El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de San Martín, donde serán juzgados seis agentes del SPB. Los acusados son Héctor Aníbal Mario, Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Miguel Gallego, Claudio Javier Keem y Juan Liberto. Otro acusado es César Raúl Benítez, quien se encuentra prófugo y con pedido de captura, mientras que Víctor Silva, que también estaba imputado, se suicidó en 2012.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es uno de los organismos que sigue la causa y que representa a la familia Barros Cisneros. En 2012 elaboró un informe que daba cuenta de los hechos. Allí estableció que, el 28 de enero de 2012, un grupo de agentes penitenciarios bonaerenses de la U46 de San Martín asesinó a Patricio Jonathan Barros Cisneros de 26 años de edad.

El informe del CELS revela también que lo mataron a golpes entre ocho y diez funcionarios, frente a detenidos, penitenciarios y a su pareja, que había ido a visitarlo. Todo sucedió en medio del pasillo que separa distintos espacios de la unidad, cerca del área de “control”.

La sesión de torturas, que culminó en su muerte, comenzó cuando Patricio solicitó a los penitenciarios contar con un lugar alternativo al patio para el encuentro con su pareja. Ellos se negaron y se desató una discusión. Poco tiempo después, Patricio estaba inmovilizado en el suelo donde sufrió la imposición de piñas, patadas y golpes en todo cuerpo por parte de los penitenciarios.

Sin embargo, los miembros del SPB elaboraron otra versión de lo sucedido para deslindarse de responsabilidad. Según esa versión, Patricio había amenazado al personal y se había golpeado la cabeza contra las rejas hasta matarse. Incluso el médico de la unidad deslindó de responsabilidad a los penitenciarios y se limitó a señalar que la muerte de Patricio obedeció a un “paro cardio respiratorio”.

Pero la autopsia evidenció que la víctima tenía más de 30 golpes en el cráneo y rostro, con hundimiento del globo ocular izquierdo y decenas de lesiones en brazos y piernas, “compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque”. Además, según el relato de los detenidos en ese penal se pudo confirmar que había sido asesinado por los agentes del SPB.

Gisela Barros Cisneros, hermana de Patricio, manifestó en relación al juicio que comienza este martes: “Esperamos que se haga justicia por lo que le hicieron a Patricio”.

A su vez contó que “él estaba cumpliendo una condena por seis años a raíz de haberlo encontrado con un arma de guerra pero sin cometer delito sumado a otras causas que se juntaron”. También dijo que su hermano le había contado que “continuamente tenían conflictos con la policía” y agregó que casos como este “siempre pasan pero se encubren”.

“Los pibes están ahí adentro y no tiene voz de nada, los policías hacen y deshacen como quieren. Ahí adentro nadie los escucha, porque están detenidos”, denunció Gisela.

Patricio, era el quinto de nueve hermanos. Su novia, Alejandra, tenía tan solo 19 años cuando mataron al joven y estaba embarazada. Gisela contó que su cuñada “quiere justicia y que fue un trauma verlo a Patricio y no poder haber hecho nada”. Pero afirmó que “sigue fuerte y contenida por su familia y que además recibieron la ayuda que les proveyó el CELS para la contención psicológica”.

Este hecho no puede aislarse de las prácticas que se repiten en otras penitenciarías por parte de sus efectivos y que evidencian la violación a los derechos humanos de quienes cumplen condenas. Son pocas la veces que situaciones como estas llegan a instancias judiciales.

En este sentido, el CELS publicó datos que manifiestan que según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, el 67% de las causas iniciadas por torturas o apremios ilegales entre 2000 y 2011 fueron archivadas y apenas el 1% llegó a un juicio. Desde el organismo que representa a la familia Barros Cisneros expresaron que “estos datos muestran las resistencias del Poder Judicial para investigar y sancionar los casos de torturas ocurridos en las cárceles. El juicio no sólo servirá para visibilizar las torturas y muertes en los lugares de encierro sino también para problematizar la respuesta estatal en estos casos”.

(Noemí Romero – @Noi_Romero /Notas Periodismo Popular)