Mauro Ezequiel Coronel era un joven santiagueño de 22 años, padre de 4 ninxs, que fue detenido el viernes 1° de mayo de 2020 en la Comisaría 10ma de la capital santiagueña y producto de las torturas allí recibidas falleció en el Hospital Regional local cuatro días después. Su madre, Laura Coronel, fue a la comisaría tras enterarse de la detención y escuchó los gritos de su hijo que venían desde el fondo. En un descuido del personal policial, la mamá de Mauro logró ingresar hacia la oficina donde estaba su hijo y observó que se encontraba arrodillado, con una bolsa de nylon en la cabeza y rodeado de unos cinco policías, mientras gritaba «¡mamá sacáme de acá me están matando!… ¡Ma, ayudáme!”. Los policías retiraron a Laura del lugar pero siguió escuchando los gritos por un rato hasta que se hizo silencio. Después de eso a Laura le negaron que Mauro estuviera en esa dependencia y tuvo que hacer un recorrido en vano por otras. Finalmente encontró a Mauro en una cama del hospital custodiado por dos policías. Estaba desfigurado por los golpes y vomitaba sangre. (Por Espacio de Lucha Nilda Eloy y Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata)

En el hecho se conoció un video probablemente filmado por los policías, donde se ve a Mauro en ropa interior atado a un palo en el patio de la comisaría, con signos de golpes y donde le echan agua y se burlan de él. El informe forense realizado sobre el cuerpo del joven reveló que falleció por paro cardiorespiratorio debido a una falla multiorgánica y que presentaba múltiples traumatismos en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas que le produjeron hematomas y una infección generalizada.

La causa por el asesinato de Mauro no ha avanzado, como muchos otros crímenes de Estado en Santiago del Estero. Hace poco Laura se enteró por los medios que la justicia quiere determinar que Mauro murió de neumonía, como si no hubiesen existido el amarramiento vejatorio a un palo como en la edad media, los golpes, el agua fría en invierno y sabrán los policías de la 10 ma cuantas cosas más. Además el ministro de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, intentó instalar que la detención de Mauro fue por un hecho de violencia de género y no en el marco de la cuarentena por el Covid-19, como si eso justificara el evidente accionar represivo de su policía, y que “no fue una muerte por violencia, sino por un cuadro infeccioso».

Desde el primer momento la familia de Mauro salió a pedir justicia por este claro caso de torturas en sede policial seguida de muerte. La Red de Familias y Organizaciones contra la Violencia Institucional de Santiago del Estero acompañó el caso y denunció que años atrás en la misma comisaría habían asesinado a golpes al joven Darío Pérez.

QUIEN QUIERA OIR QUE OIGA

Las muertes por torturas en sede policial o penitenciaria no son, en el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, cosa del pasado. De hecho las muertes ocurridas en lugares de encierro son la primera causa de asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado en todo el país. Cuando asomamos a la problemática de la tortura podemos tender a pensar sólo en los hechos más graves, como maltratos físicos en técnicas como la picana o el «submarino seco», sin embrgo la tortura es definida ampliamente como la provocación del padecimiento físico o psicológico de la persona para mortificarla o para que confiese algo. Sucede que en el país de los 30 mil desaparecidos las desapariciones forzadas se investigan como «búsqueda de paradero», el gatillo fácil como «legítima defensa» y las torturas como «apremios» o como «severidades y vejaciones». Si es que se investigan.

Los informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación señalan que en el período 2011-2020 se registraron más de 13.581 denuncias por torturas y malos tratos en dependencias penitenciarias y policiales en todo el país, hechos que engrosan el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos. Además de las agresiones físicas a los detenidos, el hecho más frecuente, se destacan también como tortura o maltrato las malas condiciones materiales de detención, las requisas vejatorias, el aislamiento, las amenazas, las deficientes alimentación o acceso a la salud, el robo daño de pertenencias de los detenidos, el traslado gravoso y el impedimento de vinculación familiar o social.

La gestión del gobernador radical K Gerardo Zamora, iniciada en diciembre de 2017, tiene largo historial en materia de muertes en comisarías: desde el caso de José Cáceres, que apareció colgado en la Comisaría 3ra de la capital provincial en febrero de 2018, el de Pedro Omar Ferreyra, muerto por golpes en la misma sede en julio de 2018; el de Darío Ricardo Pérez, a quien golpearon en la Comisaría 10ma en septiembre de 2018 y cuyo cuerpo sacaron a la vereda para simular que no estaba detenido; el de Juan Boris Castro, que murió de un paro cardíaco producto d elos golpes que recibió en la misma comisaría 10ma en octubre de 2018; el de Rubén Quiñoñes, detenido por abuso sexual en marzo de 2019 en la Alcaldía de la Departamental 9 y donde fue asesinado a golpes antes de ir a declarar.

La Red de Familias y Organizaciones santiagueñas ha denunciado que durante la cuarentena por el Covid-19 en Santiago del Estero los barrios populares fueron zonas liberadas para las fuerzas policiales. Se detalló que en los barrios la Católica, Bosco, Huaico Hondo, Tarapaya, 8 de abril, Belén, Pacará y Ejército Argentino, varias personas reportaron haber visto a jóvenes que habían sido detenidos, supuestamente por violar la cuarentena, “tan golpeados que apenas podían caminar o moverse”. Las modalidades represivas incluyeron ingresos de la policía a domicilios por la fuerza, maltratos a vecinos y vecinas por estar en la puerta de sus domicilios, vecinos que salen escondiéndose en la oscuridad a comprar lo que necesitan por miedo a que los detengan o maltraten. Detenidos que deben estar de pie por 4, 8 o 12 horas sin que se les permita ir al baño o alimentarse. Además se denunciaron los casos de vecinos que fueron detenidos varias veces porque no podían evitar salir a buscar sobras de comida para llevar a sus familias.  Detenidos en la Escuela de Suboficiales de la Policía que son obligados a hacer “movimientos vivos” como colimbas. Personas que eran trasladadas en moto a ser atendidas en centros de salud y fueron detenidas, con secuestro de vehículo incluido.

RECLAMO ANTE LA ONU

La última semana de abril varios de los gravísimos casos de represión estatal y su posterior encubrimiento ocurridos en la provincia gobernada por Gerardo Zamora fueron denunciados ante una delegación de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas convocada por el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) en una reunión realizada en un hotel de Caba. Allí, ante funcionarios España, Chile, Italia, Costa Rica y Dinamarca se detallaron los graves crímenes impunes en Santiago del Estero, como ser torturas en sedes policiales, la violación de la garantía constitucional de la protección judicial y el encubrimiento institucional en la provincia, por lo que el organismo multilateral requerirá respuestas al Estado argentino. La iniciativa está impulsada, entre otros, por el Comité de Lucha contra la Impunidad e Injusticia de Santiago del Estero. En la reunión habló Patricia Isorni, madre de Franco Isorni, un joven que fue asesinado en agosto de 2020 mientras circulaba en moto bajo la restricción de la cuarentena por Covid, quien dijo que en un voluminoso informe expusieron «esa maquinaria perversa no podría funcionar sin el acompañamiento del poder político, de jueces y fiscales de justicia que utilizan parte de las fuerzas policiales para ejecutar el plan de disciplinamiento ante un gobierno que apela a todos los medios para lograr impunidad”. En el informe, a través del cual se pidió la intervención federal del poder judicial santiagueño, están detallados los casos de torturas y asesinato de Mauro Coronel; de Leonardo Gallo, desaparecido hace 10 años; de Marcelo Costas, torturado y asesinado tras denunciar pistas clandestinas en Suncho Corral; y de Franco Isorni, donde la familia señala la actuación de policías provinciales y donde el Estado permitió el robo del corazón de la víctima de la morgue en una maniobra para sostener la versión oficial de la muerte accidental y cerrar el expediente.

AL CUMPLIRSE 2 AÑOS DEL ASESINATO POR TORTURAS A MAURO CORONEL, LA FAMILIA JUNTO A OTROS FAMILIARES DEL NOROESTE ESTARÁN REALIZANDO UNA MARCHA ESTE 5 DE MAYO DESDE LA PLAZA LIBERTAD DE SANTIAGO DEL ESTERO.

JUSTICIA POR MAURO CORONEL!!!

BASTA DE TORTURAS Y MUERTES EN COMISARÍAS Y CÁRCELES!!!

NO ES VIOLENCIA INSTITUCIONAL, ES REPRESIÓN ESTATAL!!!