a juicio en marzo de 2012 y fue acumulando otros tramos elevados hasta llegar a una megacausa que trabó los otros procesos orales. Porque en abril de 2020 debía comenzar el debate por el CCD “1 y 60” sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos aires, que incluía a 23 genocidas, entre militares del Regimiento 7 y del Destacamento 101, policías bonaerenses y de la Federal, por 194 víctimas. Pero el inicio del juicio por “1 y 60” lleva más de dos años de retraso y varios represores fueron apartados por «razones de salud» o murieron impunes.
Además la justicia platense decidió iniciar el 30 de agosto de 2021 el juicio en la causa residual por los CCD de Arana, donde murieron impunes al menos 2 represores y donde están imputados sólo el genocida Etchecolatz y el represor Julio César Garachico por 7 casos. En verdad la Cámara Federal platense ya había definido que esta causa residual debía juzgarse en conjunto con las residuales de Comisaría 5ta y Brigada de Investigaciones de La Plata, pero finalmente seguirán su curso por separado. Es otro ejemplo de atomización de los expedientes, cuando los hechos de esos tres CCD ya se habían juzgado de conjunto en el debate de 2012 llamado pretenciosamente “Circuito Camps”.
Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 20 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad importante de juicios, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Desde aquellos primeros debates contra Etchecolatz y el capellán policial Cristian Von Wernich, pasando por otros sobre los CCD del Servicio Penitenciario Bonaerense, del “Circuito Camps”, “La Cacha”, de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada, y hechos perpetrados por la delegación local de la Policía Federal, por el Batallón de Comunicaciones 601 de City Bell y por la CNU platense; los debates se abrieron hacia hechos ocurridos en las Brigadas de Investigaciones de La Bonaerense SA en el conurbano, como la de San Justo y, en pleno proceso, las de Banfield, Quilmes y Lanús-Avellaneda.
Pero además en esos 20 juicios sólo hubo 5 debates por hechos de apropiaciones de niñxs, se condenó sólo a 18 represores del Ejército y 8 de la Armada, un puñado de genocidas del área clave de Inteligencia militar pasaron por tribunales, además de no avanzarse nada respecto a la inteligencia policial de la DIPPBA, sobre los cómplices civiles y eclesiásticos del genocidio, ni sobre la banda completa de la CNU comandada por el “Indio” Castillo. En 2020 los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despidieron de sus cargos en el tribunal platense con dos fallos absolutorios del genocida CNU Juan José “Pipi” Pomares, aunque Casación los conminó por segunda vez a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad de ese asesino. Los Tribunales Orales 1 y 2 de La Plata siguen sin tener magistrados titulares, y las subrogancias serán ocupadas en los próximos debates por jueces de Caba y San Martín.
En La Plata, desde donde se comandaba la subzona represiva 11 (26 partidos del conurbano bonaerense) desde la Brigada Mecanizada X y el Destacamento de Inteligencia 101, se regenteaban los más de 30 CCD del Circuito Camps desde la jefatura policial y se coordinó la represión a la zona industrial de Berisso y Ensenada desde la Fuerza de Tareas 5, queda mucho por juzgar.
Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que sólo el 15% de los represores condenados recibieron penas por este tipo específico de crímenes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron prácticas sistemáticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos autónomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acción privada, es decir que requieran el consentimiento de la víctima para instar la acción penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.
A 46 años del golpe la manera parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos. En La Plata conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia aún no está confirmada en segunda instancia, hecho que comportaría un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. Desde el espacio Justicia Ya de La Plata se planteó la condena por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces se lo hizo en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio. Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gestión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, juzgar sólo a los genocidas qu no hayan sido parte de ningun proceso anterior o utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la última dictadura. El secretario Pietragalla no ha manifestado similar entusiasmo para aportar a la apertura de los archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que existen en poder del Ministerio de Defensa y que aportarían de manera definitiva a ampliar y completar las investigaciones de los delitos del Genocidio, tanto como a la restitución de la identidad de las más de 300 personas que habiendo sido apropiadas durante la dictadura aún desconocen su origen familiar.
Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, las desapariciones en las redes de trata, los femicidios o los trans-travesticidos.
Con este panorama los más de 870 represores de la última dictadura y el tercer gobierno peronista que estando procesados murieron impunes por la tardanza del Estado en 16 años de juicios, serán una cifra que se irá acrecentando hasta llegar a poner el verdadero punto final a este proceso dispar que analizamos. Esta no es una apreciación subjetiva o una mirada excesivamente pesimista sobre el proceso general de los juicios. Se apoya en datos concretos que realizamos hace años de seguimiento de los procesos en todo el país. Incluso el propio Estado lo reconoce: según datos del propio Ministerio Público Fiscal, existen en todo el país más de 364 causas aún en instrucción o bien elevadas a juicio en espera de inicio del debate. Si se tardó 16 años en juzgar con viento a favor 270 expedientes, imaginemos lo que sucederá con eso grupo más voluminoso aún de expedientes pendientes y en tiempo de descuento, es decir en un proceso que el Estado instauró para pretender enmendar el tiempo ganado por la impunidad entre la sanción de las leyes de impunidad en 1987 y su anulación efectiva por la Corte Suprema en 2005.
Ante esta realidad, la distinción entre los juicios «que tenemos» y los «que queremos», estrictamente las investigaciones y sanciones que el Estado está obligado a realizar, ni siquiera alcanza para describir el despropósito que significa este proceso de juzgamiento que termina siendo más simbólico que efectivo.
Seguiremos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA!
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!
BASTA DE DILACIONES DEL ESTADO!