Comunicado de la APDH- La Matanza
En la mañana de ayer, lunes 6 de abril, nos encontramos con pintadas y pegatinas (ver fotos) empapelando las paredes en dos Fiscalías (incluida la Fiscalía General donde semanas atrás aparecieron pasacalles), y en la Rotonda de San Justo, con calumnias e injurias hacia la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y nuestro compañero y referente Pablo Pimentel.
Ante los hechos realizaremos la denuncia este mediodía en la Fiscalía General de la Dra. Patricia Ochoa, a quién se le exigirá, nuevamente, de cuenta de las investigaciones sobre las denuncias que venimos realizando desde mayo del año pasado, cuando este mismo sector comenzó esta campaña difamatoria realizando una contramarcha y volantes el mismo día que convocamos para denunciar públicamente la causa armada. Reiteramos de manera pública el pedido ya realizado en la UFI nº3 de Laferrere de desestimación inmediata a la causa por “extorsión” a nuestros compañeros.
Hacemos responsables por lo que pudiera suceder a cada miembro de la APDH La Matanza a los funcionarios políticos y judiciales.
No vamos a permitir el agravio a un organismo de más de 30 años de trayectoria ni a nuestros compañeros, que dedican su tiempo desinteresado en acompañar casos donde los derechos de una persona fueron vulnerados.
Así como fue el caso de Gabriel Blanco, cuya causa se encuentra en la Justicia, justamente allí se debe determinar quiénes fueron los responsables de su muerte. La APDH no detenta más poder que el poder popular y el poder de las ideas en pos de la verdad y la justicia.
Ante las injurias y calumnias exigiremos a sus autores den cuenta y fundamentación en la Justicia.
Así como interpelamos a quiénes nos interpelan, cuestionando la “parcialidad” de los derechos humanos. Una vez más, decimos, todos estamos atravesados por los derechos humanos desde el momento en que asomamos a este mundo. Incluso aquel que cometió delito, sea ladrón o policía, tendrá derecho a un proceso judicial que determine su inocencia o no. Y recordamos, a los sectores que injurian y calumnian de esta manera, que durante 3 años realizamos charlas y talleres de DDHH en comisarías y departamentales, atendiendo y escuchando también los reclamos internos de la fuerza. No permitiremos esta campaña difamatoria, y exigiremos que la justicia se expida inmediatamente.
Llamamos a las organizaciones del campo popular a unirnos en el pedido rotundo de:
¡Basta de criminalizar las luchas sociales!
¡Basta de mentiras sobre los organismos!
¡Basta de violencia institucional!
Compañeros APDH La Matanza
Link al comunicado con las fotos: https://www.facebook.com/notes/apdh-la-matanza/nuevas-injurias-y-agresiones-hacia-la-apdh-y-pablo-pimentel/884720514924211
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SÍNTESIS DEL CASO BLANCO
Gabriel Blanco fue presionado por efectivos policiales para robar en zonas liberadas, tal como sucedió con el joven Luciano Arruga en Lomas del Mirador. Ninguno aceptó. Un día le dijeron a Gabriel: “Te vamos a detener y no vas a contar más el cuento, vas a aparecer en una zanja”. Lo mismo le dijeron a Luciano.
Gabriel tenía 21 años, vivía en el barrio “La Borward”, de Isidro Casanova, tenía algunas caídas por robo pero la policía lo venía persiguiendo y hostigando para que robara para ellos. El 1º de marzo de 2007 lo detuvieron en la comisaría de San Carlos, su esposa lo escuchó gritar y se ofreció para calmarlo mostrándole a la hija de ambos. Le dijeron que se vaya tranquila porque ellos se iban a ocupar de tranquilizarlo. Gabriel fue detenido a las nueve de la noche y a las doce apareció colgado con un cable de luz en un calabozo oscuro.
Cuando los familiares fotografiaron el cadáver se dieron cuenta que tenía la mortaja pegada para que no se vea como estaba. La policía había hecho una autopsia pero luego se pidió otra en la cual se comprobaron golpes y la falta de dientes. Por otra parte, la policía científica hizo pruebas con los cables que, según los uniformados, Gabriel habría utilizado para suicidarse: se cortaron con la presión de un peso de cincuenta kilos, cuando Blanco tenía un metro ochenta de altura y más de 80 kilogramos. Era imposible que se ahorcara.
Se pidió una reconstrucción del hecho y quedó claro que una persona alterada no podía pasar un cable por donde, supuestamente, se habría atado para colgarse. El gendarme que hizo la prueba tardó media hora y estaba emocionalmente equilibrado y con luz.
Ante los hechos, se pidió la indagatoria para los tres funcionarios de la comisaría La Matanza Oeste 2ª, acusados por detención ilegal y tortura seguida de muerte.
La apelación de la prisión preventiva del subcomisario Rubén Darío Suárez; el suboficial Ariel Emiliano Gómez y del oficial Pablo Balbuena – por torturas seguidas de muerte- fue desestimada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de La Matanza. En la causa también están procesados – por encubrimiento- el comisario inspector Claudio Horacio Javier Ilundayn y el capitán Daniel Omar Dos Santos