(Por Resistiendo*) Este 24 de marzo se cumple otro aniversario del golpe empresarial-militar-eclesiástico que inauguró el terrorismo de estado y desapareció a 30 mil compañeras y compañeros entre 1976 y 1983. Luego de 46 años aún queda mucha impunidad que combatir, no sólo respecto a la mano de obra -los milicos asesinos- sino de quienes ordenaron y, sobre todo, se beneficiaron con el golpe: el gran empresariado argentino.

 La Iglesia Católica también goza de la impunidad. De los más de doscientos juicios que se llevaron adelante, luego de la derogación de las leyes de impunidad, la cantidad de empresarios y miembros de la iglesia procesados se cuentan con los dedos de una mano. Solo un empresario, Marcos Levin, y un capellán de la bonaerense, Von Wernich, fueron condenados hasta la fecha.

De la misma impunidad gozan los miembros de todas las fuerzas de in-seguridad que -desde 1983 a la fecha- siguen asesinando, torturando y desapareciendo sistemáticamente a nuestrxs hijxs, hermanxs, padres y madres. Un claro genocidio encubierto y a goteo. Los más de 8000 casos de muertes violentas en manos de las fuerzas mediante el gatillo fácil, la tortura seguida de muerte en cárceles, comisarías y lugares de detención, sumado a las más de 200 desapariciones forzadas en democracia demuestran que, aún hoy, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad donde -tanto ayer como hoy- los asesinos utilizan los mismos mecanismos, visten los mismos uniformes y matan con las armas que les provee el Estado.

El poder judicial es parte del mismo Estado y su aporte resulta esencial para lograr el objetivo. Para encender la maquinaria del encubrimiento se valen de mil maniobras, desde dar por buena la investigación y el relato de la propia fuerza acusada, a las líneas de investigación absurdas. Desde la perdida de prueba custodiada, a la no recolección de pruebas en tiempo y forma. Todo en función de dilatar o entorpecer la investigación. Por eso, en la gran mayoría de los casos, los asesinos ni siquiera se han tenido que sentar en el banquillo de los acusados. Y cuando se logra sentarlos, sobresalen las absoluciones rápidas y las condenas simbólicas, pero ninguno de los agravantes por pertenecer a las fuerzas. Son los mismos jueces que no tienen reparo a la hora de repartir años de encierro como caramelos a los pibes en las causas armadas, aun cuando la prueba arrimada por la policía se contradiga, no sea suficiente o directamente sea inexistente.

Y a diferencia de cualquier hijo de vecino, los asesinos de uniforme llegan sin prisión preventiva y hasta en ejercicio del cargo al juicio. En las pocas ocasiones en que se ha arrancado una condena, salen caminando a sus casas y siguen cobrando el sueldo por largos años ya que sus abogados, muchas veces personal de planta o contratado por el Ministerio de Seguridad, apelan a la segunda, tercera y cuarta instancia.

A ello se agrega, cuando no, la complicidad de los medios que invisibilizan, las operaciones políticas de la prensa -a veces con libro incluido- que imponen la versión de los asesinos como la verdad categórica y el desgaste de tener que desnudarla una y otra vez cuando a fuerza de pelea logramos que nos presten ese gran micrófono, que campañas publicitarias mediante, ha demostrado tener la fuerza de transformar mitos, como la puerta giratoria y la existencia de derechos humanos para los delincuentes, en realidades incuestionables.

La otra cara de la misma moneda, además del maltrato y ninguneo del aparato judicial, es el ataque sistemático a las familias que nos ponemos en pie de lucha por nuestros muertos, recibiendo así amenazas constantes, pinchaduras de teléfonos, causas armadas, golpizas por desconocidos, robos, incendio de autos e intento de incendio de nuestras viviendas, apriete, secuestros y no en pocos casos, asesinato de testigos, todos delitos que quedan impunes. A cada avance de nuestra lucha le corresponde un vuelto.

Pero seguimos luchando y organizándonos porque, como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y por eso repudiamos la persecución y procesamiento hacia los manifestantes y organizaciones que se movilizaron el 10 de marzo a Congreso (que incluye privación de la libertad para los militantes Oscar Santillán ( MTR) y Jaru Rodríguez (CUBA – MTR), denunciamos que la imputación de asociación ilícita es el intento de pegar un salto represivo, en busca de ilegalizar a las organizaciones, transformándolas en una organización para delinquir y a quienes nos organizamos para luchar y resistir las políticas de hambre y represión, en delincuentes.

¡Basta de gatillo fácil, tortura y muerte en lugares de encierro!

¡El estado es responsable!

¡Basta de causas armadas!

¡Ni olvido ni perdón a los genocidas, de ayer y de hoy!

¡Basta de desapariciones forzadas, ¿dónde está Tehuel?

¡Libertad a todxs lxs presxs politicxs!

Basta de persecución!

¡30 mil desaparecidos y desaparecidas, presentes!

*Resistiendo- Jornada Federal contra la represión estatal.